La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Atacama junto con equipo de la Bridec y Brilac de la PDI, lograron destapar una red que operaba en un centro de salud de Copiapó, donde los funcionarios emitían bonos falsos que luego cobraban en Fonasa.

En total se detuvo a cuatros personas: tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo a los antecedentes, los cuatro se desempeñaban en el centro de salud VenNorte en Copiapó, recinto en el que se cometieron defraudaciones por más de 260 millones de pesos mediante la tramitación de bonos de atención dental falsos a través de la huella digital de pacientes que concurrieron a dicho establecimiento.

El fiscal Luis Miranda Flores, explicó que “los imputados idearon la acción delictual a partir de pacientes reales, alrededor de 400 contabilizados a la fecha y de ellos algunos menores de edad, quienes concurrían al VenNorte para realizarse exámenes de imagenología, procedimientos que se realizaban de manera normal y no levantaban sospechas".

La autoridad precisó que la huella digital de los usuarios, “utilizada en el sistema I-MED, era ocupada de manera ilegal y sin conocimiento de los pacientes, para tramitar bonos PAD de atención dental que luego eran cobrados a Fonasa, a pesar de que dichos procedimientos nunca se realizaron. Generando con ello un perjuicio al Estado de más de 260 millones de pesos”.

La investigación también constató que los imputados están involucrados en la creación de sociedades y empresas, con las que luego triangulaban el dinero de las ganancias para “blanquear” las utilidades recibidas de manera irregular por parte del Estado a partir de la información falsa que el centro de salud hacía llegar a Fonasa.

La estructura

Esta red de fraude mantenía un líder, quien se habría encargado de reclutar a los demás involucrados. Se trata de un auxiliar paramédico de odontología, quien además se hacía pasar por doctor, configurando con ello el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

En el grupo también participaba un médico radiólogo que dotaba de cobertura clínica real y verificable a la actividad del centro, firmando los informes ecográficos de los pacientes cuyas sesiones biométricas eran simultáneamente utilizadas en recepción para la emisión de bonos falsos.

El tercer imputado se encargaba de recibir, estratificar y redistribuir los fondos defraudados. Mientras que la última detenida trabajaba como recepcionista del centro médico, quien era en definitiva la operadora material del I-Med y la ejecutora directa del protocolo de doble huella.

De acuerdo a la Fiscalía, esta mujer era la encargada de capturar las sesiones biométricas de los pacientes y con ello emitir los bonos PAD falsos.

La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, informó que “el proceso investigativo permitió acreditar los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, asociación ilícita y ejercicio ilegal de la profesión”.

Además, señaló que “el trabajo policial logró establecer que este modus operandi llevaba casi tres años funcionando en este centro médico“.

En la audiencia de formalización, el Tribunal estableció las medidas cautelares de prisión preventiva para dos de los imputados que tuvieron una participación más directa en los delitos: el líder de la agrupación delictual y quien se encargaba de los movimientos financieros, mientras que los otros cumplirán la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

“El Tribunal fijó tres meses de plazo para el desarrollo de las diligencias pendientes en este caso, periodo en que la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando tareas indagatorias que lleven a reunir la totalidad de los medios de prueba. No descartando, identificar a más pacientes afectados”, puntualizó el fiscal Miranda.