Otro coletazo de la visita de Boric: preso del estallido acusa a Gendarmería de forzarlo a recibir a diputado en Santiago I

Nicolás Piña Palomera (34), quien está en prisión preventiva por lanzamiento de bomba molotov a un furgón policial y es parte del grupo de los presos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, denunció a través de un recurso de amparo en contra de Gendarmería que la entidad penitenciaria lo obligó a recibir al candidato presidencial el viernes pasado. A raíz de esto, dice que sufrió recriminaciones de sus pares y que posteriormente, en un allanamiento, fue maltratado por personal de la entidad penitenciaria sin justificación.




Que lo forzaron a recibir el 30 de julio pasado en el penal Santiago I al candidato presidencial por Apruebo Dignidad y diputado Gabriel Boric y que luego Gendarmería lo maltrató en medio de un allanamiento.

Esto es lo que ayer el ingeniero Nicolás Piña Palomera (34), quien está en prisión preventiva por el presunto lanzamiento de bomba molotov a un furgón policial y es parte del grupo de los presos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, denunció a través de un recurso de amparo en contra de Gendarmería, presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el caso de que el tribunal declare inadmisible la acción constitucional, la defensa de Piña apelará para que el caso se vea en la Corte Suprema. Seguido a eso, si es que se rechazara, presentará una cautela de garantías para que sea un juez de estos tribunales el que resuelva si hubo o no vulneración de derechos en contra del interno.

El joven fue formalizado el 13 de febrero de 2021 por un ataque cerca de Plaza Baquedano que dejó a un vehículo policial destruido y causó heridas a un carabinero, el que fue trasladado al hospital institucional. Además, Piña fue querellado por el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por homicidio frustrado a carabinero por el mismo hecho. A la espera de su proceso judicial, ya lleva casi seis meses tras las rejas.

En el recurso ingresado al tribunal de alzada por su abogado Fernando Monsalve, Piña detalló que mientras se encontraba privado de libertad, en el módulo 12, “un candidato presidencial y actual diputado de la República junto a otra diputada de la República, proceden a realizar una visita a un imputado, distinto del amparado. Como es de público conocimiento, la visita de los/as parlamentarios fue infructuosa y problemática”. Durante la visita, Boric sufrió la agresión de parte de uno de los internos. El atacante, Miguel Sepúlveda Montecinos (40), tiene un amplio prontuario policial: 23 detenciones previas por delitos como lesiones, amenazas, robo, receptación, secuestro, incendios, entre otros. Está en prisión preventiva desde el 10 de febrero por lanzar objetos en la vía pública en medio de desórdenes públicos en el centro de Santiago.

El abanderado mantiene una tensa relación con la Coordinadora de Presos del 18-O y también con la denominada Lista del Pueblo. Daniel Jadue, su excontendor en la primaria de julio, también cuestionó antes de la elección que “gracias a él tengamos hoy día presos políticos en Chile”.

De acuerdo al requerimiento de Piña, fue en medio de esta tensa visita que “Gendarmería, sin mediar consulta ni solicitud, procede a literalmente forzar y sacar al amparado para que conversara con los visitantes (...), lo apartan del lugar donde se encontraba y a vista y paciencia de todos sus pares imputados y privados de libertad lo llevan a conversar con los visitantes”.

Según el recurso, por esta razón fue reprochado por sus compañeros en la cárcel. Al respecto, Boric -quien llamó al alcaide del penal para pedir explicaciones tras el allanamiento que se realizó luego de su visita- dijo a La Tercera PM que “nosotros fuimos a ver a otra persona, por solicitud de sus familiares. Efectivamente, sería un abuso inaceptable si se obligó a otro recluso a recibir a quien va a visitar a otro interno”.

Luego, dice Piña en el recurso, en un allanamiento de Gendarmería ocurrido el 1 de agosto “lo esposaron, siendo al único a quien se le coaccionó de aquella forma y sin justificación alguna”. Asimismo, se indica que “también se le colocó un foco de luz con propósito de cegarlo en sus ojos, preguntándole su nombre en reiteradas oportunidades, señalándolo como ‘el es la clave’, ‘el objetivo’, y silenciándolo apenas intentaba preguntar qué pasaba y el motivo del trato que le estaban dando”.

Para su abogado, Fernando Monsalve, toda esta situación “ha implicado en la práctica sindicaciones peligrosas para la seguridad, integridad física y vida del amparado y otros”.

Consultado por este medio, su defensa señaló que “la actuación de Gendarmería que se ha repetido -no es la única vez- es del todo vulneratorio de los derechos de aquellos que se encuentran imputados, incluso si fueran condenados, pero en este caso es imputado recién, privado de libertad por encontrarse en prisión preventiva. Nadie ni nada faculta a Gendarmería a disponer de los privados de libertad sin su voluntad para recibir visitas, obligarlos a dialogar, a exponer su posición, si no es su defensa, sus familiares o su visita solicitada”.

En relación al allanamiento, Monsalve dijo que “el problema es el trato del todo ilegal, vulneratorio y al menos indiciario de delitos tan graves como apremios ilegítimos. Parece fundamental que Gendarmería dé una respuesta inmediata y señale por qué está exponiendo la vida e integridad física de ciertas personas, en este caso de Nicolás, que es un ingeniero, padre de dos hijos y que va a cumplir seis meses en prisión preventiva, siendo un caso emblemático de la revuelta social y que, en la práctica, deja clara la subjetividad y la persecución política por parte del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Consejo de Defensa del Estado y la complicidad de los tribunales”.

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