Los rascacielos que se alzan entre la montaña y el mar en Venezuela fueron erigidos como una suerte de declaración política. El exmandatario Hugo Chávez los hizo como un símbolo de su promesa de entregar vivienda digna a los sectores más pobres del país. Sin embargo, hoy esos mismos edificios son escenario de una tragedia que ha vuelto a poner en tela de juicio al Estado que los construyó.

Mientras los vecinos remueven los escombros tras dos terremotos consecutivos -que han dejado al menos 3.342 víctimas mortales y más de 16.500 heridos- el descontento ciudadano se ha dirigido contra el gobierno, acusado de haber edificado viviendas de mala calidad con fines políticos. Cuando los sismos golpearon el 24 de junio la costa norte del país, las viviendas sociales del estado de La Guaira, al norte de Caracas, se transformaron en uno de los focos de muerte más densos, según consignó The New York Times.

Los bloques que albergaban a miles de personas se vinieron abajo y dejaron tras de sí valles de polvo y destrucción. Las casas adosadas del extenso complejo que lleva el nombre de Chávez se desmoronaron como si fueran de juguete y algunas terminaron incendiadas. La magnitud del desastre abrió el cuestionamiento sobre cuál es la responsabilidad del Estado ante la pérdida de tantas vidas al interior de estructuras que, durante años, los expertos señalaron como incapaces de soportar un movimiento telúrico severo.

Ingenieros que conocen La Guaira denunciaron ante el diario estadounidense sus reparos de larga data sobre el terreno donde se emplazaron los complejos, la calidad de los materiales y la integridad del diseño. Estos proyectos comenzaron a planificarse en 2011, justo antes de un ciclo electoral, y avanzaron de manera apresurada, ocultando al público buena parte de los detalles técnicos y de los estudios de suelo. Ya en 2017 -según consagró el Times-, el entonces presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, describió la integridad estructural de estas viviendas estatales como “un secreto de Estado”.

Dos días después de los temblores, Juan Manuel Chirinos permanecía al borde de una torre derrumbada, buscando a su hijo del mismo nombre, de 32 años. A su alrededor, decenas de personas escarbaban entre el hormigón con martillos, en un intento desesperado por hallar señales de vida. “Estas personas no murieron a causa del desastre”, dijo Chirinos, quien también buscaba a la esposa y a los dos hijos de su hijo, de acuerdo con el relato recogido por The New York Times. “Murieron a manos del gobierno porque construyeron estos edificios como basura”, siguió.

Los departamentos se levantaron en el contexto de la Misión Vivienda, un programa estatal presentado como uno de los emblemas de la revolución chavista y concebido, según un sitio web oficial, para “romper con la lógica capitalista que mercantilizaba la vivienda”.

El gobierno venezolano, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, sostiene que se han construido más de 5,5 millones de viviendas y que hay nuevos proyectos en marcha. “Más allá de la cantidad de viviendas”, afirma el sitio web, “se trata de calidad”.

La inacción del gobierno

La respuesta gubernamental a los desastres tras los sismos abrió otro frente de controversia para el gobierno de Rodríguez. La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón difundió un informe titulado “El Estado abdicó su deber de proteger”, en el que denuncia la inacción del gobierno de Delcy Rodríguez y los obstáculos al ingreso de la ayuda internacional y ciudadana, prácticas que, a juicio de la ONG, vulneran obligaciones del derecho internacional humanitario, según consignó France 24.

El documento describió “una paradoja institucional trágica” debido a que denunciaría la existencia de un aparato estatal robusto para el control político, pero atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil. El organismo acusó trabas burocráticas para registrar voluntarios, demoras en las actas de defunción e incluso “la escandalosa exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares para la entrega de cadáveres identificados”. Citada por el canal francés, la vocera de Acnur en Ginebra, Carlotta Wolf, indicó que el 40% de los damnificados permanece a la intemperie, en parques e incluso en un campo de golf.

La presidenta encargada, en tanto, rechazó las acusaciones. En su primera conferencia de prensa desde que asumió en enero, negó una reacción estatal tardía, aseguró que no se escatimaron recursos para la asistencia y atribuyó las críticas a una “campaña de desinformación”.

De acuerdo con France 24, Rodríguez sostuvo que el Ejecutivo actuó “de inmediato”, con un despliegue que pasó de 4.000 a 19.000 funcionarios, y anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstruir viviendas e infraestructura.

Interés populista

En La Guaira, los edificios de la Misión Vivienda no fueron los únicos que colapsaron. También cayeron viviendas construidas por contratistas privados para la clase media y alta, con nombres como Coral Beach y Coral Mar, lo que dejó numerosos muertos y sembró dudas sobre su resistencia. Un representante del gobierno de Rodríguez, consultado por el New York Times, declinó responder preguntas sobre las torres estatales. En una conferencia de prensa, Rodríguez afirmó que la mayoría de los edificios derrumbados en la zona no habían sido levantados por el Estado.

Sin embargo, precisó el medio neoyorquino, los complejos de la Misión Vivienda destacan por la escala de la destrucción en una obra pública que había sido motivo de preocupación durante años. Cientos de departamentos quedaron gravemente dañados en las estructuras de concreto conocidas como OPPE 25, OPPE 26, OPPE 27 y OPPE 33, y cerca de 2.500 en el complejo Hugo Chávez.

Estas edificaciones se levantaron en una época de amplia generosidad estatal, cuando Venezuela todavía disfrutaba de una economía relativamente próspera gracias a los ingresos del petróleo. Pese a ello, durante más de una década antes de los sismos, vecinos, sismólogos y organizaciones de vigilancia denunciaron grietas en los muros, problemas en la instalación de las tuberías de gas y riesgo de colapso ante un terremoto. En otras regiones del país, apuntó The New York Times, algunos edificios de la Misión Vivienda estaban tan mal construidos que debieron ser demolidos años atrás.

Buena parte de estas obras fue ejecutada por empresas extranjeras mediante contratos poco transparentes, lo que alimenta la duda sobre si los diseños y materiales se ajustaron a las vulnerabilidades geográficas de la región. “No había interés técnico”, dijo al Times Guillermo Rivas, dueño de una constructora que ha trabajado en La Guaira por más de 40 años. “El interés era populista”, agregó.

El hijo de Chirinos se había mudado a un departamento de la Misión Vivienda apenas cuatro días antes de los temblores. Otros, en cambio, llevaban años en estos complejos, que recibieron como recompensa por su lealtad al chavismo. Hoy los edificios son escenario de búsquedas caóticas y de reclamos por más ayuda estatal. “No tenemos herramientas. Estamos sobreviviendo como podemos”, dijo Willy Bermúdez, de 38 años, un policía que vivió trece años en OPPE 26.

Sentado entre los escombros de su edificio -relató The New York Times-, Bermúdez contó que pasó casi una semana excavando en busca de su esposa y sus dos hijos, hasta que dio con los muebles familiares y el diploma de secundaria de su hijo. Entonces escuchó, desde abajo, “gritos y golpes”. Esa noche, un grupo de rescatistas -paramédicos, bomberos y voluntarios sin una cadena de mando clara- intentó cavar un túnel hacia el origen de los ruidos. La operación se prolongó hasta la madrugada.

Al día siguiente, Bermúdez envió un mensaje de texto a los reporteros del diario estadounidenses: “Toda mi familia murió”. Vivía en la Torre G del complejo OPPE 26. La Torre F, adyacente, quedó dañada pero en pie.

Una lección “gigantesca”

Una escena similar se repitió en el complejo Hugo Chávez, donde algunos de los edificios bajos con revestimiento de vinilo azul se derrumbaron por completo mientras otros, hoy inhabitables, apenas se doblaron o se inclinaron. Comprender por qué ocurrió tomará tiempo. Mario Lieghio, presidente de la Cámara de la Construcción de La Guaira, explicó que la ubicación del estado entre la montaña y el mar también lo vuelve vulnerable, porque el sedimento que baja de los cerros se acumula y ablanda el suelo. Construir allí es posible, explicó, pero exige estudios detallados del terreno, cimientos profundos cuando se requieran y materiales y diseños capaces de resistir sismos.

Al recorrer en automóvil el complejo Hugo Chávez, Lieghio mostró las montañas de metal endeble y aglomerado utilizadas en la obra. “Esto tiene que ser una lección -dijo-, una lección realmente gigantesca”.

El Estado había contratado a la empresa turca Summa para levantar el complejo. “Esa gente terminó un edificio en menos de una semana”, recordó José Luis Sarmiento, dirigente sindical y obrero que participó en la construcción. “Nos fue bien porque trabajamos rápido”. La compañía turca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Burak Pelenk, arquitecto que trabajó en el proyecto ayudando a obtener los permisos, aseguró que, a su juicio, la obra se diseñó considerando el riesgo sísmico. “En Turquía tenemos experiencia con terremotos”, escribió a The New York Times. “El problema podría deberse -soy arquitecto, no ingeniero- a un análisis sismorresistente o a la cimentación”, sostuvo.

A pocas cuadras de las Torres Hugo Chávez, con el mar de fondo, algunos vecinos se habían trasladado a un campo de béisbol cercano, donde dormían en carpas. En otros complejos de vivienda pública continuaban la búsqueda de sobrevivientes y la vigilia por los muertos. Entre los escombros, Chirinos le contó a su esposa que había visto a los rescatistas recuperar lo que parecían ser los cuerpos de una familia de cuatro personas. Posiblemente su hijo, su nuera y sus dos nietos, de 8 y 11 años. “Los vi”, dijo. “Los sacaron”. Las autoridades, agregó, se llevaron los cuerpos sin indicar hacia dónde.

En el complejo OPPE 26, Oswaldo Tovar, de 45 años, usó un pequeño martillo para dar con su esposa y su hija de 8 años. Cuando las encontró, ya habían muerto. En el mismo lugar, María de los Ángeles Sevilla, de 59 años, insistía en que su hija desaparecida, Yorlin, seguía viva. “Una madre lo siente en el cuerpo”, aseguró. Días después, Yorlin también fue hallada muerta, junto a dos nietos, entre ellos, un bebé de 11 meses.

En el OPPE 27, Sergio Castillo, de 28 años, pasó tres días excavando en busca de su primo Diego Tovar, de 16. “Jamás abandonó a su primo”, dijo la madre del adolescente, Milagros Hernández. Castillo emergió de entre los escombros empapado en sudor, cargando el cuerpo de Diego, y abrazó a su tía bajo la luz de su linterna frontal. “Construyeron todo esto mal. Esto no debería haber estado aquí. No deberían habernos dejado aquí”, afirmó.