Colombia entró en la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Esta semana, los candidatos se tomaron las plazas para la celebración de sus cierres de campaña, evento previo a la definición de quién sucederá al presidente izquierdista Gustavo Petro.

El escenario político es el siguiente: por un lado, Colombia puede permanecer como un baluarte del progresismo en la región. Por otro, puede retornar a una administración de derecha. Pero ahora este sector no está unificado en torno al uribismo, sino que dividida con la aparición de -como ya es tendencia a nivel mundial- un candidato de la extrema derecha, populista y outsider.

La izquierda es representada por el oficialista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico que lidera la coalición Alianza por la Vida. Por su parte, la derecha llega dividida. Paloma Valencia, representante del Centro Democrático busca consolidar el voto uribista y cristiano. En tanto, el abogado Abelardo de la Espriella, representante de la extrema derecha y carta del movimiento “Defensores de la Patria”, se concentró -así como sus símiles en la región- en la seguridad y la reactivación económica.

De cara a la primera vuelta, los resultados de las encuestas difieren. Según el último sondeo de Invamer, Cepeda se mantiene sólido en el primer lugar con un 44,6% de intención de voto, seguido por De la Espriella con un 31,6% y Valencia con un 14,0%.

Sin embargo, otras mediciones, como la de la Fundación Génesis Crea, sugieren una disputa mucho más cerrada por el segundo cupo. Este sondeo ubica a Valencia por encima de De la Espriella, con 27,9% y 21,7%, respectivamente. Cepeda, el abanderado de Petro, seguiría liderando con un 34,3%.

A pesar de las diferencias, la tendencia sería clara: mientras Cepeda capitaliza el voto unificado de la izquierda, la derecha se debate entre el arraigo institucional del uribismo y el fenómeno de un liderazgo fuerte y de “mano dura” -similar al de Nayib Bukele- en un país asediado por la violencia desde hace décadas.

Violencia política

Y la campaña no estuvo al margen de esto. El proceso electoral colombiano se desarrolló bajo la amenaza y atentados constantes de grupos armados. El primer gran hito del ciclo de violencia en la carrera presidencial ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado durante un mitin político en Bogotá.

Uribe Turbay, de 39 años, recibió varios impactos de bala. El atacante, un adolescente de 15 años, fue capturado en flagrancia. Tras dos meses de agonía, el líder opositor falleció el 11 de agosto, iniciando un clima de inseguridad incluso antes del período oficial de campañas.

A solo dos semanas de los comicios, el municipio de Cubarral, en el departamento del Meta, se convirtió en el epicentro de otro episodio de violencia. En la mañana del 15 de mayo, unos hombres armados ametrallaron el auto en el que viajaba Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático y parte de la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia. El militante salió ileso gracias a que el vehículo estaba blindado.

Menos de 12 horas después, fueron asesinados el exalcalde Rogers Mauricio Devia y su asesor Eder Fabián Cardona, miembros de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El crimen, atribuido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue calificado por De la Espriella como un acto del “narcoterrorismo de siempre” que buscó silenciar su propuesta de seguridad.

Pero el oficialismo tampoco ha estado exento de ataques. El presidente Gustavo Petro denunció recientemente un intento de secuestro contra el senador Alexander López, pieza clave en la coordinación de la campaña del Pacto Histórico. El vehículo de López fue atacado con ráfagas de fusil en una carretera del Cauca, al suroccidente del país, por miembros del mismo grupo armado.

En este contexto, el profesor de Ciencia Política de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, explicó a La Tercera que existe la posibilidad de que se den nuevos atentados contra los candidatos, especialmente contra aquellos de derecha, sector reticente a negociar con las organizaciones armadas.

“Cada grupo armado organizado pugna por obtener recompensas futuras y coacciona a la población en sus áreas de influencia”, señaló el analista.

Luego, agregó que “tales grupos manejan sus cálculos, rechazando principalmente a la derecha, que se niega a darle continuidad a las tratativas. El crimen de Miguel Uribe Turbay, quien hoy estaría a las puertas de la Presidencia, sigue generando el temor de un nuevo magnicidio”.

Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Mauricio Reyes, apuntó a la posibilidad de que las elecciones se vean permeadas por la voluntad de las organizaciones armadas. “Es claro que la falta de control territorial del Estado colombiano facilita que actores armados en sus áreas de influencia puedan afectar no solo la seguridad de las campañas presidenciales, sino que se incida en la voluntad de los electores”, comentó Reyes a La Tercera.

Este fenómeno fue documentado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) de Colombia, que en su informe “Votar con miedo” identificó más de mil puestos de votación con “patrones atípicos”, concentrando a casi medio millón de ciudadanos bajo riesgo de coacción armada.

Según el ICP, las señales de vigilancia comunitaria y restricciones a la movilidad en zonas controladas por economías ilegales sugieren que “el voto se captura antes de llegar a la urna”.

Sin embargo, en un aparente intento por garantizar la “no interferencia” de la jornada electoral, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció recientemente un alto el fuego unilateral de tres días que se extenderá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio.

La guerrilla justificó la tregua apelando a su supuesto “respeto al libre derecho al voto”, asegurando que su política no incluye atentar contra candidatos y ordenando a sus filas suspender cualquier operación ofensiva contra las Fuerzas Armadas estatales.

Dardos contra el sistema electoral

Además de los episodios de violencia que podrían influenciar el resultado de la carrera presidencial, la carrera por el sillón del Palacio de Nariño también tiene una arista de disputa institucional, que podría desembocar en acusaciones de fraude electoral.

Lo anterior porque el presidente Gustavo Petro puso en duda la transparencia del sistema electoral. El mandatario acusó al director de la Registraduría Nacional, Hernán Penagos, de liderar una institución que “no es transparente”.

Petro exigió a la institución entregar el código fuente del software electoral al Estado, bajo el argumento de que este debe ser auditable para garantizar la legitimidad de los resultados.

Ante la exigencia del presidente, Penagos respondió con contundencia. Calificó la petición como un “grave riesgo” para la integridad de los comicios. Según el Registrador Nacional, entregar el código equivaldría a exponer el sistema a vulnerabilidades que podrían generar inconsistencias irreparables en el proceso.

Luego, agregó que mantener narrativas de fraude sin pruebas es una irresponsabilidad que puede escalar a episodios de violencia tras el cierre de las urnas.

Ante esto, el académico Reyes sostuvo que la intentona de Petro puede significar un “tiro por la culata” ante las votaciones. “Las acusaciones fraude ratifican un constante irrespeto a la institucionalidad y la división de poderes que puede jugarle en contra al gobierno”, dijo académico de la UNAL a La Tercera.

Paralelamente, el procurador general, Gregorio Eljach, instó al mandatario colombiano a no intervenir políticamente en la campaña. Exigió a Petro que actúe como un “ejemplo de neutralidad”, y que cese el uso de canales gubernamentales y redes sociales oficiales para hacer “proselitismo electoral”.

Y la postura del jefe de la Procuraduría no es solo simbólica. Bajo las instrucciones de Eljach, la institución ordenó la suspensión provisional de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quien se manifestó públicamente a favor de la candidatura de Iván Cepeda.

Atlas Intel cuestionada

En medio de estos cuestionamientos a las instituciones electorales de parte la presidencia y el oficialismo, recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió imponer una medida cautelar para suspender la divulgación de las encuestas de la firma brasileña Atlas Intel, que proyectó una victoria de De la Espriella en una hipotética segunda vuelta contra Cepeda.

El conflicto se inició luego de que desde Pacto Histórico cuestionaran el rigor del sondeo. El oficialismo denunció que la metodología de Atlas Intel se basó exclusivamente en la recolección de datos en línea. Esto habría causado un sesgo en los resultados, debido a que esto generaría una subrepresentación de los sectores rurales.

Políticamente, el resultado de esta encuesta no es baladí. La firma brasileña es la única que prevé la victoria de Abelardo de la Espriella. En contraste, otras mediciones -como la de la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez- mantienen a Paloma Valencia como la principal contendora del oficialista Cepeda en el balotaje, dejando al abogado de extrema derecha en tercer lugar.

Ante esto, el movimiento de De la Espriella, Defensores de la Patria, inició acciones legales contra la decisión del consejo electoral, calificando la decisión como un hecho de “máxima gravedad democrática”.

Luego, añadieron: “Ninguna autoridad administrativa puede apagar la información, limitar el acceso ciudadano a mediciones electorales ni restringir el derecho de los votantes a conocer el estado real de la contienda”.

Derecha dividida hacia el balotaje

Aunque finalmente el CNE revocó la medida cautelar contra el sondeo de Atlas Intel, la prohibición de la circulación de los resultados agudizó la contienda que, por ideología, ya está dividida. La competencia entre la uribista y el abogado outsider divide las fuerzas entre el conservadurismo colombiano.

Este quiebre es especialmente visible en el voto evangélico: el partido MIRA oficializó su apoyo a Valencia, mientras que el abogado recibió el espaldarazo de agrupaciones político-confesionales más radicales, como Colombia Justa Libres y la Iglesia G12.

Pero las encuestas muestran escenarios dispares para el balotaje del 21 de junio. Por ejemplo, según la encuesta de la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, en caso de que Valencia se imponga a De la Espriella el 31 de mayo, la uribista lograría la presidencia con un 46,5% frente al 40,3% de Cepeda. En contraste, este mismo estudio señala que si el rival fuera De la Espriella, el oficialismo permanecería en el poder con un 43,2%.

La medición de la Fundación Génesis Crea coincide en este diagnóstico. Valencia ganaría con un 49,1% en un enfrentamiento directo frente al candidato de Pacto Histórico.

Frente a estos escenarios, Torrijos explicó por qué la derecha llegó dividida a la carrera presidencial. “El uribismo clásico no quería perder su hegemonía. La neoderecha sabía que, como alternativa autónoma, no podía renunciar a su ventaja estratégica”.

De esta forma, según el académico, la oposición habría renunciado a la posibilidad de ganar en primera vuelta, pero agregó que “todo apunta a que en la segunda superará a Iván Cepeda”.

Al respecto, Mauricio Reyes negó que la división otorgue una ventaja al oficialismo y argumentó que, ante una oferta única de la derecha en segunda vuelta y un candidato que se “aleja de la izquierda socialdemócrata y se acerca más al dogmatismo comunista”, la victoria de Cepeda no está asegurada.

“De muy poco servirá darle a Cepeda una imagen socialdemócrata, cuando el imaginario lo ubica con un comunismo dogmático, como pasó con Jara en Chile. (Esta situación) se parece al escenario de las pasadas elecciones presidenciales chilenas”, comparó el académico de la Universidad Nacional de Colombia.