Hasta el viernes se podría extender el proceso de demolición de viviendas y estructuras del Campamento Dignidad, informó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Según detalló la autoridad, tras los incidentes registrados durante la mañana, es que se inició el proceso de demolición de las primeras viviendas. “Esperamos a más tardar el viernes a mediodía, dar por completamente culminado este proceso”, expresó.

En la ocasión, el delegado además abordó las denuncias de subarriendos en el terreno apuntando que “en los campamentos coexisten distintas dinámicas, personas que efectivamente en algún momento de desesperación, en un contexto de extrema vulnerabilidad, en particular al calor de lo que fue la pandemia, se instaló en estos campamentos, pero también se generan abusos, se generan incivilidades, se generan privilegios por parte de personas que pretenden administrar el espacio, y efectivamente eso genera muchas veces la dinámica de arriendo de los terrenos, personas que se iban del campamento pero dejaban arrendado o a veces incluso vendido el espacio físico".

En la misma línea, frente a las acusaciones de dirigentes de que no existía información, el delegado sostuvo que existieron múltiples reuniones y notificaciones.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, apuntó que “todos los vecinos sin distinción estaban en conocimiento que este proceso era una etapa que iba a venir en algún minuto”.

Según añadió en la ocasión, “a la fecha hemos desarrollado más de 20 operativos en terreno y en el municipio para justamente generarles el espacio, la instancia y que las personas puedan alegar, puedan acompañar la documentación necesaria” para acceder a los subsidios habitacionales.

En la misma línea, sostuvo que “hay un número no menor de personas que directamente no cumplen con estos requisitos y nunca van a poder acceder a una solución habitacional, ya sea porque se encuentran en una situación migratoria irregular, no cumplen con parámetros de vulnerabilidad o incluso en algunos casos, tal como se ha hablado, directamente cuentan con una propiedad, ya sea acá o también en el extranjero”.

“Del catastro original, acá originalmente estábamos hablando de un número superior a las 600 personas, más o menos el 50% de las personas estaba en una de las condiciones de exclusión que establece el Serviu”, mencionó.