Por Jorge ArellanoDefensa de senadora Camila Flores solicita audiencia acusando a la Fiscalía de no informar acciones ordenadas por Suprema
Se solicitó una audiencia de cautela de garantía luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso constatara que el Ministerio Público no ha informado acciones para cumplir las restricciones impuestas al examen de los dispositivos incautados.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso certificó que, a la fecha, el Ministerio Público no ha informado al tribunal acciones concretas ni diligencias realizadas para cumplir lo resuelto por la Corte Suprema en el recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (RN) investigada por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco, en contra. Por ello, la defensa de la lesgisladora ingresó una solicitud de audiencia de cautela de garantía ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
El certificado, emitido el 7 de octubre, se refiere a la resolución del máximo tribunal del 24 de septiembre. Esa resolución confirmó la sentencia dictada el 1 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estableció las medidas que la Fiscalía debe adoptar al examinar y traspasar la información contenida en los dispositivos incautados a la parlamentaria.
Entre esas medidas, la Corte Suprema dispuso que la custodia de los equipos quede exclusivamente a cargo de la Fiscalía Regional o del fiscal adjunto responsable de la investigación. También exigió que el Ministerio Público informe al juez de garantía los nombres de los funcionarios que tendrán acceso a ellos. Además, prohibió utilizar antecedentes anteriores a la primera elección de Flores como parlamentaria y ordenó dejar fuera del análisis toda información que no tenga pertinencia con los hechos investigados. Por último, determinó que la información extraída fuera de esos límites debe ser eliminada, y que la Fiscalía debe informar al tribunal los protocolos seguidos y las personas encargadas de hacerlo.
A partir de esta certificación, la defensa de la senadora ingresó una solicitud de audiencia con el objetivo es que el tribunal revise la situación y adopte las medidas necesarias para resguardar los derechos de la parlamentaria.
“Una orden judicial se cumple, no se ignora. Que el propio tribunal deba certificar que la Fiscalía no ha acreditado cumplir lo que se le ordenó habla por sí solo, y es especialmente grave en una causa donde venimos advirtiendo, desde hace meses, reiteradas vulneraciones al debido proceso”, señaló Luis Masferrer, defensa de la parlamentaria.
Este nuevo episodio se suma a otros hitos procesales de la causa. Entre ellos está la remoción de la fiscal Paola Castiglione, quien estuvo originalmente a cargo de la investigación, tras una denuncia en su contra por filtraciones
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