Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un amplio respaldo ciudadano a las medidas del gobierno en materia de seguridad escolar, destacando el apoyo al plan “Escuelas protegidas” y a eventuales sanciones contra estudiantes involucrados en hechos violentos.

El sondeo -aplicado en formato online a 1.003 personas- arrojó que un 70% -frente a un rechazo de un 24%- está de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, que contempla la instalación optativa de pórticos detectores de metales, revisión de pertenencias, mayor respaldo a los docentes y la prohibición de ciertas prendas.

Según el estudio, un 67% de los consultados declaró conocer el anuncio del gobierno para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.

Asimismo, un 75% respalda que alumnos que participen en actos violentos pierdan el acceso a la gratuidad universitaria.

Respecto de las medidas sancionatorias, el respaldo es aún mayor: un 88% está a favor de sancionar o expulsar a estudiantes involucrados en hechos de violencia, mismo porcentaje que aprueba la instalación de cámaras de seguridad.

En tanto, un 87% respalda aumentar las penas por delitos cometidos en las cercanías de colegios y un 83% apoya restringir el uso de capuchas u otros elementos que oculten el rostro.

En la misma línea, un 81% se muestra a favor de otorgar más atribuciones a los profesores, mientras que un 79% apoya la instalación de pórticos detectores de metales. Asimismo, un 77% respalda la revisión de pertenencias y un 76% está de acuerdo con suspender beneficios sociales a estudiantes involucrados en hechos violentos.

Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo, también se incluye impedir el acceso a la gratuidad universitaria para quienes hayan sido condenados por estos hechos, iniciativa que cuenta con un 75% de respaldo. A su vez, un 74% apoya la instalación de cámaras con reconocimiento facial en los accesos a los establecimientos.

No obstante, el estudio advierte que, en comparación con la medición anterior del 1 de abril, varias de estas medidas han registrado una leve baja en su nivel de apoyo.

En cuanto a la efectividad de las iniciativas, un 38% las considera “muy o bastante” efectivas, mientras que un 32% las califica como “algo efectivas” y un 24% estima que son “poco o nada” efectivas.

Finalmente, sobre las responsabilidades en la violencia escolar, un 31% apunta a las familias y apoderados, un 17% a la sociedad en general y un 5% al Estado. En menor medida, se responsabiliza a los estudiantes (4%) y a los profesores (1%). Sin embargo, un 41% considera que todos los actores mencionados comparten responsabilidad por igual.