Había expectación por el plan que daría a conocer el nuevo ministro de Seguridad, no solo considerando que ello tendría lugar un día después de la cuenta pública del Presidente de la República -durante la cual el ámbito de la seguridad fue el ámbito en el que más se explayó el Mandatario, y justamente reservó al ministro el detalle de dicha agenda-, sino porque era la oportunidad para dejar atrás los problemas que venía arrastrando esta cartera, que motivaron la temprana salida del gabinete de la anterior ministra, donde quedó claro que inexplicablemente el gobierno no tenía un plan bien estructurado en materia de seguridad. Un primer paso para comenzar a revertir este vacío fue la designación de un nuevo secretario de Estado, a lo que se sumó el cambio de los dos subsecretarios -anunciado el martes en la mañana, en la antesala de la comparecencia ante la Cámara Alta-, restando el paso de dar a conocer una agenda que estuviera a la altura del desafío.

La exposición del ministro frente al Senado, donde dio a conocer el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, en general dejó una primera impresión razonable, pues se pudo ver el despliegue de una agenda consistente en una hoja de ruta que contempla 65 medidas -39 acciones y 26 proyectos de ley-, con tres grandes ejes: prevención, recuperación de control territorial y fortalecimiento institucional. De estos, surgen a su vez siete focos: control de las calles y barrios, término del ciclo delictivo, gestión en la protección de fronteras, combate contra el crimen organizado, control de cárceles y cadena penal, la consolidación de la institucionalidad y, por último, la restitución de la legitimidad policial.

Es importante que exista este marco general, porque ello permite ordenar la gestión en materia de seguridad y a la vez facilita medir el cumplimiento de las metas que se ha puesto el propio gobierno. En ese orden de cosas, parece bien orientado el anuncio de que ya se han definido 50 barrios críticos que serán objeto de intervención, como asimismo el reforzamiento de medidas para evitar el reclutamiento de menores en bandas criminales. En cuanto al crimen organizado, la autoridad señaló que se crearán siete fuerzas de tarea para enfrentar secuestros, sicariato, narcotráfico, ciberdelitos, lavado de activos, violencia rural organizada y contrabando. Importante es que también se haya anunciado la voluntad de contar hacia fin de año con dos cárceles de alta seguridad adicionales, lo que necesariamente debe ser complementado con otros planes que permitan ir reduciendo el hacinamiento en los recintos penales comunes y afrontar los focos de corrupción que han ido surgiendo allí. La modernización de las carreras de policías y Gendarmería, donde entre otros aspectos se consideran una serie de incentivos económicos, también es una medida correcta.

Estas primeras definiciones que se han visto en el Ministerio de Seguridad le dan al gobierno la oportunidad de empezar a subsanar los problemas derivados de una agenda poco clara, teniendo presente que el plan que ha dado a conocer por ahora se trata de grandes lineamientos, cuya real efectividad todavía está por demostrarse.