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La defensa del exmandamás de la institución castrense recurrió a la instancia luego de que la ministra Romy Rutherford -quien lo procesó por delitos reiterados de malversación de caudales públicos- le denegara el beneficio.

General en retiro, investigado por su presunta participación en el delito de malversación de caudales públicos, podrá apelar en la Corte Marcial en una audiencia que se realizará hoy a las 13.30.

La ministra en visita que indaga el fraude en el Ejército contestó al recurso de amparo presentado por el general (R) Juan Emilio Cheyre. En el escrito enviado a la Corte Marcial advierte que la defensa del exoficial presenta un documento que justificaría la entrega de recursos a los jefes militares, a través de un decreto de 1998, sin embargo, la magistrada replica: "Tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados".

El tribunal de alzada desestimó las alegaciones del excomandante en jefe del Ejército, quien pedía revocar la sentencia del ministro Mario Carroza. La resolución sella una de las peores semanas del general del "nunca más".

El abogado Jorge Bofill ingresó un recurso de amparo ante la Corte Marcial donde sostiene que el auto de procesamiento del otrora mandamás del Ejército se fundó en graves errores que vulneran las garantías de su cliente. Por lo mismo, piden que la imputación realizada por la ministra en visita se declare ilegal y, por consiguiente, que se proceda a su inmediata liberación.

A través de una declaración pública, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras, afirmaron que no existe "ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe del general (R) del “nunca más”.

Fue su propia declaración en calidad de inculpado, junto a otros testimonios, la que llevó a Juan Emilio Cheyre a ser procesado y quedar detenido en el denominado caso "fraude en el Ejército". En el interrogatorio ante la magistrada admitió que fue él quien implementó un sistema de entrega de dineros en efectivo a los excomandantes en jefe, mensualidades que fueron desde los $ 400 mil a $ 1 millón, y que el origen de dichos montos provenía de gastos reservados. También jugaron en contra las declaraciones de otros compañeros de armas que lo sindicaron como un malversador de caudales públicos. Aquí detalles inéditos de su encausamiento.

Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

El excomadante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) es indagado por la ministra en visita como presunto autor del delito de malversación de fondos públicos, poniéndolo en el foco de las pesquisas de la jueza, quien podría procesarlo durante esta jornada. Quienes fueran sus colaboradores más cercanos durante su gestión como jefe militar ya fueron interrogados, dando cuenta de cómo se usaban los dineros cuestionados y que tenían su origen en "gastos reservados".

El informe que será presentado a la Corte de Apelaciones no es vinculante, pero establece una mirada jurídica respecto al excomandante en Jefe del Ejército que -de ser acogida- podría elevar la condena de 3 años y un día en libertad vigilada que dictó en primera instancia el juez Mario Carroza.

A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".

Se comenta que desde la defensa del militar retirado hay molestia porque el procesamiento contendría una serie de omisiones y contradicciones que el juez Hormazábal no habría tenido en cuenta al momento de dictar el procesamiento.

De los cinco generales que han sucedido a Pinochet desde 1998, solo uno ha estado cerca de gozar de un retiro tranquilo. De los otros cuatro, uno murió a los seis años de colgar el uniforme, otro ha sido condenado por un caso de derechos humanos -y esta semana procesado en otro-, y los otros dos, a punto de ser procesados en causas donde se investiga fraude y otros delitos financieros.

El ministro en visita acusa al excomandante en jefe del Ejército de torturas contra 24 personas, en 1973, en La Serena. El procesamiento da cuenta de víctimas que lo reconocen y una supuesta contradicción. Defensa del exoficial rechazó los hechos.

El ex comandante en Jefe del Ejército, que ya fue condenado como encubridor del homicidio calificado de 15 personas, fue notificado de un nuevo proceso en su contra, en este caso, como autor de apremios ilegítimos que se habrían producido en La Serena en 1973.