Lucía Pinto: las intrigas del “Papayagate”

Exintendenta de Coquimbo Lucía Pinto

Foto: Gentileza Diario El Día

La caída de la intendenta de Coquimbo, investigada por presunto fraude al Fisco, ha develado una serie de problemas en la administración regional y las infaltables rencillas políticas locales.




Mientras la Contraloría Regional de Coquimbo y la intendenta Lucía Pinto intercambiaban periódicamente observaciones y respuestas por un millonario proyecto deportivo, el abogado Claudio Olavarría era objeto de un sumario. El asesor jurídico de la intendencia estaba bajo la lupa por ineficiencia laboral, luego de algunos períodos de licencia por la muerte de su hija de 19 años. En uno de sus retornos al trabajo se vio enfrentado al estallido social y tuvo que presentar una cincuentena de querellas por la violencia en la región. Olavarría asegura que no tenía abogados asistentes y que se vio superado. El proceso administrativo le fue instruido el 17 de marzo de 2020; al cabo de unos meses, se dictaminó su destitución.

Olavarría impugnó el sumario en la Contraloría, por lo que su abogado, Gabriel Celis, llama “una serie de vicios” en el procedimiento. Para el acusado, todo el proceso era en realidad una vendetta de la intendenta Pinto. Olavarría dice haber detectado una serie de problemas en los tratos directos para el arriendo de los camiones aljibe que transportan agua a los rincones más golpeados por la sequía en la región. Decía que se pagaban sobreprecios y recomendaba licitaciones abiertas. Su opinión le habría costado caro.

“He sufrido persecución laboral por la exintendenta Lucía Pinto, pues cuando le expresé que se estaban haciendo mal las cosas, ella ordenó sumariarme. Me ha dañado mucho en mi honra”, asegura el abogado.

La semana pasada, Olavarría leyó en la página de Radio Bío Bío un artículo que revelaba irregularidades en la compraventa del terreno donde se levantaría aquel controversial complejo deportivo que se tramitaba en paralelo a su proceso administrativo. El paño se había adquirido sin la toma de razón de Contraloría y al episodio se le había bautizado “Papayagate”. No se sorprendió. A su juicio, las malas decisiones de la intendencia también se replicaban en su institución hermana, el Gore.

“Era la punta del iceberg”, dice.

Un par de días después, el 26 de septiembre, fue Pinto quien tuvo que dejar su cargo en medio de un sumario.

La heredera

La carrera política de Lucía Pinto (45) tuvo un comienzo tardío, a pesar de la resonancia pública de su apellido en la Región de Coquimbo. Su padre, Floridor Pinto, estuvo entre los fundadores locales de RN en los 80 y luego, a principios de los 90, ayudó a establecer la rama de la UDI, que lideró como presidente regional. Fue concejal de La Serena y aunque su candidatura parlamentaria de comienzos de los 2000 no tuvo éxito, se mantuvo como uno de los referentes del gremialismo en la zona.

Su hija recién se involucró en la arena pública cuando promediaba la treintena, en 2010. Había estudiado Periodismo y cursado un magíster en la Universidad de los Andes, en Santiago, por lo que a su regreso ya les había perdido la pista a muchos de sus amigos y conocidos de su infancia en Vicuña y La Serena. Sin redes propias, Lucía Pinto recurrió a las de su padre. A través suyo conoció a Sergio Gahona, un militante UDI que venía del mundo de la educación y había ganado protagonismo en la zona al ser nombrado intendente en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Este le ofreció ser su jefa de gabinete. A partir de entonces, sería su padrino político.

Sergio Gahona
El diputado UDI del quinto distrito de Coquimbo, Sergio Gahona.

“La exintendenta Lucía Pinto es una persona extraordinariamente calificada”, dice Gahona, hoy diputado por Coquimbo. “Tuve que trabajar con ella en distintas materias relacionadas con la coordinación regional y puedo decir que es una persona competente”.

Gahona renunció a fines de 2012 para buscar un cupo en la Cámara, pero Pinto continuó en la intendencia con sus sucesores -Mario Burié y Juan Manuel Fuenzalida- hasta el fin del mandato de Piñera, en 2014. Posteriormente trabajó en la oficina parlamentaria de Gahona, quien la convenció de presentarse a concejala de La Serena, el mismo cargo que había ostentado su padre. En las municipales de 2016 fue electa como la cuarta mayoría con el 4,09% de los votos. Solo entonces logró vencer la timidez con la que se había aproximado a la política. Una vez electa, le confesó al diario El Día que al comienzo de la campaña evitaba pasar al lado de su propia propaganda electoral para que nadie la reconociera.

El perfil de Pinto continuó elevándose al alero de Gahona, quien para entonces ya se había convertido en el actor político más influyente de la UDI en Coquimbo, según cuentan diferentes cuadros locales de Chile Vamos. Pinto ganó aún más protagonismo en 2017, como una de las más activas estrategas territoriales de la segunda campaña presidencial de Sebastián Piñera.

“Cuando iba el Presidente, le armaban todo un cuento para que saliera muy destacada. Piñera suponía que ella era como la Margaret Thatcher de Coquimbo. Fue ungida por los medios, más que por sus méritos”, comenta un alto personero oficialista.

Foto: AgenciaUno
Foto: AgenciaUno

Esa labor capturó la atención del Presidente, quien la nombró intendenta ante el asombro de la derecha local, no solo en RN o Evópoli, sino también en la UDI. A pocos meses de asumir el puesto, Pinto ya era fija para competir en la primera elección de gobernadores regionales, que debía realizarse este año. Un viejo amigo de Floridor Pinto, que dice conocer a la intendenta “desde que andaba con jumper”, se opuso.

“Renuncié a la UDI porque no me dejaron competir en una primaria con Lucía”, dice Darío Molina, que fue diputado entre 1998 y 2006 y gobernador del Limarí durante la gestión de Pinto. “(Sergio) Gahona y el presidente regional Óscar Tapia tuvieron mucho que ver con eso. Evitaron a toda costa cualquier competencia. Me ofrecieron definir con una encuesta, pero no era justo; ella tenía toda la exposición”.

Otras autoridades de la zona también tuvieron conflictos con la intendenta Pinto, que desarrolló un carácter fuerte una vez en la cima. Lo sintieron especialmente las mujeres de otras tiendas oficialistas, que dicen haber sido apartadas de eventos públicos de sus territorios o áreas de competencia para no opacarla. “Había un bloqueo interno. Era una mujer bastante autoritaria, no dejaba trabajar de manera tranquila al gabinete, había miedo en algunos seremis, porque sabían que detrás de ella estaba Gahona y ahí sus trabajos tambaleaban. No sabía trabajar en equipo”, dice una de las afectadas.

Entre 2018 y 2019, Pinto se tuvo que tratar un cáncer ovárico, pero decidió mantenerse en el cargo. Solo el estallido terminó con sus pretensiones de postular a la gobernación regional, pues no pudo renunciar en el plazo legal. Su última aspiración antes de alejarse de la intendencia era convertirse en diputada. Paradójicamente, uno de los mejores argumentos a favor de su gestión para los votantes de la Región de Coquimbo, la construcción del nuevo hospital de La Serena, precipitaría indirectamente su caída.

La transacción

La intención de Lucía Pinto nunca fue construir un campo deportivo. La búsqueda de un terreno para emplazar un nuevo centro asistencial de 240 mil millones para La Serena que había sido prometido por el Presidente Piñera solo dio con un sitio que cumplía con los requisitos: un complejo deportivo administrado por la Cámara de la Construcción (Cordep), pero cuya propiedad era de la municipalidad. En diciembre de 2018, la intendenta y el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, alcanzaron un acuerdo: el municipio se comprometía a ceder el terreno de seis hectáreas, avaluado en ocho mil millones de pesos, a cambio de que se le compensara con uno similar que cumpliera con el mismo rol social de incentivar la práctica del deporte.

Como muchos terrenos de la zona suroriente de la ciudad ya habían sido sondeados para el hospital, las opciones aparecieron rápidamente. El 22 de enero de 2019 llegó una carta oferta por un paño de 61.875 metros cuadrados, a un precio de $ 9.881.222.788. Se trataba de seis lotes de propiedad de seis sociedades inmobiliarias distintas, pero con los mismos socios, que incluían a los hermanos Manuel y Karim Daire, Lorenzo Iduya y Nicolás Bakulic. Sin embargo, según dos tasaciones encargadas por el Gore en ese mismo mes, el costo del paño completo era muy inferior y apenas bordeaba los cuatro mil millones.

El predio fue apuntado rápidamente como el más apto en el informe del municipio. Tras recibir el visto bueno de la Seremi de Desarrollo Social, el Gore llevó el anteproyecto al Consejo Regional (Core), presidido por la exalcaldesa de La Serena Adriana Peñafiel (RN). Se votó el 11 de junio de 2019, imponiéndose la moción de darle prioridad por 9-7. Según se lee en el acta de la sesión, entre quienes rechazaron, la consejera Ángela Rojas (PPD) señaló que le parecía “impresentable que gastemos 1/6 del presupuesto regional anual (del Fondo Nacional para Desarrollo Regional)”, mientras que su colega DC Lidia Zapata dijo que “lamentablemente tenemos una ficha de una sola lámina que no dice nada, por lo tanto, el tener que estar especulando lo encuentro una falta de respeto”.

La firma de la compraventa se llevó a cabo el 9 de octubre de 2019. Se acordó pagar $ 9.800.000.000 en dos cuotas. Sin embargo, en enero de este año, el contralor regional, Hugo Segovia, comenzaría a objetar distintos puntos del acuerdo, como la adquisición injustificada vía trato directo, las calificaciones del terreno para el proyecto y el compromiso del Gore a pagar la primera cuota antes de la toma de razón. Otro cuestionamiento clave apuntaba a la enorme diferencia de precios entre las primeras tasaciones y el precio acordado en el contrato. Finalmente, la resolución de compra fue “representada”, en otras palabras, declarada ilegal.

Entre enero y junio de 2020, Contraloría rechazó otras tres resoluciones del Gore, por considerar insuficientes sus oficios para subsanar las observaciones. Se incluyeron dos nuevas tasaciones, supuestamente actualizadas al mercado de un año después y que estaban en el rango del precio acordado, pero la diferencia de $ 5.800.000.000 con los avalúos iniciales fue insalvable para el ente fiscalizador. Fuentes del Gore comentan que se convencieron de que el contralor regional Segovia tenía un sesgo político contra el gobierno. El argumento principal era que su esposa, Gladys Sáez, había sido gobernadora de Cauquenes durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Para el 25 de junio de este año, las seis sociedades inmobiliarias dueñas del paño estaban aburridas de esperar. Ese día presentaron una medida precautoria en contra del Gore de Coquimbo ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena. Después de aceptar cuatro prórrogas al pago, los socios buscaban congelar la cuenta corriente de la autoridad regional. Se habían enterado por los mismos funcionarios del Gore de que aún no contaban con la toma de razón y que se verían obligados a reintegrar todos los fondos no utilizados, como lo había exigido el Ministerio de Hacienda por las dificultades económicas derivadas de la pandemia. El incumplimiento podía costarle al Gore una indemnización por perjuicios.

Presionada entre obligaciones con privados y el estatuto administrativo, Pinto decidió acogerse a la sugerencia de dos asesores legales, quienes aseguraban que existía un dictamen de Contraloría en el que se había tomado razón posteriormente a una compra realizada por Bienes Nacionales. El 3 de julio, en la Notaría Fernández, se firmó un quinto contrato. Doce días después, se inscribió la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces. Los vendedores desistieron de la precautoria el 24 de julio y cobraron los vales vista cuatro días después.

Contraloría detectó la infracción rápidamente. El 31 de agosto, Segovia instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas. El asunto no quedaría ahí. Tres días más tarde, Contraloría derivó los antecedentes al Ministerio Público para indagar posibles delitos por el pago de sobreprecios.

“Estamos recién iniciando, aunque con la debida celeridad, una investigación compleja y de largo aliento”, dice la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, designada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para indagar los detalles. “Los antecedentes contenidos en la denuncia orientan respecto de un posible delito de fraude al Fisco (...). Considerando que los actos cuestionados provienen de organismos públicos, por cierto, estaríamos hablando de delitos de corrupción”.

En las primeras diligencias se pudo acreditar que en la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gore trabajaba Nicolás Bakulic Albertini, hijo de Nicolás Bakulic Govorcin, uno de los socios vendedores del terreno adquirido. Cercanos a Lucía Pinto aseguran que ella nunca supo de esta situación; otro funcionario que participó de la compraventa dice que Bakulic hijo tenía un cargo demasiado menor como para tener influencia.

Ninguno de los Bakulic ni sus socios accedieron a conversar con La Tercera.

Como firmante de todos los contratos y resoluciones, la intendenta Lucía Pinto tuvo que hacerse cargo y renunció a la intendencia para enfocarse en su defensa. Sus oponentes políticos dentro de Chile Vamos suponen que no hubo dolo, pero que son las consecuencias de una mala gestión. “Yo llamaría a no prejuzgar”, comenta su mentor, Sergio Gahona. “Existe la presunción de inocencia y creemos que puede haber errores administrativos, pero no otro tipo de situaciones para lamentar”.

Pinto será representada por Samuel Donoso, el abogado que defiende al Presidente Sebastián Piñera en las querellas recibidas después del 18 de octubre y por la gestión de la pandemia.

Samuel Donoso, abogado defensor de Patricio Contesse, durante la audiencia de reapertura de la investigación por la causa "SQM". FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Las repercusiones

El escándalo generó movimientos fuertes políticos. Tras dos gobiernos de Piñera con intendentes UDI, en RN ven la caída de Pinto como un oportunidad de hacerse con el sillón regional.

“En RN tenemos el legítimo derecho de presentarle al gobierno una terna que le dé a la ciudadanía la tranquilidad de que se va a colaborar en la investigación”, dice el diputado Francisco Eguiguren.

Su par del PC Daniel Núñez anunció una comisión investigadora que comenzará a juntar firmas esta semana. “Se perseveró de forma negligente”, sostiene. Una instancia similar también fue aprobada por el Core, cuya presidenta, Adriana Peñafiel, asegura que no había visto una controversia política con “semejante impacto mediático” en sus 40 años de gestión pública.

Lucía Pinto no contestó a los llamados de La Tercera para participar de este reportaje. Quien sí lo hizo, brevemente, es su padre y mentor político, Floridor Pinto.

“La única indicada para hablar es ella. Lo único que puedo decir es que confío plenamente en ella. Ha sido doloroso para nosotros”, dice. Antes de colgar el teléfono, Floridor Pinto hace una petición.

“Espero que también me llamen cuando esto se aclare. La verdad se va a saber”.

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