Con lo visto hasta ahora ya se anticipa que el temporal que en estos momentos afecta al país quedará como uno de los eventos climatológicos de mayor envergadura en los últimos 100 años en Chile, tanto por la cantidad de agua caída, como por la inusual extensión del fenómeno, abarcando desde Los Ríos hasta parte de Atacama, aunque han sido la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco las que por lejos ha experimentado los mayores daños, motivando que el Presidente de la República tuviera que dictar estado de catástrofe.

Hasta antes de que el temporal desatara su fuerza sobre el norte chico, lo observado en días previos en la zona centro-sur mostró que los efectos del temporal fueron razonablemente manejados por las autoridades, lo que se reflejó en una cantidad acotada de víctimas fatales y damnificados, como asimismo en el número de hogares afectados y los daños en infraestructura pública, sin perjuicio de que cientos de miles de personas vieron afectado el suministro eléctrico.

Posiblemente un factor que esta vez jugó a favor fue una planificación oportuna, como la anticipada dictación de un decreto de emergencia preventiva para varias regiones, así como el hecho de haber identificado una serie de puntos críticos, llevar a cabo evacuaciones anticipadas y la suspensión de clases. Con todo, en los días que siguen será necesario evaluar si en el caso del norte chico las medidas preventivas fueron completamente sobrepasadas, o si es que no se calibró apropiadamente la magnitud del evento climático. Preocupa que numerosas personas hayan estado aún habitando en quebradas o en zonas susceptibles de inundación, amplificando significativamente los riesgos.

El tren de frentes de mal tiempo que está afectando al país probablemente se inserta dentro de los fenómenos climáticos extremos que en los últimos años están afectando al planeta y desde luego a nuestro país -baste recordar que fenómenos tan inusuales como los tornados ahora comienzan a hacerse más frecuentes en algunas regiones-, y en tal sentido este enorme temporal ha de servir como una especie de banco de prueba para dimensionar el tipo de eventos que experimentaremos en los años venideros -extremos y eventualmente afectando en forma simultánea a vastas porciones del país, como ha sido el caso- y medir las capacidades con que contamos para poder sobrellevarlos. De allí que en las próximas evaluaciones será clave determinar con precisión qué medidas funcionaron, qué fallas hubo y qué medidas se pudieron haber tomado o dejaron de considerarse.

Como suele ocurrir en este tipo de catástrofes, el daño a la infraestructura sigue siendo uno de los aspectos más críticos -un anterior informe de Clapes UC recordaba que desde 1990 hasta 2021, alrededor de 1.200 tramos experimentaron cortes debido a eventos hidrometeorológicos, totalizando más de 36 mil kilómetros de caminos afectados. El desborde de ríos en la Región de Coquimbo y una serie de rodados han dañado puentes y carreteras, interrumpiendo gravemente la conectividad y con ello buena parte de la cadena productiva. Será indispensable preguntarse si las obras públicas a futuro deberán considerar costos adicionales que no solo las hagan funcionales, sino más resilientes, como apuntaba Clapes.