La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves, por amplia mayoría, un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años de edad.

Se trata de un nuevo triunfo político para el presidente Javier Milei, luego de que solo horas antes el Senado transandino aprobara de forma general la reforma laboral impulsada por su gobierno.

Aunque para conseguir la media sanción de la reforma procesal juvenil, el Ejecutivo argentino tuvo que ceder ante las presiones de sus aliados y permitir que la edad para ser culpado penalmente bajara de los 16 a los 14 años, y no a los 13 como pretendía Milei y su partido, La Libertad Avanza.

Como consignó el diario La Nación, la iniciativa se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Entre estos últimos los del bloque de Unión por la Patria, los diputados peronistas que responden al gobernador Raúl Jalil, la cordobesa Natalia De la Sota y los bloques de izquierda, que calificaron la reforma de “punitivista”.

Por otra parte, el oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales, Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), como también de bloques provinciales.

Un último grupo en el que se cuentan Innovación Federal, el bloque de Producción y Trabajo Independencia y la bancada Por Santa Cruz.

Tras la media sanción de los diputados, la modificación legislativa al Régimen Penal Juvenil pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley en una sesión que será convocada para el 26 de febrero.

Los detalles de la iniciativa

La reforma aprobada por la cámara baja argentina, junto con fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes.

Sin embargo, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Así, en delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se aplicarían las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

Asimismo, el dictamen reduce las penas máximas de 20 a 15 años y reafirma garantías procesales, además de definir la privación de la libertad como último argumento.

También establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.