Hace cuatro años, Jorge Riesco Valdivieso -abogado de la Universidad Católica- asumió la presidencia de la centenaria Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), que agrupa al conjunto de las empresas mineras del país, incluyendo grandes, medianas y pequeñas compañías.

Ligado a la minería toda una vida -ingresó al gremio en 1990, década en que su padre, Walter Riesco, presidió esta misma agrupación-, Jorge Riesco conoce mejor que nadie cómo esta industria se ha transformado en las últimas décadas; y, como buen hombre de terreno, también sabe de los dolores y realidades de las medianas y pequeñas empresas mineras.

“La minería es el motor económico y social más importante de Chile. Solo por mencionar algunos datos, junto a sus actividades conexas aporta más de un 20% del PIB. La pequeña minería genera más de 6.000 empleos directos a través de productores que venden a ENAMI y la mediana minería alcanzó el 2025 los US$ 3.000 millones en exportaciones, duplicando la industria vitivinícola”, afirma el líder gremial a LT Minería.

¿De qué modo la minería contribuye a los territorios?

La contribución de la minería a los territorios va mucho más allá. Su impacto transformador y encadenamiento productivo generan empleo, inversión, desarrollo de proveedores locales, dando dinamismo directo e indirecto en localidades y regiones donde, muchas veces, la minería constituye uno de los principales motores productivos. Esto se observa especialmente en la pequeña y mediana minería. Cada faena puede representar una fuente fundamental de actividad para una comuna y para numerosas familias, más aún cuando no hay otras alternativas productivas. Lo pudimos constatar en terreno hace pocos días al visitar a los productores de Domeyko y Freirina tras los recientes temporales. Es por ello que como SONAMI destinamos más de $55 millones en aportes directos para contribuir a la recuperación de pequeños productores, precisamente porque recuperar esas faenas significa también recuperar empleo y actividad económica local.

A propósito de este mismo tema, ¿cuál es su evaluación del royalty y del uso de esos recursos en las comunas y regiones mineras?

El royalty representa una oportunidad concreta para beneficiar a distintas comunas del país y visibilizar en los territorios el aporte que realiza la minería al desarrollo local, regional y nacional. Desde la industria, valoramos que los territorios puedan percibir de manera más directa los beneficios asociados a la actividad minera. Sin embargo, tan importante como transferir recursos a esas comunas es asegurar que estos se traduzcan efectivamente en mejores condiciones de vida, infraestructura, capacidades productivas y oportunidades de desarrollo. Al llevar poco tiempo de implementación, consideramos que es prudente poner especial atención en la transparencia y efectividad del uso de esos recursos.

¿Cree que ha mejorado o no la percepción de la industria de parte de la sociedad, lo que se conoce como “licencia social” para operar?

La percepción de la minería ha ido evolucionando positivamente y hoy existe mayor conciencia respecto al aporte que hace a la economía chilena, tanto a nivel nacional como regional y local. La industria ha avanzado hacia una minería más moderna, tecnológica, integrada con el territorio y las comunidades y con estándares ambientales cada vez más exigentes, y ha sabido comunicar mejor estos aspectos. El desafío es continuar avanzando hacia una minería cada vez más sostenible y sustentable, y visibilizar que el crecimiento del sector se traduce en mejores oportunidades y calidad de vida para las comunidades donde opera y para el desarrollo económico que Chile necesita.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la relación entre las grandes mineras y las comunidades, y también de la aplicación del Convenio 169?

Hoy todo proyecto minero relevante incorpora tempranamente la dimensión territorial y el diálogo con quienes habitan los territorios. En ese sentido, la relación entre las empresas y las comunidades ha cambiado significativamente, desarrollando un trabajo permanente con las comunidades aledañas a las operaciones, para ser un vecino integrado en los territorios. Respecto del Convenio 169, la participación y consulta indígena constituye un componente que debe ser plenamente respetado. Sin embargo, es necesaria una mirada y relacionamiento integral, de gobernanza territorial; es decir, la forma en que el Estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades locales se organizan y cooperan para tomar decisiones sobre el desarrollo de un territorio. Para que estos procesos cumplan su objetivo, es importante contar con procedimientos claros, una institucionalidad técnicamente preparada y plazos razonables, de manera de entregar certezas a empresas mineras y comunidades, entendiendo que debe existir un trabajo integrado y colaborativo.

¿Corresponde que la minería asuma un rol activo en el desarrollo social y territorial o existe el riesgo de reemplazar al Estado?

La minería puede contribuir activamente a generar valor compartido en los territorios donde desarrolla actividades -y de hecho lo hace-, en un trabajo conjunto con el gobierno y las comunidades. Las empresas pueden contribuir mediante empleo, formación de capital humano, desarrollo de proveedores, infraestructura compartida, innovación y colaboración con las comunidades. El Estado, por su parte, tiene responsabilidades indelegables en materias como salud, educación, seguridad y políticas sociales. El desafío es construir una relación virtuosa: un Estado facilitador y que cumpla adecuadamente sus funciones, una industria responsable y mecanismos de colaboración que permitan transformar la riqueza minera en desarrollo sostenible para las regiones y para Chile.

¿Cuál es el rol de la minería en un escenario de estrechez fiscal?

La minería es el motor económico del país. La recaudación minera del 2025 fue de US$ 7.400 millones, cercano al 10% de la recaudación nacional; y Dipres (julio de 2026) estima que la gran minería privada aportará US$8.039 millones al Fisco durante 2026, cifra que representa un incremento de 32% respecto del año anterior. Por eso hemos insistido en lo que denominamos la “paradoja minera”: tenemos altos precios, una creciente demanda mundial por minerales críticos y una importante cartera de inversiones, pero todavía enfrentamos dificultades para traducir esas condiciones en mayor producción y empleo. Generando condiciones habilitantes, podemos contribuir a salir de la estrechez fiscal.

“No es razonable aplicar a una pequeña faena las mismas exigencias que a la gran minería”

Una de las preocupaciones constantes de Jorge Riesco es visibilizar los desafíos para el desarrollo de las empresas mineras medianas y pequeñas.

¿Qué políticas públicas o iniciativas cree que son indispensables para que la mediana y pequeña minería mejore productividad y competitividad?

La primera condición es reconocer que la regulación debe ser proporcional a la escala y características de cada segmento. No es razonable aplicar a una pequeña faena las mismas exigencias que a la gran minería, como los mismos procesos, costos y tiempos administrativos que a una operación de grande. Por eso, hemos impulsado diversas gestiones con las autoridades de gobierno, como ajustes al SEIA, el aumento del umbral para ingresar proyectos, la simplificación de procedimientos, cambios al régimen de patentes mineras o la recalificación de sitios prioritarios de la ley SBAP. A esto debe sumarse el fortalecimiento y modernización de ENAMI, cuyo rol de fomento es estratégico para miles de productores y numerosas comunas mineras.

¿Qué hacer para que las medianas y pequeñas mineras se suban al carro de la alta tecnología que usan las grandes compañías?

Ese es el segundo eje de acción. La mecanización, digitalización, los sensores y el monitoreo remoto, la automatización y la inteligencia artificial ya ofrecen soluciones que pueden mejorar productividad, seguridad y desempeño ambiental también en operaciones de menor escala. El desafío es facilitar y extender el acceso a esas herramientas mediante financiamiento, asistencia técnica y colaboración entre empresas, proveedores, universidades y el Estado. El objetivo central de estas iniciativas es impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad, y al mismo tiempo, apalancar herramientas operativas e institucionales que aceleren la aprobación de los proyectos mineros, otorgando certeza jurídica y agilizando la tramitación de permisos.

La SONAMI comenzó a hablar de distritos mineros. ¿Cómo este nuevo enfoque geológico territorial puede aprovechar la demanda de minerales?

Hace unos meses lanzamos nuestro nuevo estudio que identifica 19 distritos mineros (13 productivos y 6 potenciales). Esta iniciativa busca precisamente cambiar la manera en que pensamos el desarrollo del sector: no mirar cada proyecto de manera aislada, sino entender la minería desde el territorio y de manera compartida. La idea es identificar las condiciones que necesita cada distrito, generando una integración público-privada, que permita coordinar infraestructura, energía, agua, conectividad, permisos, capital humano y capacidades productivas con una visión territorial de largo plazo. Esto permite economías de escala y facilita nuevas inversiones, generando condiciones habilitantes no solo para la minería, sino también para otros sectores productivos y, de esta forma, lograr que los beneficios permanezcan en las regiones. Si somos capaces de hacerlo, podemos convertir nuestro potencial geológico en una verdadera plataforma de desarrollo regional que aproveche la altísima demanda por minerales estratégicos.