Este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio, en la cual se revela que una amplia mayoría de los consultados considera que los adolescentes que cometen delitos de mayor gravedad deberían enfrentar sanciones equivalentes a las de un adulto.

Los resultados se conocen tras reactivarse el debate sobre la responsabilidad penal adolescente tras la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

De acuerdo con el sondeo, un 76% de los consultados estima que los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan delitos como homicidios, secuestros o violaciones deben ser juzgados como adultos, mientras que un 21% considera que deberían continuar siendo procesados bajo un régimen especial para adolescentes.

Actualmente, en Chile la responsabilidad penal comienza a los 14 años. Sin embargo, un 36% cree que la edad mínima para responder penalmente debería reducirse a 12 años, mientras que un 32% opina que debe mantenerse en los 14 años establecidos por la legislación vigente.

No obstante, un 42% sostiene que la edad mínima para que un adolescente pueda ser juzgado como un adulto debería fijarse precisamente en los 14 años.

Apoyo a cárceles especiales para menores

El estudio de opinión también consultó sobre el lugar donde deberían cumplir condena los adolescentes responsables de delitos graves. En ese escenario, un 62% manifestó estar de acuerdo con la existencia de cárceles especiales para menores de edad, mientras que un 34% considera que deberían permanecer en recintos penitenciarios junto a adultos.

Respecto de las medidas que podrían reducir la participación de menores en hechos delictuales, un 29% identificó la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil como la acción más efectiva, seguida por un 27% que apunta a disminuir la edad de responsabilidad penal.

En tanto, al consultar por las causas del fenómeno, un 51% atribuyó la principal responsabilidad a las familias de los adolescentes involucrados en delitos graves.