Pedir días sin goce de sueldo o renunciar: la instrucción de La Moneda para los funcionarios que son candidatos a alcaldes

Miguel Concha (Revolución Democrática), jefe de gabinete de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (Convergencia Social), renunciará a su cargo el 1 de mayo. ¿El motivo? Fue inscrito como precandidato a alcalde a las primarias de Peñalolén, donde ya compitió en la última elección y obtuvo la segunda mayoría.

Su caso no es el único: Nicolás Hurtado (Partido Comunista), subdirector de la División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, también participará de las elecciones. Él disputará en los comicios del oficialismo en La Florida, comuna donde el PC tiene buena presencia por el liderazgo de la ministra Camila Vallejo (PC), quien fue diputada por el distrito.

Al ser consultados de manera formal, en el equipo de Vallejo respondieron que “como Ministerio de la Secretaría General de Gobierno se ha definido como criterio que las y los funcionarios de la cartera que sean candidatos en estos comicios accedan a un permiso sin goce de remuneraciones 50 días de corrido de la fecha de votación”.

La posición del ministerio fue lo acordado con Interior y en base al instructivo que Contraloría difundió a autoridades la primera semana de abril.

En la Segegob, además, tomaron otro tipo de resguardos, ya que Hurtado había anunciado su candidatura con anticipación, por lo que acordaron que no participara en actividades en La Florida para evitar cuestionamientos y suspicacias.

Reinaldo Rosales (PPD) está en la misma situación. Es precandidato en La Florida, concejal de la comuna y funcionario de planta de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Eso sí, actualmente trabaja como asesor jurídico, en comisión de servicio, en la Subsecretaría de Defensa.

Y hay más. Pamela Álvarez, de Revolución Democrática, es candidata a la alcaldía de Cartagena y a la vez trabaja en gestión territorial de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio. Según indican en su partido, en su caso pedirá un permiso sin goce de sueldo.

Luis Carrillo (PC) está en la misma posición. Mientras anunció su postulación a alcalde por Lautaro trabaja como fiscalizador en la Delegación Presidencial Regional del Biobío.

Mientras que el independiente Piero Jara, también precandidato por Lautaro, trabaja como gestor territorial en la Dirección General de Obras Públicas.

En el Ministerio del Interior están al tanto de la situación y reforzaron instrucciones a los organismos del Ejecutivo, ya que también tienen en consideración que el mismo dilema será más frecuente aun en la inscripción de candidatos a concejales.

Por ahora, al consenso que han llegado los ministros del comité político es que la obligación para todos los trabajadores del Ejecutivo será pedir permiso sin goce de sueldo mientras dure la campaña a las primarias.

Así, lo primero que hizo Interior fue reforzar las instrucciones de la Contraloría. “Con fecha 10 de abril la ministra del Interior firmó oficio -actualmente en tramitación- en el cual se transmiten las instrucciones y recomendaciones en el marco de las elecciones dirigido a todos los ministros, subsecretarías y organismos públicos, las que fueron comunicadas previamente por la Contraloría General de la República”, indicaron desde la cartera.

Pero junto con eso, además, establecieron un criterio político que va más allá de lo establecido por el organismo fiscalizador: “En paralelo, la ministra del Interior ha transmitido que el gobierno espera que sus autoridades o funcionarios de confianza que enfrentan primarias legales soliciten permiso sin goce de sueldo o renuncien a contar del inicio de las campañas, las cuales se iniciarán el 10 de mayo según lo establecido por el Servel. Este es un criterio político; en cuanto la normativa, no obliga a funcionarios a dejar sus cargos en caso de emprender una candidatura”.

Y añaden: “Sin perjuicio de ello, ha reiterado en todos sus niveles la necesidad de respetar de modo estricto las normas de comportamiento de funcionarios y autoridades para tiempos de elecciones, haciendo primar siempre la legalidad y el cuidado del cargo”.

El 11 de abril el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso, que aplica para ambas Cámaras, envió un oficio en respuesta a la inquietud del comité de Renovación Nacional sobre cuándo debían renunciar aquellos funcionarios y asesores que trabajen con parlamentarios y que sean candidatos a alcaldes.

De forma unánime, y basado en una resolución de enero de 2022, el consejo que preside Rabindranath Quinteros resolvió que la suspensión laboral, a través de permiso sin goce de sueldo o renuncia, de las personas en cuestión deberá regirse desde que el Servel inscribe oficialmente sus candidaturas, lo que ocurrirá la próxima semana, pese a que los nombres fueron entregados el 16 de abril.

En el caso de no suspender sus funciones, los asesores deberán devolver el dinero ganado en el tiempo de campaña según les indicaron en el Congreso.

En el oficialismo el listado es largo. Por ejemplo, Hernán Astaburuaga (PS), precandidato a alcalde por Talca, trabajó hasta febrero como asesor de la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista; Patricia Quiroz (PPD), que competirá en las primarias de Cartagena, trabajó hasta abril para el senador Ricardo Lagos Weber; Claudia Navarrete (independiente), postulante por Lautaro, asesora en gestión territorial al senador Francisco Huenchumilla (DC); Sebastián Tobar (Partido Liberal), candidato por Cartagena, apoya al diputado Sebastián Videla (PL), y Richard Cáceres (DC), candidato y actual concejal por Nancagua, trabaja junto al diputado Félix Bugueño (independiente).

Un caso aparte es el de Rosana Adaros (DC), quien buscaba ser alcaldesa de La Serena e integra el equipo del diputado Ricardo Cifuentes (DC). Pero durante esta jornada la asesora renunció a su postulación.