Durante 2025, una serie de cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción, derivaron en la desvinculación del entonces director de Administración y Finanzas de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Eddy Symmes. Pero su salida, lejos de quedar en el olvido, terminó judicializada, tanto en materia penal como laboral.

Esto último se dio luego de que el exfuncionario, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al Fisco tras una querella de la propia corporación, ingresara una demanda de tipo laboral en contra de la municipalidad.

En esa acción judicial, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Symmes apuntaba a una denuncia de tutela de derechos fundamentales y acusaba un despido injustificado en la remoción de su cargo.

A raíz de aquello, exigía el pago de una indemnización de $ 315 millones, de los cuales $ 100 millones apuntaban a reparar el daño moral que provocó su salida de la institución.

Sin embargo, hace algunas semanas el tribunal determinó acoger sólo en parte la demanda del removido funcionario, únicamente en la parte de que el municipio le adeudaba el pago de $25 millones en concepto de vacaciones legales acumuladas, que corresponde al pago que se acoge ante las desvinculaciones.

A pesar de aquello, la justicia laboral rechazó íntegramente el pago de cualquier tipo de indemnización a Symmes, determinando que no existió vulneración en su despido y, menos, daño a su honra. Además de eso, el mismo tribunal también estableció que no hubo ningún daño moral ni de irregularidades por tutela laboral.

La negativa del municipio

Poco más de un año se extendió el juicio laboral que surgió tras la demanda presentada por el exdirector de Administración y Finanzas. Durante ese proceso, la Corporación de Las Condes, la que aún mantiene una querella en contra del exfuncionario, se negó a llegar a cualquier tipo de acuerdo judicial con Symmes evitando pagar el dinero proveniente de la Municipalidad de Las Condes.

Según pudo conocer este medio, la sentencia quedó firme y ejecutoriada el pasado 5 de octubre, luego de que el exfuncionario no recurriera o apelara a otras instancias.

En el juicio laboral, la Corporación de Las Condes fue representada por el estudio Vicuña Valenzuela Abogados, quienes llevaron el caso por más de un año.

Consultados al respecto, desde dicho estudio afirmaron que “fue un juicio especialmente complejo, por la sensibilidad pública de los hechos y el volumen de antecedentes que debimos acreditar. Durante más de un año trabajamos codo a codo con la Corporación para demostrar que su decisión se ajustó a derecho. Estamos muy satisfechos, en tanto creemos que se ha hecho justicia para una institución que administra recursos públicos destinados a la educación y salud de miles de vecinos de Las Condes, y que actuó con rigor frente a hechos de la mayor gravedad”.

Un cuestionado funcionario

El nombre de Symmes salió a la luz pública el año pasado. Esto, luego de que se conociera de contrataciones de personas cercanas a él y a su pareja, Natalia Fernández, exjefa de Recursos Humanos de la corporación.

Parte de estos hechos también formaron parte del juicio laboral según conocedores del asunto, luego de que el tribunal estableciera que Symmes participó de la contratación de la empresa Arayán SpA, la que proveía de alimentación a los jardines infantiles de la comuna y evadiendo exigencias de la ley que regula aquello.

Pero además de eso, según se conoció en aquel entonces, la compañía era administrada por la madre de Fernández y suegra del exfuncionario. Además de eso, durante su gestión también se cuestionó el visado de pagos omitiendo el control de la Dirección de Educación de Las Condes, lo que configuró una falta grave a la probidad e incumplimiento de contrato, lo que quedó determinado en sede laboral.

A raíz de los cuestionados hechos que dejaron fuera a Symmes de la corporación, el Ministerio Público inició una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, indagatoria que se inició tras una querella del propio organismo municipal con representación de BACS Abogados representado por los abogados José Pedro Silva, Alejandro Awad y Miguel Schürmann.

La causa está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, específicamente en el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda.