Un gran jurado federal de Virginia acusó este jueves a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de fraude bancario, semanas después de que el presidente Donald Trump exigiera al Departamento de Justicia que adoptara una postura más rigurosa contra sus oponentes políticos, reclamando resultados “inmediatos” en las investigaciones abiertas.

Los fiscales acusan a James, quien dirigió una investigación de fraude civil contra Trump en 2023, de hacer declaraciones falsas a un banco con respecto a un préstamo hipotecario para una casa en Norfolk, Virginia, según los documentos entregados por los abogados.

La acusación fue presentada ante el mismo jurado donde fue imputado otro oponente de Trump, el exdirector del FBI James Comey, según informó CNN. Comey se declaró inocente el miércoles después de ser acusado de hacer una declaración falsa ante el Congreso de EE.UU.

La relación de James con Trump ha sido conflictiva durante años, ya que durante su campaña prometió investigar al magnate neoyorquino y llegó a ganar el caso civil de fraude contra él y su empresa, por lo que le ordenó pagar US$355 millones en multas, ante lo que el inquilino de la Casa Blanca apeló.

En una declaración, la fiscal acusó a Trump de “utilizar desesperadamente nuestro sistema de justicia como arma”. “Está obligando a las agencias policiales federales a cumplir sus órdenes, todo porque yo hice mi trabajo como fiscal general del estado de Nueva York”, dijo.

A lo que añadió que “estas acusaciones carecen de fundamento y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio”.

La administración Trump sostiene que James compró una casa de tres habitaciones en Norfolk utilizando un préstamo hipotecario que le exigía usarla como residencia secundaria y no permitía la propiedad compartida o “tiempo compartido” de la vivienda.

Pero, como la acusación afirma, el inmueble “no fue ocupado ni utilizado” por James como residencia secundaria, sino que fue “usado como una propiedad de inversión de alquiler”, que estaba siendo arrendada a una familia.

La fiscal asignada al caso, Lindsey Halligan, afirmó que este demuestra que “nadie está por encima de la ley”, añadiendo que “los cargos alegados en este caso representan actos criminales intencionales y tremendas violaciones de la confianza pública”, dijo.

“Los hechos y la ley en este caso son claros, y continuaremos siguiéndoles para garantizar que se haga justicia”, sostuvo.