“¡Alberto Larraín nos engañó y está escondido!”: funcionarios de ProCultura denuncian finiquitos impagos por cientos de millones

“Alberto Larraín está escondido”.

Esas son las palabras que, con pesar y rabia, repiten trabajadores que colaboraron en los proyectos que ProCultura desarrollaba en distintas regiones del país. Y es que luego de que el viernes 17 de noviembre la fundación comunicara su cierre definitivo -debido a las supuestas repercusiones que el caso “líos de plata”-, los funcionarios fueron perdiendo paulatinamente el apego que tenían con la misma y también los contactos.

Se les transmitió que debían estar tranquilos, que el cierre era consecuencia de la “unilateralidad” con que les habían cancelado convenios y que ya no les era posible levantar recursos producto del escándalo de las transferencias a ONG. Además, se les comunicó que a partir del 29 de noviembre podrían acceder a sus finiquitos y que estos serían pagados como correspondía.

Sin embargo, a 12 días de que los trabajadores comenzaran a firmar dichos documentos, ya son una serie de colaboradores los que han advertido que en sus respectivas cuentas no se ha abonado ni un solo peso correspondiente a esa indemnización por el despido relativo a “necesidades de la empresa”.

“Esto es como una verdadera estafa”, comenta un trabajador que aguarda dicho pago. Agrega, en el mismo sentido, que ha intentado tomar contacto con los empleadores, pero que ni el psiquiatra Alberto Larraín ni la gerenta general, Constanza Gómez, les han dado respuesta. Durante una semana poscierre algunos funcionarios pudieron contactarse con una funcionaria de recursos humanos que se quedó ayudando “de buena voluntad” -porque también había sido finiquitada-, pero luego de eso, relataron los mismos trabajadores, los teléfonos y correos dejaron de ser contestados.

Otro colaborar, manifestó: “Hasta el último día, Alberto Larraín y Constanza Gómez nos prometieron que pagarían todo lo adeudado. Hubo llantos y palabras de agradecimiento de los trabajadores más antiguos, aunque la mayoría miramos la escena con desconfianza. Pocas semanas después se hizo realidad el peor escenario posible”.

Los trabajadores de ProCultura, como comentaron a La Tercera parte de ellos, notaron a mediados de septiembre que las cosas se estaban complicando. En ese momento, aseguran, comenzaron los primeros reclamos de proveedores y con el correr de las semanas notaron que los convenios cancelados no hacían más que aumentar. Manifestaron, igualmente, que los directores de proyectos notaron que no era posible levantar nuevos fondos para sostener las operaciones y que las cosas no repuntarían.

Por lo mismo, y dada la forma en que la fundación comunicó su cierre, los profesionales sostienen que de inmediato pensaron que podrían no recibir los pagos que les correspondían en el caso de que la ONG cerrara sus puertas.

La confirmación la tuvieron, dicen, cuando en el comunicado que la entidad colgó en su página web indicaron que el impacto que había tenido el caso en sus estados financieros había sido “devastador”. Con todo, decidieron esperar, aunque a estas alturas muchos han ido perdiendo la esperanza y comenzaron a articularse para emprender acciones legales contra el organismo y, en subsidio, en contra del mandante del convenio que corresponda (gobierno regional, seremis, municipalidades, entre otros).

“A algunos nos intentaron engañar haciendo firmar finiquitos en una notaría sin cheque asociado ni plazos de pago, pese a que el documento decía textual que nos hacían entrega del pago en ese momento. A quienes recibieron su finiquito online, se les decía que recibirían el pago en cinco días hábiles. Hasta la fecha, ni un solo peso”, aseveró un trabajador contactado por este medio.

En el mismo sentido, agregó que entre los afectados hay trabajadores con cinco, siete o diez años en la fundación, y que “hoy ven sus vidas destrozadas. Lo peor es que informalmente comunicaron a algunas personas que no pagarían, pues no había fondos, ya que la fundación estaba en la quiebra. Esa quiebra, sin embargo, no la ha declarado nadie legalmente competente”.

“Cuando empezamos a exigir respuestas, simplemente dejaron de contestar. Eso tiene muy mal a muchísimas personas. Pero ahí está Alberto Larraín, tuiteando todos los días sobre salud mental. Es una vergüenza. Hoy estamos analizando demandar a la fundación. Esta situación no puede quedar en la impunidad”, complementó el profesional.

Por ello, y más allá de que las transferencias sí puedan materializarse en los próximos días –aunque varios lo dudan–, los exfuncionarios de la entidad se muestran molestos respecto al trato que han tenido los directivos desde el cierre. Insisten en que la forma en que actúan dista diametralmente del mensaje que su fundador comparte en redes sociales y en las charlas que antes daba, porque consideran que la salud mental de sus trabajadores la ha puesto al final de la lista de prioridades.