La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la ley de amnistía llega a su fin, asegurando que esta salió “muy bien” tras haber beneficiado a más de 8.600 personas “que tienen hoy libertad plena”.

La mandataria venezolana se manifestó así en un acto para la formación de la comisión destinada a la realización de la denominada Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, que, según la Presidencia, “busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad”.

Esta comisión, subrayó Rodríguez, será “un espacio” para la gestión de “aquellos casos que no estaban contemplados o mejor dicho, estaban excluidos expresamente” en una “ley de amnistía que llega a su fin”.

“La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, manifestó la presidenta en el acto oficial, donde estimó en 8.616 las personas “que tienen hoy libertad plena, otorgada a través de la ley de amnistía”.

No obstante, las cifras de excarcelaciones indicadas por ella se contraponen con las difundidas por la ONG venezolana Foro Penal, que afirmó este miércoles que, desde el 8 de enero de 2026, “se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”.

Sin embargo, la presidenta encargada defendió la finalizada norma y remarcó que “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión”.

Esto último aludiendo a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro y a la exprimera dama, Cilia Flores, y dejó más de un centenar de muertos en el país.

La actual mandataria interina de Venezuela quiso alabar la ley de amnistía, afirmando que se sitúa “en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años”, en una posible referencia a los procesos derivados de la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación.

Estos fueron establecidos en la mencionada nación africana en 1995 con el fin de impartir justicia restaurativa después del fin del régimen del apartheid.

Rodríguez también comparó el acuerdo venezolano con “la ley de amnistía en España que todavía está aperturada desde el año 2024”, refiriéndose así a la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña” del 10 de junio de 2024, destinada a los procedimientos judiciales y las condenas relacionadas con los eventos surgidos durante el “procés”, el movimiento político y social que buscó la independencia catalana.

ONG JEP: “La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad”

Luego de conocerse las declaraciones de Rodríguez, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) tildó su anuncio de “grave atropello al Estado de Derecho”.

“Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo”, declaró la organización en una publicación en redes sociales.

En esta asimismo señaló que “su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”.

“Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”, reza el mensaje.

JEP argumentó también que, además de “discriminatoria”, la decisión de dar término a la ley de amnistía “anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos y profundiza la brecha de impunidad”.

“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, argumentó la ONG.

“Una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real”, insistió.

Para finalmente remarcar que “la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.