La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer este jueves una investigación que cifra en alrededor de 1,2 millones las personas que necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto que golpeó el occidente de Colombia.

De acuerdo a una revisión realizada por medio del Plan de Respuesta Humanitaria de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la ONU y sus socios necesitan US$135 millones para responder a la emergencia en el país latinoamericano.

Esto porque se necesita asistir a unas 671.000 personas en las zonas más afectadas, principalmente en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas, con alimentos, alojamiento, atención sanitaria, agua y saneamiento, educación, ayuda monetaria y servicios de protección.

El organismo además señaló que los equipos humanitarios ya están desplegados en varias de las zonas, pero el acceso sigue siendo desigual. Más de 400 carreteras resultaron dañadas por el sismo y, en las áreas rurales y más remotas, esos daños se suman a dificultades logísticas que ya existían antes del terremoto, de acuerdo a la ONU.

El especialista en respuesta humanitaria y recuperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Jean-Philippe Antolin, afirmó desde la ciudad colombiana de Quibdó que “prácticamente todo sigue siendo urgente” y que el alcance total de la emergencia todavía no está claro.

Esto porque a diez días después del terremoto todavía hay comunidades a las que la asistencia no ha podido llegar de forma regular. “Hay comunidades a las que todavía no se ha podido acceder, o a las que solo se ha llegado una vez”, explicó Antolin por internet a periodistas en la sede de la ONU en Nueva York.

De acuerdo al organismo, las últimas cifras oficiales sobre víctimas tras el sismo indican que más de 300 personas han muerto, 426 continúan desaparecidas y más de 4500 resultaron heridas en 472 municipios de 15 departamentos de Colombia.

Además, más de 134.000 viviendas están dañadas y casi 30.000 fueron destruidas. Para muchas familias, incluso las viviendas que continúan en pie todavía no pueden considerarse seguras.

“Desde fuera, algunas pueden no parecer afectadas. Pero si entras, ves grietas por todas partes”, explicó Antolin, añadiendo que “la gente está durmiendo afuera por miedo a que el techo se les venga encima”.

Para esas familias, una de las necesidades más urgentes es saber si su vivienda es segura. Las evaluaciones estructurales continúan mientras miles de personas buscan dónde quedarse.

La OIM ha identificado al menos 71 alojamientos colectivos temporales, donde viven unas 4.700 personas, equivalentes a cerca de 1.400 hogares, en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

Muchas otras se han instalado con familiares, arrendado temporalmente una vivienda o permanecen en espacios improvisados. Esto dificulta localizarlas y determinar qué asistencia necesitan.

“No queremos que los albergues se conviertan en imanes (de ayuda), como si fueran los únicos lugares donde la gente puede acceder a la asistencia”, advirtió al respecto Antolin.

Una situación que empeora con las fuertes lluvias registradas en lugares como Quibdó, Buenaventura y Pereira, las que están complicando aún más la vida de quienes duermen en albergues, escuelas, iglesias, edificios públicos o espacios abiertos.

“La lluvia también está facilitando la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue”, advirtió el especialista de la OIM.