El exministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó de “delicada” la propuesta del gobierno de reforma constitucional en materia de seguridad y que excluiría de prestaciones sociales, entre ellas la de salud, a las personas condenadas por delitos graves, violentos, o ligados al crimen organizado.

En entrevista con 24 Horas, el extitular de Salud, sin embargo, afirmó que el plan de seguridad del Ejecutivo, “es bienvenido, es necesario y que la gente lo valora enormemente”.

En ese contexto, el exsecretario de Estado afirmó que la reforma constitucional que busca implementar el gobierno del Presidente José Antonio Kast y que plantea restricciones de acceso para condenados durante su pena y hasta 15 años posteriores, puede ser “delicado”.

“Yo creo que ese tema en particular, es delicado porque evidentemente cuando una persona está en presidio cumpliendo una pena ya sancionada, está castigado, efectivamente es el Estado el garante de su salud. Se hace cargo, la persona no puede decir que venga tal médico a verme ni ir a algún servicio de salud”, afirmó Mañalich.

El dos veces ministro de Salud durante los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera planteó que “es el Estado, a través de Gendarmería, con un aparato bien sofisticado, el que está a cargo de la salud de los internos”.

“Acá lo que se propone, es que durante el cumplimiento de esa pena se puedan restringir ese acceso a la salud y una vez cumplida la pena, es decir, 15 años o lo que fuera, por otros 15 años la persona no pueda tener beneficios pagados por el Estado”, explicó en torno a la propuesta del borrador constitucional dado a conocer por La Tercera.

“Yo creo que elevar esto a un marco constitucional es delicado, porque requeriría una serie de leyes interpretativas, sujeto además, a que nosotros tenemos acuerdos internacionales -no solo la Constitución- donde esto está de alguna manera, limitado”, agregó.

En esa línea, el extitular de Salud destacó que “Chile no puede hacer lo que se le ocurra en la materia y creo que es prudente, independiente de este enredito entre el Ministerio de Seguridad y el de Salud, que esto se perfeccione antes de llevarlo a una discusión legislativa”.

En ese sentido, el exministro, sostuvo que una medida como esta “tiene una dimensión ética”, al igual que genera externalidades negativas en salud pública, dado que los reos pueden adquirir diversas enfermedades durante su paso por la cárcel.

Mañalich ejemplificó con que “si una persona durante su estadía en la cárcel adquiere sida, ¿no va a recibir tratamiento para eso? Y cuando salga, esto que es una garantía explícita universal, ¿no va a recibir tratamiento y va a infectar a otros? Es complicado. La persona tiene tuberculosis, o un trastorno mental documentado, ¿no va a recibir ningún tratamiento?“.

“Acá hay un tema de la salud pública que siempre mira poblaciones. La salud pública no solo mira individuos, mira poblaciones”, añadió.

Asimismo, consultado respecto a experiencias similares en otros países respecto a este nivel de sanción, Mañalich fue tajante en señalar que “esto es único en el planeta. El nivel de sanciones, de cambios constitucionales que se está proponiendo en Chile, no existe en otra parte”.

“Esto realmente sería una novedad y esto genera una discusión que nos saca del foco”, afirmó el exministro, estimando que dicha discusión atraería la intervención, incluso, de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otras.