La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos de carácter político de desde 1999.

El proyecto salió adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, quien aprovechó de “saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial”, así como los miembros del Parlamento venezolano.

Los diputados aprobaron la iniciativa en su segunda lectura, ya que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el oficialismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner “a derecho”, es decir, a disposición de las autoridades pertinentes.

Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad los otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento dice que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse a las autoridades, aunque establece que aquellas personas que se exiliaron puedan se representados por un abogado o abogada de su “confianza y elección” mientras se tramita su solicitud.

Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.

El texto asimismo incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya fue enviado a la mandataria para su firma y posterior difusión en la gaceta oficial venezolana.

De acuerdo al documento aprobado esta tarde, la ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de 13 eventos recogidos en el artículo 8 del texto.

Entre ellos se cuentan el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Además, quedan excluidos los delitos de “corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes”.

La ONG Foro Penal, que estima en 448 los presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero, reaccionó a la aprobación de la ley, afirmando que “los crímenes contra la humanidad jamás prescriben”.

Mientras, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) suspendieron la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, alegando “grave desgaste físico y a ausencia total de respuestas por parte de las autoridades”.

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la actual mandataria venezolana, quien asumió el cargo luego de que el depuesto presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores de principios de 2026.