Estados Unidos, que bajo la administración Trump ha recortado drásticamente su cooperación internacional, desplegó una respuesta de gran envergadura para apoyar a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el martes.

El gobierno de Donald Trump, que mantiene al país caribeño bajo su órbita desde la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero -y que proclama, bajo la denominada “doctrina Donroe”, a América Latina como su principal esfera de influencia- anunció el jueves el envío de cerca de 150 millones de dólares en asistencia, la movilización de buques y aeronaves del Comando Sur -el brazo militar de Washington en la región— y el levantamiento parcial de algunas de las sanciones vigentes contra Caracas para facilitar transacciones vinculadas a las labores de rescate.

Dada la magnitud del desastre, una respuesta ágil y eficaz en Venezuela es una necesidad humanitaria legítima. Pero desde la perspectiva de Washington, se trata también de una prioridad estratégica de primer orden.

Convertido en un protectorado de facto, el país sudamericano ocupa un lugar central en la geoestrategia estadounidense en la región. Trump presenta a Caracas como un caso de éxito de su política intervencionista en este segundo mandato y la ha situado como pieza fundamental de su “doctrina Donroe”, que retoma la doctrina Monroe del siglo XIX —origen de décadas de injerencia estadounidense en América, principalmente contra gobiernos e ideologías de izquierda— con una lógica similar: grandes beneficios para los aliados y una respuesta contundente, incluida la intervención militar, contra los adversarios.

Despliegue de recursos

Las declaraciones de solidaridad por parte de Washington llegaron de inmediato y desde los más altos niveles. Pocas horas después del primer sismo, Trump prometió asistencia amplia e inmediata. “Vamos a ayudarles”, reiteró el jueves durante un acto con agricultores en la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció en términos similares, anticipando una respuesta “grande, rápida y efectiva”. A continuación, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento del Tesoro detallaron una extensa lista de recursos destinados a la asistencia humanitaria.

En un comunicado, el Departamento de Estado esbozó sus primeros planes para responder al desastre, que ha dejado más de 500 muertos y más de 4.300 heridos, y que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podría elevar significativamente el número de víctimas fatales. Esta cartera asumió también las funciones de cooperación exterior tras el desmantelamiento, el año pasado, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la reducción drástica del presupuesto destinado a esas tareas.

Del total de 150 millones, dos tercios de ese monto irán a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Venezuela, mientras que los 50 millones restantes se distribuirán entre organizaciones presentes sobre el terreno. Entre ellas World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones.

Washington también desplegó un equipo de respuesta rápida ante desastres (DART) y dos brigadas especializadas de búsqueda y rescate, integradas por los cuerpos de bomberos del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles, California. Ambas cuentan con personal de bomberos, médicos, ingenieros y expertos en rescate con perros entrenados, y tienen experiencia reciente en la región: fueron movilizadas el año pasado en Jamaica tras el paso del huracán Melissa. El Departamento de Estado precisó que coordina estrechamente con el Pentágono las tareas logísticas, ante el cierre del aeropuerto de Maiquetía, en las afueras de Caracas, debido a los daños causados por los sismos.

El Comando Sur indicó que sus fuerzas se movilizaron rápidamente para aportar capacidades logísticas, de rescate y de transporte aéreo, y que coordina con otros socios y aliados de la región que también han anunciado su incorporación a la respuesta internacional. Su jefe, el general Francis L. Donovan, confirmó la movilización de un buque anfibio de transporte, una nave de combate, aviones de carga, plataformas de reconocimiento y helicópteros.

Levantamiento de sanciones

En paralelo, mientras organizaciones de derechos humanos y el gobierno saliente de Colombia -encabezado por Gustavo Petro- reclamaban a Washington el levantamiento de sus sanciones ante la gravedad de la situación, el Departamento del Tesoro anunció la suspensión, hasta el 23 de octubre, de algunas de ellas contra Venezuela, con el fin de habilitar pagos y operaciones financieras exclusivamente vinculadas a las misiones de socorro.

Sin esta medida, según lo indicado por el Tesoro, el gobierno liderado por Delcy Rodríguez habría tenido vedada la realización de esas operaciones.

Luego, la agencia de finanzas federales estadounidenses subrayó que la licencia general que habilita esas transacciones no implica el descongelamiento de activos sujetos a sanciones ni el levantamiento de otras medidas restrictivas que Washington mantiene contra Caracas.

Estados Unidos ha emitido permisos para la explotación y comercialización del petróleo venezolano, cuya industria ha quedado bajo supervisión estadounidense. A pesar de controlar en la práctica el país, mantiene la mayor parte de las sanciones impuestas a lo largo de las más de dos décadas de chavismo.

El contraste

La inmediatez de la respuesta y el volumen de los recursos invertidos contrastan con la actuación de Washington en otros desastres similares durante el mandato de Trump.

Cuando Myanmar sufrió en marzo del año pasado un terremoto de magnitud 7,7 -comparable al de Venezuela y el más grave registrado en esa zona en décadas-, Estados Unidos prometió apenas nueve millones de dólares para uno de los países más empobrecidos del sudeste asiático, donde ya 20 millones de personas requerían ayuda humanitaria antes del sismo. Días antes del terremoto, la administración había desvinculado a los funcionarios que habrían encabezado la respuesta humanitaria.

Meses más tarde, en noviembre de 2025, la reacción ante el paso del huracán Melissa por el Caribe fue algo más sustancial. Washington desplegó un operativo de infantería de Marina, un DART y grupos de rescate, y destinó 37 millones de dólares a los países afectados, apenas una cuarta parte de lo prometido ahora para Venezuela.

“Dada la estrecha colaboración de Estados Unidos con Rodríguez y el foco de la administración Trump en el hemisferio occidental a través de la llamada doctrina Donroe, hay mucho en juego para los responsables de la respuesta”, sostuvo el excoordinador de equipos de respuesta a desastres en Usaid y analista del Council on Foreign Relations, am Vigersky, según consignó El País. Tras el desmantelamiento de la agencia, “el mundo observa muy de cerca si el Departamento de Estado mantiene la capacidad operativa que tuvo Usaid”, agregó, de acuerdo con el mismo medio.

Vigersky también señaló, que “la escala de este desastre es equivalente al terremoto en el sur de Haití de 2021 o al de Turquía y Siria en 2023, ambos con enormes pérdidas de vidas, gigantesca destrucción estructural y graves daños económicos”.

Las promesas de ayuda masiva se produjeron el mismo día en que el Tribunal Supremo estadounidense respaldó a la administración Trump para dictar que el gobierno puede retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) -y, por consiguiente, deportar- a inmigrantes sirios y haitianos acogidos a esa figura migratoria, que concede residencia temporal a ciudadanos de países gravemente afectados por conflictos o desastres naturales.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había cancelado el año pasado el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Afganistán, Nicaragua y Honduras, cuyos ciudadanos beneficiados por esa medida quedan ahora expuestos a las consecuencias del fallo del Supremo.