Finalmente, no hubo unanimidad. Tras una prolongada discusión, la Comisión para la Paz y el Entendimiento no consiguió lograr el apoyo absoluto que se había autoimpuesto para cerrar el acuerdo hacia una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Esto, luego de que los miembros de la instancia -creada por decreto en junio de 2023 por el Presidente Boric- no lograran consenso en varios puntos sensibles, incluyendo la garantía de 240 mil hectáreas para restitución de tierras.

Este punto, ya había sido calificado como “inviable” durante la jornada por el comisionado y también presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillán: “La Araucanía y el sur de Chile tiene un límite de hectáreas. Las hectáreas no se multiplican”, advertía en entrevista con radio Agricultura.

Esta era la última instancia para que avanzara la propuesta en la comisión compuesta por el senador DC Francisco Huenchumilla, la diputada Emilia Nuyado (PS), Adolfo Millabur y Gloria Callupe, que representan al oficialismo, el exministro Alfredo Moreno, la senadora Carmen Gloria Aravena, el abogado Nicolás Figari y Naveillán, que son de sensibilidad de opositora.

Esto, ya que en enero pasado se había prorrogado su funcionamiento por decreto hasta el 30 de abril, por lo que ya expiró su mandato.

Tras conocerse el resultado, Sebastián Naveillán confirmó esta noche su rechazo a la iniciativa.

“Personalmente, voté en contra en la gran mayoría de puntos, porque no estaba dispuesto a hipotecar Chile, no estaba dispuesto a hipotecar el sur de Chile”, señaló.

Agregó que “como presidente de los agricultores (...) siempre he trabajado por la libertad, por la defensa del sector productivo y del sector agrícola. Yo no estaba dispuesto a hipotecar más de 200 mil hectáreas para que se sigan sacando del sistema productivo y, con eso, poner en riesgo la seguridad agroalimentaria de todo el país”.

Agregó que, como agricultores, “siempre estaremos dispuestos a buscar una solución que sea real, una solución que corte este problema que tanto daño nos ha causado”.

“Lamento profundamente que en los últimos días se hayan colocado temas que no estuvieron en las conversaciones previas y eso hizo que mi voto sea en contra”, cerró Naveillán.

Tras esto, desde la comisión enviaron un comunicado, en el cual destacan que aunque la propuesta no alcanzó la unanimidad, sí recibió el apoyo mayoritario de siete de los ocho comisionados, por lo que sus resultados serán entregados como insumos al Presidente Boric, como una hoja de ruta para futuras políticas públicas.

En este sentido, expresaron que “este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y entendimiento para las regiones del sur de Chile. Los resultados de este trabajo se presentarán prontamente al Presidente de la República".

Esto causó la molestia de Naveillán, que acusó a la comisión de no respetar el principio de unanimidad.

“Impusieron un documento a pesar de todo lo acordado. Impusieron una votación forzosa para sacar esto”, criticó el comisionado, tras lo cual cuestionó que “rompieron las reglas del juego”.

Las tratativas

Durante la jornada, la posibilidad de un acuerdo estuvo muy cerca. Tanto así que la senadora Aravena presentó su renuncia al Partido Republicano desmarcándose de la orden directa que le dio la colectividad de rechazar la iniciativa.

“La propuesta emanada de la Comisión representa un avance significativo, tanto para La Araucanía como para el país, y marca un hito hacia la paz y la cohesión social. Por ello, me es imposible comprender y aceptar que algunos dirigentes del Partido Republicano -del cual he sido parte con lealtad y entrega— no respalden esta hoja de ruta, negándose a ofrecer una alternativa viable que permita superar los problemas que todos conocemos", dijo en una carta oficial dirigida al presidente del partido, Arturo Squella, dada a conocer por La Tercera.

El exministro Moreno, cercano a la UDI y uno de los copresidentes de la instancia, a su vez hizo múltiples gestiones para que las tratativas llegaran a puerto. Y hasta la semana pasada Naveillán había expresado su disposición a firmar.

Pero en la recta final todo se fue enredando. Uno de los principales obstáculos fue la propuesta de garantizar 240 mil hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras, a lo que se sumó la negativa de ciertos actores a incluir la palabra “terrorismo” en el documento final y la preocupación de sectores oficialistas y de oposición por el impacto fiscal del plan.

La duda de Naveillán

Pero hubo un punto en particular que hizo dudar a Naveillán. Se trata de la redacción del párrafo que alude al sistema de reparación de tierras que, a su juicio, dejaba abierta la puerta para que a futuro se perpetúen las demandas de compensación.

“En el cuarto año desde que entre en operación el nuevo sistema, el Tribunal... deberá evaluar por única vez el funcionamiento del sistema de reparación de tierras (...) teniendo en especial consideración (i) que la tierra disponible en la provincia sea suficiente para que la mayoría de comunidades y familias (...) puedan optar a tierra como forma de reparación”, se lee en un extracto del borrador al cual tuvo acceso La Tercera.

Y sigue: “Y (ii) que exista el debido resguardo de los derechos de los propietarios particulares de tierras, en especial la voluntariedad del crecimiento de las mismas”.

Según fuentes cercanas a la instancia, los comisionados habrían agregado en la redacción del párrafo la palabra “suficiente” que en la práctica se traduce a que el Estado de Chile deberá “garantizar” la entrega de tierras a las comunidades que lo soliciten.

Implícitamente, se pedía que el estado garantizara tal suficiencia, al identificar y preparar las tierras ya sea para compra, redistribución, compra o algún otro mecanismo definido por la comisión.

El acuerdo buscaba garantizar 240 mil hectáreas para la futura Agencia Nacional de Tierras que estarían a disposición de los grupos catastrados. La preocupación de Naveillán era que esta hectáreas saldrían del mundo agrícola al cual él representa.

El problema estaba en que la comisión dejaría abierta la restitución de tierras a distintas generaciones que podrían seguir solicitando suelos. Es decir, el debate no tendría fin.