En su reciente cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast anunció que se propondrá la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades, mediante el cual se busca “establecer un registro nacional de personas condenadas o sancionadas por actos de vandalismo e incivilidades que afecten los espacios públicos y la convivencia ciudadana”. Agregó que dicho registro “permitirá que quienes hayan cometido este tipo de delitos respondan por sus hechos a través de la pérdida de beneficios sociales”, como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo. El Mandatario señaló que “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

No hay duda que la intención del gobierno en cuanto a desincentivar delitos graves o actos que dañan el espacio público y privado, así como conductas que afectan la vida cotidiana de la sociedad, está bien inspirada y responde a la evidencia de que acciones de esta naturaleza se han venido incrementando en los últimos años, como es el caso de los rayados de fachadas, el consumo de alcohol en la vía pública y otras más. Pero es evidente que no cualquier forma de combatirlas resulta lícita o pertinente, ya sea porque puede entrar a reñir con una serie de garantías constitucionales o porque en los hechos podrían ser carentes de efectividad.

No debe sorprender que el registro anunciado por el mandatario y la consecuente pérdida de una serie de beneficios ha encontrado un amplísimo respaldo en la ciudadanía -es evidente que la población ve aquí una forma se satisfacer el anhelo de mayores castigos-, pero tal como ha sido esbozado hasta aquí aparece más como una fórmula efectista, porque en los hechos es previsible que será muy difícil de poder aterrizar en medidas que resulten aplicables, pudiendo darse la paradoja de que ante sanciones tan severas los jueces se vean inhibidos de aplicar sanciones que puedan dar pie a su vez a la pérdida de una serie de beneficios, lo que por supuesto resultaría en un total contrasentido.

De acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, entre los delitos que se considerarán para efectos de este registro se encuentran los atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes y daño a monumentos nacionales. Asimismo, propone calificar como incivilidades conductas como venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública y rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, entre otras. En los primeros casos, la iniciativa del Ejecutivo contemplaría la pérdida de beneficios sociales, como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal o el Subsidio de Arriendo. Para el caso de las incivilidades, se está evaluando que los infractores queden impedidos de ciertos trámites como obtener o renovar licencia de conducir, obtener o renovar pasaportes e inscribir y transferir vehículos y propiedades. En todos los casos estas sanciones se extenderán por el tiempo que definirá la ley, aclarándose que el ingreso quedará sujeto a que previamente existan sentencias dictadas por parte de tribunales.

Desde luego, cada una de las conductas que se han descrito conlleva actualmente una sanción ya sea en el Código Penal o a través de ordenanzas municipales, si bien en la práctica se han presentado distintos proyectos de ley para sancionar de manera más específica algunas conductas, como los grafitis o los rayados de fachadas, pero en general de algún modo ya están descritas. Es claro que los delitos que incluirá el registro son de suyo gravísimos, y en algunos casos suponen penas elevadas, pero se abre la duda de si la pérdida de beneficios sociales que están contemplados por ley resultan proporcionales, tomando en cuenta además que la Constitución impide imponer como sanción la pérdida de derechos previsionales o la gratuidad. A ello cabe añadir que aun si fuera posible imponer estas sanciones adicionales, podría devenir en que los afectados vean aún más restringidas sus posibilidades de rehabilitación o que agraven su condición social, lo que necesariamente deberá ser ponderado una vez que se inicie el debate legislativo, considerando que además se abre el dilema de la doble sanción.

En lo que toca a las incivilidades, si bien en distintos instrumentos estas se han descrito, desde luego no solo requeriría que estas sean mejor precisadas si es que llevarán sanciones adicionales, sino además un trabajo exhaustivo para acotarlas mejor, pues en los hechos son muchas las conductas que podrían ser incluidas en este listado, lo que podría prestarse para la arbitrariedad. También cabe preguntarse si resulta lícito que se impida el acceso a la obtención de documentos de identidad, como es el caso del pasaporte.

Se parte del diagnóstico de que pese a las normas ya existentes, aun así las incivilidades siguen en aumento, en tanto que las normas penales no resultarían suficiente disuasivo. Es justamente aquí donde parece radicar el problema de fondo de este debate, porque si hay cada vez más infractores, sobre todo de incivilidades, cabe preguntarse si el solo hecho de que aparezcan en un listado será suficiente para inhibir conductas de este tipo. Parece claro que tal proliferación de conductas ilícitas y las constantes reincidencias responden más bien a que las actuales leyes y normativas no se están aplicando con el rigor que se esperaría, o bien que las multas u otras sanciones ya contempladas no son lo suficientemente estrictas, o que se deja en libertad con mucha facilidad a personas que incurren una y otra vez en estas conductas. Es aquí donde precisamente debería radicar el debate de fondo, pues el empeño de la autoridad debería estar puesto en que las leyes y las sanciones ya existentes se cumplan, y eventualmente endurecer algunas sanciones si es que estas ya no disuaden, porque esa es la manera más efectiva de prevenir y sancionar los delitos.

Con la creación del registro parece buscarse un camino para saltarse este debate de fondo, y asumir en los hechos que el sistema penal y las ordenanzas ya no cumplen un rol relevante -en otras palabras, que la justicia ha perdido eficacia-, y que por ello hay que pensar en mecanismos por “fuera” del sistema para asegurar un castigo efectivo, lo que entonces habla de que nuestro estado de derecho no está funcionando de manera óptima, y es allí entonces donde deberían enfocarse las soluciones. El gobierno hace bien en querer reforzar la importancia de disuadir delitos e incivilidades que amargan la vida de la sociedad, pero con medidas efectistas o poco prácticas no lo conseguirá, creando expectativas que defraudarán a la sociedad.