Fue el pasado 30 de marzo cuando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que el gobierno había retirado desde Contraloría el decreto con parte de los reglamentos necesarios para permitir la implementación de la nueva Ley de Adopción: una normativa que, entre otras mejorías respecto del sistema actual, reduce los tiempos que un niño, niña o adolescente debe esperar para tener una familia.

Si bien en su minuto el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, afirmó que la medida tenía como enfoque “agilizar y revisar los procesos de adopción”, la decisión de retirar los decretos para dar pie a la reforma aprobada en 2025 encendió alertas entre la oposición y organizaciones vinculadas a infancia, y reabrió el debate sobre el futuro de una normativa considerada como el mayor cambio al sistema de adopción chileno en las últimas décadas.

A dos meses de ese hecho, el escenario es distinto. Desde al área de Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social, confirmaron a LT BOARD que “las modificaciones al reglamento N°2 ya están listas y estamos finalizando los trámites para el reingreso a la Contraloría”.

La información coincide con la manejada por la Fundación San José para la Adopción y la Fundación Chilena de la Adopción y Familia, que participaron activamente en la discusión técnica de la reforma y que aseguran que el proceso reglamentario está avanzando.

Sin embargo, este retraso implica que una que ley ya fue promulgada y publicada aún no puede entrar plenamente en vigencia, con todas las consecuencias que eso trae para los más de 10 mil niños, niñas y adolescentes que actualmente están bajo la protección del Estado a la espera de ser adoptados.

“El reglamento de la ley de adopción debía ser dictado después de seis meses de publicada la ley, en agosto de 2025”, dicen desde la Fundación San José. Eso quiere decir que en febrero o marzo de este año debió cerrarse la tramitación.

Siete reglamentos en revisión

La administración del expresidente Boric, que aprobó la normativa, alcanzó a ingresar dos de los siete reglamentos necesarios a la Contraloría para ser revisados antes de terminar su mandato. El gobierno del Presidente Kast, al asumir, retiró ambos para corregirlos y volver a ingresarlos, al tiempo que continúa redactando los cinco restantes.

“Es fundamental precisar que no se frenó la ley, sino que retiró temporalmente dos de los reglamentos”, dice María Soledad Yáñez, directora ejecutiva (s) de la Fundación San José para la Adopción. La profesional agrega que las organizaciones afines fueron informadas de que el resto de la arquitectura normativa aún están en etapa de elaboración.

No obstante, esto significa que mientras el Estado termina de redactar las normas, los procesos de adopción en Chile siguen funcionando bajo la antigua Ley 19.620.

“Que una ley esté vigente, pero que no pueda implementarse está lejos de lo ideal”, explica Antonio Leiva, académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello. “Toda norma jurídica tiene como propósito aplicarse a la realidad que regula”, analiza.

Rodrigo González, cofundador de la comunidad Dos Papás en Chile y padre adoptivo de tres hermanos, sostiene que el problema no ha sido únicamente el retraso administrativo, sino también la falta de transparencia en el proceso. “Mientras no exista una toma de razón definitiva de toda la arquitectura reglamentaria, la ley es letra muerta y el cambio no puede comenzar”, afirma.

González cuestiona, además, el hermetismo con que se han hecho las revisiones tras el retiro de los decretos desde Contraloría. “Tuvimos acceso al texto que se retiró en marzo, pero hoy la duda es: ¿qué fue exactamente lo que el gobierno volverá a ingresar? No tenemos idea”, señala.

La normativa requiere una compleja red de reglamentos administrativos para poder aplicarse y funcionar correctamente. Estos documentos establecen el mecanismo que permite que el sistema funcione en la práctica, desde la manera en que se seleccionarán las familias adoptivas hasta las formas de financiamiento, acreditación de organismos colaboradores y funcionamiento técnico.

Entre los textos más importantes se encuentra el Reglamento General de la Ley, que regula el procedimiento para ingresar al registro de familias adoptivas, los criterios de evaluación y la emisión de certificados de idoneidad. A esto, se suma el reglamento que define las condiciones de acreditación de los organismos colaboradores y otro vinculado al financiamiento de las prestaciones del sistema.

Alejandra Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación Chilena de la Adopción y Familia (FADOP), señala que, si bien cada reglamento cuenta con distintos plazos de entrega, todo este proceso “ha retrasado la entrada en vigor de la normativa”, con todas las consecuencias que ello implica.

También faltan actualizaciones reglamentarias vinculadas al funcionamiento del Servicio de Protección Especializada, a los modelos de intervención con familias biológicas, los mecanismos de subvención a organismos colaboradores y los sistemas de pago asociados a cada línea de acción.

“El reglamento ya fue elaborado, pero no se encuentra totalmente tramitado: ese es el genuino problema”, sostiene el académico Antonio Leiva, de la UNAB.

Mejorar los tiempos de adopción

Esta situación reglamentaria genera confusión en aquellas personas que buscan formar familia, pero sobre todo en aquellos niños, niñas y adolescentes, que deben esperan años antes de ser declarados susceptibles de adopción.

Bajo el sistema actual, los procesos judiciales y administrativos se separan en diversas etapas que extienden la permanencia de niños en residencias estatales por varios años, al punto que muchos llegan a pasar allí hasta la adolescencia.

Ese es uno de los principales cambios de la nueva ley, que debiera reducir los tiempos de espera como máximo a 18 meses, debido a que se elimina el trámite de la susceptibilidad –dictamen del tribunal que determina que un niño está en condiciones de ser adoptado, necesario para que pueda tener contacto con el núcleo familiar que lo recibirá– “y permite transitar directamente desde el sistema de protección al trabajo con la familia de origen”, describe Alejandra Ramírez, de FADOP.

Para que estos plazos máximos se lleven a cabo, los especialistas advierten que dependerán de la capacidad operativa del Servicio de Protección del Estado y de los tribunales para cumplirlos efectivamente.

A ello se suma que la nueva ley intenta unificar procedimientos que hoy funcionan separados, evitando que los niños atraviesen múltiples etapas judiciales antes de acceder a una familia. El abogado Antonio Leiva, académico de la UNAB, indica que esto “busca darle unidad al proceso de adopción, evitando duplicidad y multiplicidad de trámites”.

Muchas veces, los adultos no dimensionan lo conscientes que son niños, niñas y adolescentes de la espera a la hora de encontrar un papá o una mamá, lo que impacta en su desarrollo.

Para quienes han atravesado el sistema, la espera tiene consecuencias emocionales profundas. Rodrigo González, de Dos Papás en Chile, recuerda que durante sus visitas a residencias conoció niños que estaban pendientes de encontrar una familia. “Muchos de ellos van creciendo dentro del sistema y terminan egresando a los 18 años sin haber tenido la oportunidad de vivir en una familia”, afirma.

González agrega que uno de los problemas estructurales del sistema es que las adopciones siguen concentrándose en niños pequeños, mientras los mayores de seis años o los grupos de hermanos permanecen durante años institucionalizados. “Las pocas adopciones que se concretan se siguen concentrando en lactantes o menores de tres años”, advierte.

“Pasar años en una residencia del Estado, sin el amparo de un entorno familiar protector, provoca un impacto invisible, pero severo”, grafica Soledad Yáñez, de Fundación San José. La trabajadora social agrega que permanecer en el sistema de forma prolongada genera repercusiones emocionales, cognitivas y físicas que afectan la vida futura y el desarrollo de los niños. “Cortar esos tiempos es sanidad básica para la infancia”, precisa.

El derecho de crecer en familia

Cambiar la mirada adultocentrista en torno a la adopción modifica cómo la sociedad chilena ha enfrentado hasta ahora esta tarea.

“Aunque su puesta en marcha y operativización será todo un desafío, contar con una base jurídica fundada en los derechos del niño ya es un cambio de paradigma profundo”, añade Alejandra Ramírez, de FADOP.

Otro cambio importante es la eliminación del antiguo sistema de prelación que priorizaba a matrimonios heterosexuales y abre formalmente la adopción a distintos tipos de familia, incluyendo personas solteras, convivientes civiles y parejas homoparentales.

Ante la espera que estos cambios logren aplicarse en los nuevos casos de adopción, las dudas ya no sólo están puestas en cuándo estarán listos los reglamentos, sino si el sistema podrá ejecutar la ley en medio de un panorama donde se está ejecutando un recorte de presupuestos en todas las carteras gubernamentales.

Si se espera que el Estado tenga la capacidad para sostener el nuevo sistema en el tiempo -hasta ahora no hay una fecha concreta para el término de la tramitación-, los entrevistados coinciden que requerirán recursos, capacitación y coordinación entre múltiples instituciones públicas.

“El principal desafío está en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los niños y de las familias al mismo tiempo”, sostiene Antonio Leiva, de la UNAB. “Los plazos dependen no sólo de estar fijados en la ley, sino además de la capacidad que tenga la administración del Estado para gestionarlos”, concluye.