Por Orlando J. Pérez, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Norte de Texas en Dallas. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

La noche del 23 de diciembre de 1972, un terremoto de magnitud 6,2 destruyó gran parte de Managua, la capital de Nicaragua, y causó entre 5.000 y 10.000 muertos. Lo que sucedió después es un ejemplo paradigmático de cómo un gobierno puede convertir un desastre en su propia ruina. Anastasio Somoza Debayle y su Guardia Nacional desviaron la ayuda internacional, transformando una catástrofe humanitaria en una operación de enriquecimiento personal. El terremoto no derrocó a Somoza de inmediato, pero sí logró unir por primera vez a empresarios, sindicatos y la Iglesia Católica en una misma oposición. Cuando los sandinistas tomaron el poder en 1979, las semillas de la discordia ya estaban sembradas entre los escombros de Managua.

En septiembre de 1985, la Ciudad de México presentó una variación de ese patrón. El terremoto de magnitud 8.0 que sacudió el día 19 causó miles de muertos y dejó al descubierto la debilidad del PRI tras casi seis décadas en el poder. El gobierno de Miguel de la Madrid era lento y visiblemente superado por la situación, y para un régimen que justificaba su poder afirmando que podía manejar cualquier cosa, mostrarse impotente fue una especie de catástrofe.

Así pues, los mexicanos hicieron el trabajo ellos mismos. Los topos , gente común que excavaba entre los escombros de los edificios derrumbados a mano, se convirtieron en el símbolo de una ciudad que había dejado de esperar a su gobierno. Los grupos vecinales, que trascendían las clases sociales, siguieron organizándose mucho después de que cesaran las réplicas, y esa energía impulsó directamente la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que marcó el principio del fin del dominio del PRI.

Haití en 2010 es un ejemplo aleccionador. El terremoto de enero azotó un Estado que ya se encontraba en una situación precaria, y la respuesta internacional exacerbó el problema subyacente. Miles de millones de dólares fluyeron a través de ONG y contratistas extranjeros en lugar de instituciones haitianas. La razón era comprensible, ya que el gobierno realmente no podía administrar el dinero. Pero canalizar todos los fondos fuera del Estado garantizó que este permaneciera débil, y la dependencia resultante ha sido muy difícil de revertir.

El huracán Mitch en 1998 demostró, aunque de forma más gradual, la misma lección. Los gobiernos que gestionaron la emergencia de forma relativamente eficaz lograron cierta buena voluntad política, que luego se desvaneció a medida que la reconstrucción se prolongaba y se acumulaban los casos de corrupción. En Honduras y Nicaragua, la tormenta puso al descubierto la escasa asistencia del Estado a la población rural pobre a la que decía servir.

No todos los desastres terminan así. Cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió Chile en 2010, mucho más fuerte que el que devastó Haití, el Estado gestionó la recuperación con eficacia y reconstruyó la mayor parte de lo perdido en pocos años. Los sistemas de protección civil que México construyó después de 1985 redujeron drásticamente el número de víctimas mortales cuando un terremoto de magnitud similar azotó el país en 2017.

Lo que une estos casos, aunque terminen en situaciones muy diferentes, es simple. Los desastres obligan a un gobierno a demostrar de lo que es capaz y lo que ha estado haciendo con fondos públicos. La capacidad del Estado deja de ser un tema de debate académico y se convierte en una prueba que todos pueden presenciar en tiempo real. En Venezuela, donde los dos terremotos del 24 de junio sacudieron una infraestructura profundamente deteriorada durante dos décadas, esa prueba recae ahora sobre la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ya gobernaba bajo presión popular antes del terremoto.

Los registros históricos son consistentes: la forma en que los gobiernos responden a desastres de esta magnitud moldea las trayectorias políticas mucho después de que pase la emergencia inmediata.