Propuesta de Tohá para diferenciar a migrantes en las reglas de uso de la fuerza siembra dudas en el oficialismo

Un alto en la sesión especial del Senado -a la que fue convocada para abordar el caso del homicidio del refugiado venezolano Ronald Ojeda- tuvo que realizar la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Debido a las dudas que estaban escalando incluso en el propio oficialismo por las nuevas indicaciones del Ejecutivo al proyecto de reglas de uso de la fuerza (RUF), la ministra optó por salir a aclarar y contestar personalmente en una rueda de prensa los cuestionamientos.

El proyecto de las llamadas RUF establece un protocolo de cómo los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las policías deben reaccionar y actuar ante agresiones o la comisión de un delito, en tareas de orden público, seguridad o persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento. Sin embargo, la discusión de esta iniciativa, que se reanudó el miércoles en la tarde, comenzó a precalentarse con la nueva propuesta gubernamental que establece recomendaciones para diferenciar el trato que deben dar los militares y los policías a grupos “vulnerables”.

“Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”, dice una de las indicaciones que tiene un efecto general tanto para el control del orden público como para repeler un ataque o un delito.

Si bien algunos legisladores entendían que en un contexto de manifestación las fuerzas de orden pueden tener un trato distinto por mujeres o niños, resultaba inexplicable que esa indicación incluyera a migrantes, dado el actual contexto social producto de una criminalidad que está actuando más violenta, emulando prácticas de otros países.

La ministra Tohá, sin embargo, explicó que la nueva propuesta no introduce “nada nuevo”, pues el trato diferenciado ya estaba en el mensaje “original”. A su juicio, simplemente se reorganizó la redacción. “Lo único que cambió es que este contenido cambió del artículo 14 al 11. Con las mismas palabras y el mismo texto. Aquí no hay novedad alguna en las indicaciones”, dijo la ministra. (N del R: las referencias a personas vulnerables estaban en los artículos 13 y 14 originalmente).

Además, acusó una suerte de desinformación propiciada por los propios parlamentarios, ya que, a su juicio, este tratamiento diferencial está orientado a una fase de “comunicación disuasiva”, en que los efectivos antes de actuar con su armamento deben hacer advertencias. La secretaria de Estado señaló que una expresión equivocada de un funcionario, por ejemplo, puede escalar la situación en vez de apaciguarla. “La comunicación no puede ser igual para un niño que para un adulto, no puede ser igual para una persona que habla nuestra lengua que para uno que no la habla. A una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, un transexual varón, no se le puede llamar señorita”, manifestó.

No obstante, a pesar de la versión de la ministra, el mensaje original solo incluía menciones de trato especial para “mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad y persona adulta mayor (artículo 14)” y “en los casos en que presumiblemente exista presencia de niños, niñas y adolescentes (artículo 13)”. La primera propuesta gubernamental no incorporaba a los migrantes. Los migrantes y los indígenas fueron incluidos en una indicación intermedia, ingresada en agosto de 2023.

En la tarde, la ministra concurrió a las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, que está a cargo de tramitar la iniciativa, para tratar de seguir despejando críticas que fueron manifestadas principalmente por los legisladores opositores.

En la ocasión precisó sus dichos de la mañana y reconoció que “es verdad que en el texto original tenía una parte (la mención a mujeres, niños y adultos mayores), pero en la indicación de agosto ya estaba todo (incluyendo migrantes e indígenas)”.

Tras escuchar los reclamos, Tohá dijo que nadie está obligado a votar las normas del Ejecutivo, que en ningún caso establecen un trato privilegiado, sino un trato diferenciado, que puede ser “más duro o más blando o más particular”. Incluso se abrió a modificar la propuesta. “El Ejecutivo no tendría ningún problema en buscar una solución que esto no implica un trato privilegiado”.

El problema para el Ejecutivo es que particularmente el tema de los extranjeros siembra reparos en la propia alianza gubernamental.

“Tengo dudas”, dijo el diputado Leornardo Soto (PS), quien luego en las comisiones unidas matizó su postura.

Su par socialista, Raúl Leiva, presidente de las comisiones unidas, también admitió que rechazaría el punto en cuestión, pero que igualmente esperaba tener un análisis más detallado de la nueva indicación. “Es un tema complejo, debatible. Sobre todo en cuáles son los grupos privilegiados. Es importante distinguir el contexto. Si se refieren a orden público o persecución criminal. En una manifestación debe haber más pasos si se trata de mujeres, adultos mayores o niños. Pero en caso alguno en normas de persecución criminal y tampoco para todos los grupos que se plantean”, dijo Leiva, quien señaló que en caso de los migrantes estaría “absolutamente en contra”, pues deben tener el mismo tratamiento que un nacional de la República de Chile.

“No estoy para respaldar la posición de Interior respecto de reglas de uso de la fuerza con las consideraciones diferenciadas que se están planteando”, expresó el diputado Raúl Soto (PPD).

En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) dijo que aprobaría; sin embargo, reconoció que la redacción puede ser perfeccionada. “Lo que yo entiendo es que es una recomendación para los reglamentos, es atendible que uno tenga consideración con grupos que requieren especial protección. Sí comparto en que debe haber claridad, ya que algunas normas son de orden público y otras de FF.AA. Es mejorable en la tramitación legislativa”, expresó Araya.

En la derecha apuntaron al “ideologismo” del gobierno por el tenor de las indicaciones.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputado, Andrés Longton (RN), afirmó que la propuesta del Ejecutivo “revela no solamente que no había acuerdo sino que el fanatismo identitario cargado de ideologismo por parte de este gobierno sigue descontrolado. Incluso son capaces de poner normas tan absurdas, incoherentes e incluso delirantes desde el punto de vista de la aplicación”.

Su par José Miguel Castro (RN) consideró que las indicaciones al proyecto “dejan ver que para este gobierno existen chilenos de primera y segunda categoría, es más, los chilenos están después que los extranjeros”. “Vamos a presentar indicaciones”, complementó Castro.

El diputado de la UDI, Henry Leal, fustigó que “el gobierno está escuchando demasiado al Frente Amplio, al Partido Comunista y no está haciendo lo que corresponde hacer: darle reglas claras a las policías y a las Fuerzas Armadas... Nosotros vamos a presentar un conjunto de indicaciones que van en esa dirección. Estamos disponibles para el diálogo en la medida que se mejore el proyecto”.

“Estamos ante un gobierno de fanáticos. Hacer distinciones en el reglamento del uso de la fuerza dependiendo si eres hombre, mujer, minoría sexual o indígena, es una norma ridícula y discriminatoria”, recriminó, por su parte, Álvaro Carter (ind.-UDI).