Paz advierte que “les caerá” la Constitución a los que no quieren dialogar y Congreso allana el camino para aplicar estado de excepción en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes la reducción de su salario y de los ministros en un 50%. Pero dirigentes sindicales dijeron que la decisión llegó “muy tarde”. “El pueblo ya solo pide la renuncia del presidente”, aseguraron.
En la cuarta semana del conflicto en el país, la situación en Bolivia se tornaba más crítica este lunes. Múltiples marchas y falta de gasolina paralizaban La Paz, colapsando el centro de la ciudad, mientras varios sectores amenazaban con sumarse a las medidas de protesta si el presidente Rodrigo Paz no daba una solución inmediata. Incluso, sectores afines al expresidente Evo Morales reclamaban la renuncia del actual mandatario, que asumió hace apenas seis meses. “A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución”, advertía Paz, al tiempo que el Congreso parecía allanar el camino para aplicar ley de Estados de Excepción, un instrumento que le permitiría disponer de medidas extraordinarias para restituir el orden.
La Paz amaneció este lunes sin transporte público y con múltiples marchas que agravaron el colapso vehicular y peatonal en distintas zonas de la ciudad, destacó el diario paceño La Razón. La escasez de gasolina redujo la circulación de minibuses y provocó largas filas en estaciones del teleférico. En paralelo, varias movilizaciones avanzaron hacia el centro de la ciudad. La movilización más numerosa llegó desde El Alto y avanzó hacia el centro paceño en medio de un fuerte resguardo policial. Los manifestantes arribaron durante la mañana a sectores cercanos al centro político y administrativo de la sede de gobierno, indicó el medio.
Pasadas las 14:00 de este lunes comenzaron a registrarse enfrentamientos entre marchistas y efectivos policiales en inmediaciones de la plaza Murillo, en el centro de La Paz, informó el sitio Brújula Digital. Entre los sectores que llegaron al centro paceño pasadas las 13:00 se encontraban la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los Ponchos Rojos, la comunidad Exfondo Achumani Alto, tercera sección Pantini, y los sindicatos de transporte Pedro Domingo Murillo y Sur, entre otros. Al menos 20 personas fueron detenidas a raíz de los disturbios en La Paz, en lo que el diario cruceño calificó como la marcha más numerosa, pero la menos violenta en las tres semanas de conflicto que azota a la sede de gobierno.
Mientras tanto, vecinos de vecina ciudad de El Alto bloquearon la entrada y salida de vehículos y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Alto. Los movilizados también exigían la renuncia del presidente. Según la agencia Fides, se trata de la segunda vez en menos de una semana que manifestantes instalan bloqueos en los accesos al recinto. Una protesta similar se registró el viernes pasado, cuando también se restringió el acceso al aeropuerto.
El escenario se complicó aún más luego que la Federación Departamental de Trabajadores Petroleros de La Paz se declarara este lunes en estado de emergencia y confirmara que se plegará a las movilizaciones impulsadas por la COB que exige la renuncia de Rodrigo Paz. El dirigente del sector Vladimir Condori cuestionó la gestión del presidente y afirmó que el gobierno no logró responder a las demandas de sectores populares y originarios. “Le hemos dado la suficiente confianza, suficiente tiempo para que este presidente dé la solución (...) no ha podido, está empeorando”, declaró, al tiempo que criticó el manejo de la crisis de combustibles y denunció presuntas afectaciones a sectores productivos y del transporte. “En vez de traer combustible y gasolina de buena calidad, está importando gasolina basura, gasolina sucia”, sostuvo.
El dirigente pidió cambios en la conducción del país y aseguró que el actual gobierno no tiene capacidad para resolver la crisis nacional. “Si no tiene la capacidad, que renuncie”, expresó Condori.
Bolivia amaneció este lunes con 54 puntos de bloqueo en carreteras de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, según un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El departamento más afectado es La Paz, con 20 puntos de bloqueo. Cochabamba registra 13 rutas interrumpidas; Potosí, 10; Oruro, nueve; y Santa Cruz, dos. Un actualización posterior dio cuenta de 58 bloqueos activos en el país.
Y el impacto económico de los bloqueos ya se hace sentir. Según El Deber, el Colegio de Profesionales del Comercio Exterior reportó hasta 2.400 toneladas de carga detenidas por punto de bloqueo, mientras que despachantes aduaneros de La Paz calculan pérdidas superiores a los 60 millones de dólares por día. El agro también reporta severas afectaciones. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) estima pérdidas de hasta cuatro millones de dólares diarios y el sector avícola calcula daños económicos de ocho millones de bolivianos por jornada. Además, cerca de 7.000 camiones permanecen varados en diferentes rutas del país.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, advirtió este lunes sobre el fuerte impacto económico que generan los bloqueos en el país y aseguró que Bolivia acumula más de 550 millones de dólares en exportaciones paralizadas, principalmente por la interrupción de rutas hacia los puertos del océano Pacífico.
Varios de los grupos en conflicto endurecieron en las últimas horas sus posiciones, con el expresidente Evo Morales tildando de “traidores” a los dirigentes sindicales que han tenido acercamientos o se han mostrado dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno de Paz.
El exlíder cocalero cuestionó la narrativa del Ejecutivo, que inicialmente calificó de “vándalos” a los movilizados, y luego convocó a diálogo a los dirigentes que impulsaron las protestas. Además, aseguró que las manifestaciones trascienden los reclamos sociales o sindicales de los sectores que protestan, pues tienen como objetivo la defensa de un modelo económico.
En una publicación en X, Morales afirmó que “a Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
El gobierno señala que más allá de las peticiones de los manifestantes, detrás del caos se encuentra Morales, en medio de sus intentos fallidos por volver al poder. Y es que las exigencias económicas se han mezclado con las peticiones políticas. Desde su confinamiento en el trópico de Cochabamba, Morales ha usado las redes sociales como una plataforma para instar a las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.
“Es un escenario complejo porque han confluido elementos sociales muy legítimos con elementos políticos de inestabilidad que están siendo alentados por el que fuera el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS)”, del expresidente Evo Morales, explicó la semana pasada a France 24 la politóloga María Teresa Zegada.
“Al borde del precipicio”
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó este lunes a recapacitar a todos los actores involucrados en el conflicto social y advirtió que el país se encuentra “al borde del precipicio” tras más de 25 días de tensión, bloqueos y afectaciones a derechos fundamentales de la población.
“Estamos al borde de un precipicio y debemos actuar responsablemente todos, gobierno, movilizados, sociedad, medios de comunicación, absolutamente todos. (...) No podemos generar actos de violencia, venga de donde venga. No podemos limitar el acceso a la alimentación, a la salud, a ningún derecho.”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al insistir en la necesidad urgente de diálogo y pacificación.
En la misma línea, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió este lunes un urgente comunicado “exhortando a los sectores en conflicto y a las autoridades de gobierno a retomar el camino del diálogo con sinceridad y responsabilidad ante la difícil situación que atraviesa el país”.
Monseñor Giovani Arana, obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, emitió el pronunciamiento eclesiástico, en el que destacó el llamado urgente al diálogo y a la búsqueda del bien común. “La Iglesia reconoce la existencia de demandas y reivindicaciones sectoriales legítimas que merecen ser atendidas. Sin embargo, alerta sobre el creciente sufrimiento de la población: familias afectadas por el desabastecimiento, enfermos con dificultades para recibir atención médica, pérdidas económicas, incertidumbre y angustia en los hogares, especialmente entre los más pobres y vulnerables”, manifestó.
Desde Santa Cruz, en tanto, el Comité Cívico -una asociación civil que agrupa organizaciones de base- convocó al presidente Paz a una reunión nacional de manera presencial en ese departamento para este jueves. Asimismo, acordaron activar la alerta democrática internacional ante la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea para denunciar este intento de ruptura constitucional. “Como movimiento cívico nacional, denunciamos que el orden constitucional y la paz social están secuestrados por grupos irregulares que disfrazados con la máscara de protesta ejecutan una ruta de violencia, asfixian la economía y ocasionan el desabastecimiento de alimentos contra todo el pueblo cruceño y boliviano”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.
“Estado de excepción sectorizado”
De igual modo, los cívicos exigieron al presidente Paz la declaratoria de “estado de excepción sectorizado” en las zonas críticas para restablecer el orden y garantizar el abastecimiento a todo el territorio nacional, tras denunciar un “vacío de poder”. También dieron un plazo a Paz para tomar acciones para restablecer el orden o “el pueblo lo hará por la fuerza de la razón y la justicia”.
Desde el departamento de Tarija se sumaron al pedido. El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ronald Garnica, y el dirigente de la Federación del Autotransporte de Tarija, José Larrazabal, coincidieron que urge la declaratoria del Estado de Excepción en La Paz y El Alto para restablecer el orden público. “El cerco en los departamentos del Occidente están generando un gran daño económico al país. Y la única vía para poner orden es el Estado de Excepción que lo venimos diciendo hace días”, expresó Garnica.
Al respecto, el Senado aprobó este domingo en una sesión ordinaria la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, en una decisión que podría aumentar el margen de maniobra de Paz para restituir el orden, destacó France 24.
Con un apoyo inesperadamente abrumador y solo tres votos en contra por parte de los legisladores del bloque afín al vicepresidente Edmand Lara, los senadores depusieron limitaciones introducidas en 2020, como la supervisión legislativa a la imposición de este tipo de medidas y la obligatoriedad de establecer límites temporales para su aplicación.
La Cámara de Diputados convocó a una nueva sesión virtual para las 11:00 de este martes, en una jornada que puede resultar clave para el manejo de la crisis que atraviesa el país. Esto, porque se prevé que durante la jornada se trate el proyecto de ley que abroga la Ley 1341. Si la Cámara Baja da su visto bueno a las modificaciones aprobadas por el Senado, se reducirían las restricciones procedimentales para la eventual imposición de un estado de sitio por parte del Ejecutivo, indicó el diario El Deber.
En todo caso, el gobierno descartó nuevamente aplicar un estado de excepción frente a los bloqueos y protestas, principalmente en el occidente del país, y aseguró que insistirá en el diálogo con los sectores movilizados. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Ejecutivo busca evitar una mayor escalada de violencia y rechazó responder a las protestas con acciones represivas. “En Bolivia, tradicionalmente los gobiernos han hecho uso del estado de sitio cuando había convulsiones sociales de esta naturaleza. Pero los bloqueos se alimentan de violencia”, señaló en una entrevista con el diario argentino Clarín. El ministro sostuvo que los bloqueadores buscan provocar una respuesta violenta del Estado para profundizar el conflicto y generar más víctimas. “Era una provocación para entrar en una espiral de violencia”, sostuvo.
Paz se rebaja el sueldo en un 50%
En el comienzo de la cuarta semana del conflicto en el país, el presidente Paz pidió disculpas este lunes y anunció la reducción de su salario y de los ministros en un 50%, además de impulsar un “perdonazo tributario” destinado a pequeños contribuyentes y sectores populares.
“Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50% para que sea aporte claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, dijo Paz durante su mensaje por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina, desde la Casa de la Libertad en Sucre.
Pero el secretario general de la COB, Claudio Choque, y el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, Cecilio Gonzales, afirmaron que el anuncio de reducción de salarios de Paz y sus ministros llegó tarde. “Es una decisión muy tarde (del presidente); las bases ya están en las calles y existe una decisión muy clara orgánicamente (que es la renuncia de Paz)”, declaró Choque. “Creemos que ha tenido su tiempo para cumplir esa petición de la sociedad, de los sectores movilizados; pero no ha dado una respuesta favorable en su momento y el pueblo ya solo pide la renuncia del presidente, sobre esa base están centrados los puntos de bloqueo”, añadió Gonzales.
En cuanto al “perdonazo tributario”, Paz afirmó que la medida no busca beneficiar a “los ricos”, sino a gremiales, trabajadores por cuenta propia, transportistas y artesanos, con el objetivo de que reactiven su economía.
Paz aseguró que se resolverán los problemas y que “les caerá” la Constitución a los que no quieren dialogar. “Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, dijo el mandatario. “Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución”, reiteró.
“¿Es tan difícil sentarnos entre bolivianos para dialogar y resolver nuestros problemas? Todos somos hijos de la patria, todos merecemos el mismo derecho y yo soy agradecido porque, en algunas regiones más que en otras, a través del voto, lograron que yo estuviera donde estoy (…) y si a algunos de ellos, tal vez no pude atender a tiempo, pido disculpas, pero los voy a atender”, afirmó Paz.
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