Un extenso debate se llevó a cabo esta jornada en el Congreso, en donde la comisión de Educación de la Cámara de Diputados sesionó por más de 6 horas el proyecto de Escuelas Protegidas presentado por el Ejecutivo y que propone, entre varias medidas, la revisión de mochilas de los estudiantes en los establecimientos educacionales.

Con todo, el proyecto fue finalmente votado en particular, siendo así despachado a Sala, en donde se espera que se discuta el próximo lunes.

En cuanto al debate legislativo, la jornada estuvo con una extensa discusión entre los diputados de gobierno y de oposición, teniendo su primer impasse en el artículo 1, el cual abordaba la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes —excluidas sus vestimentas— a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros.

Asimismo, la discusión también estuvo marcada por la solicitud de hacer reservas de constitucionalidad de ciertos artículos por parte de las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA).

“Están ocupando a los asistentes de la educación, a los profesores, de pórticos”

Tras la votación, Schneider manifestó su descontento con el proyecto, indicando que, si bien nos preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, este proyecto no puede hacerse cargo del problema de fondo.

“Hoy aprobamos un mal proyecto que le tira toda la responsabilidad a las comunidades educativas, que no pone un peso para prevenir la violencia y que además no tiene respaldo ni en la experiencia ni en criterios técnicos”.

En esta misma línea, el diputado Santana indicó que era “absolutamente contradictorio” que un proyecto que fue presentado motivado por el asesinato de una inspectora general en Calama “tenga como solución entregarle a estos mismos funcionarios la labor de cumplir una función en materia de seguridad al interior de las escuelas y al interior de los liceos”.

“Eso nos parece completamente contradictorio e incluso peligroso”, sentenció.

Serrano, por su parte, junto con manifestar molestia por el resultado, ya que esto “no resuelve el problema”, también apuntó a que finalmente el Ejecutivo con esto está ocupando “a los y las asistentes de la educación, a los profesores y profesoras de pórticos”.

“Se ahorraron la plata, no les importa hoy día resolver el problema de fondo”, sentenció.

Asimismo, la diputada también advirtió que el proyecto presenta inconstitucionalidades, algo que también hizo ver durante la comisión al presentar reserva de constitucionalidad para el artículo 1.

Asimismo, hizo hincapié en que Escuelas Protegidas no puede ser extensivo a la gratuidad universitaria, ya que “esto excede cualquier idea matriz del proyecto”.

Sobre este punto, la diputada indicó que van a seguir todos los caminos necesarios, y si es necesario recurrir al Tribunal Constitucional (TC), lo harán.

“Si una vez logramos detener una de estas normativas bastante peligrosas a través de la ley de presupuestos y fuimos al TC y dijo que no se podía restringir la gratuidad para aquellos estudiantes sancionados por Aula Segura, creemos que esto también va a ser observado por el TC”, reflexionó.

En esta línea, Serrano señaló que si el Congreso Nacional “no entra en razón”, “va a ser el TC quien lo declare inaplicable, y por tanto debiesen quedar fuera aquellas normativas”.

“Para eso creo que es importante analizarlo como salga del segundo trámite, pero las reservas de constitucionalidad las hicimos también en virtud de poder ir a defender al TC”, explicó.

“Una señal clara y potente”

En el oficialismo valoraron el avance del proyecto; el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que esto es “una señal clara y potente, en el sentido de que a los violentistas se les está terminando el tiempo. Esta norma tiene como objetivo fundamental recuperar el espacio educativo para los estudiantes que quieren ir a estudiar, para ayudar a progresar y desarrollarse, y no para aquellos que están destruyendo la educación en nuestro país”.

Sin embargo, lamentó que una indicación que precisaba que aquellas personas que cometieran delitos no obtuvieran ningún beneficio no fuera aprobada. “Lamentablemente, no lo logramos”, indicó.

Por su parte, la diputada María Paz Charpentier (Republicano) expresó que “esperamos contar con el apoyo transversal de los diputados del Congreso para permitir que este proyecto vea la luz lo antes posible, como lo esperan la gran mayoría de los padres de nuestro país, la gran mayoría de los estudiantes pacíficos de nuestro país y, por supuesto, la gran mayoría de las comunidades educativas”.

La diputada Sara Concha (PSC) afirmó que respaldaron “un proyecto urgente para devolver la seguridad a las aulas”. “Estar hoy acá representa recoger el sentido de urgencia que tienen las comunidades educativas y las familias, que hoy enfrentan el miedo de enviar a sus hijos a establecimientos donde existe una constante amenaza, como lo hemos visto en las últimas semanas”, enfatizó.

“Por lo mismo, quiero agradecer el trabajo del Ministerio y de sus equipos por impulsar esta iniciativa, así como el respaldo que tiene no solo en el Parlamento, sino también a nivel ciudadano”, añadió Concha.

Mientras que el parlamentario republicano, Diego Vergara, mencionó que fue una votación “contundente” y “más rápida de lo esperado”. “Agradecer a todas las visiones hoy día que estuvieron presentes, agradecer a la oposición por su vehemencia, por sus ganas también de que esto salga adelante. No cabe duda de que cualquier chileno bien nacido quiere paz en los establecimientos educacionales”, sentenció.

Tensión en la sesión

La sesión de la comisión estuvo marcada por la tensión en el debate desde el inicio, cuando comenzaron con el artículo 1, discusión que fue interrumpida por una solicitud de la diputada Valentina Becerra (Republicano) de cerrar la discusión, por lo que se sometió a votación inmediata, obteniendo así la normativa ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

En este punto, Schneider manifestó que lamentaba “profundamente” la forma en que estaban llevando la discusión.

“O sea, cerraron el debate sin la posibilidad de que el subsecretario nos responda. Esto no es la forma de llegar a acuerdos, ni llegar a diálogo (...) Nosotros no estamos aquí obstruyendo el debate porque sí, estamos proponiendo cuestiones concretas”.

“La ministra ni siquiera nos ha dirigido la palabra en esta sesión. Entonces, por favor, ¿cómo están tomando decisiones sin base técnica, sin experiencia comparada y sin discusión? Están aprovechando la mayoría circunstancial que tienen para imponer una solución que no va a solucionar nada”, sostuvo.

Ante esto, la diputada Serrano solicitó hacer reserva de constitucionalidad de este artículo 1 que acababa de ser aprobado. Esta sería la primera de por lo menos cuatro solicitudes que harían la parlamentaria del PC y su par Emilia Schneider.

Los emplazamientos de la diputada del FA al Ejecutivo se mantuvieron durante toda la sesión, pidiendo su opinión sin tener respuesta en varias oportunidades.

A ello se suma que, avanzada la instancia, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), hizo uso de su facultad reglamentaria para rechazar seis indicaciones que, según argumentó, “contradicen el texto presentado por el Ejecutivo”. “Por tanto, no vamos a votar estas indicaciones que he mencionado de acuerdo a las facultades que el Presidente tiene”, sentenció.

Circunstancia con la que se mostraron en desacuerdo Serrano y Schneider, pidiendo los argumentos de ello, a lo que el diputado Bobadilla respondió que “con todo respeto se va a quedar con la ansiedad porque no estoy obligado a dar explicación ni fundamentación respecto de esta declaración que he hecho”.

Debido a su respuesta, Schneider decidió volver a solicitar la reserva de constitucionalidad respecto a este punto.