Fue durante la Cuenta Pública, al inicio del apartado de seguridad, que el Presidente José Antonio Kast anunció una de las principales medidas respecto a la materia: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV).

Según afirmó el Mandatario, en materia de seguridad “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

Tras este preámbulo, el Presidente Kast anunció que en los próximos días “ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades”.

La iniciativa, será ingresada por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad e Interior y que fue firmado la tarde de este lunes, corresponderá a un registro en el cual se ingresará a ciertas personas condenadas que hayan cometido ciertos delitos. El estar incluidos en ese listado, se impedirá que dichos condenados puedan obtener beneficios sociales, así como también impedirá la renovación u obtención de licencias de conducir, pasaporte o la transferencia de vehículos y propiedades.

“Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos (...) quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, aseguró Kast.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó durante la tarde la medida se aplicará tanto como para perder beneficios como para imposibilitar obtenerlos, por el tiempo que determine la ley. La iniciativa, afirmó la autoridad de gobierno, busca “disuadir aquellas conductas que dañan la vida en comunidad”.

El nuevo RUV seguiría la misma lógica, por ejemplo, del Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, el que lleva el listado de aquellas personas condenados por delitos de connotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, lo que impide -tal y como lo dice su nombre-, trabajar en ciertas áreas.

En el mismo sentido, el mecanismo también se parece al del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, donde aquellos progenitores que no cumplan con dicha obligación quedan imposibilitados realizar una serie de trámites en el Estado, como la renovación de licencias de conducir o del pasaporte.

El otro apartado

Si bien Kast apuntó, inicialmente, a que quienes cometan ciertos delitos perderían un catálogo de beneficios sociales, el mismo registro también contempla el ingreso de personas que no necesariamente cometieron delitos, pero sí “incivilidades”, es decir, faltas.

En ese apartado, por ejemplo, se considera a quienes realicen rayados, rompan inmobiliario público, consuman alcohol o drogas en la vía pública, entre otros hechos de esas características.

Estas personas, según aseguró el propio Mandatario, igualmente perderán beneficios sociales, aunque de menor grado.

Dicho apartado ya había sido anunciado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, en entrevista con La Tercera. Según aseguró en esa ocasión la autoridad, “queremos trabajar en eso para que también la gente, desde el punto de vista también moral, así como le estamos entregando la información transparente para que sepa cuál es la realidad que vive, también queremos que esas mismas personas puedan ir de alguna manera percibiendo que desde el Estado también se está trabajando en esto que es esa sensación de riesgo permanente cuando yo me veo en una situación de desorden o incivilidad”.

Respecto a su regulación, Quintana afirmó que aquello se concretaría “por la vía municipal. Nosotros queremos que, ojalá, esto quede más bien radicado en los juzgados de policía local. Queremos devolverle a las municipalidades su propio control. Entonces con esta ley, la idea es reconocer que es un problema que también genera mucha molestia en la población. Va mucho más por la vía de la sanción más bien reglamentaria o infraccional que penal. No es la idea meter presa a la gente”.

Si bien el RUV no formaba parte del programa de gobierno de Kast durante la campaña, igual fue un anuncio de campaña en octubre del año pasado, explicó.

El ejemplo de Independencia

Un mes antes de asumir en el gobierno, la entonces nominada a ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, visitó la Municipalidad de Independencia. En esa actividad, la primera de la ahora exministra, la repartición municipal encabezada por el alcalde Agustín Iglesias (Ind.) lanzó el plan “Cero Incivilidades”, el cual consideraba un registro de incivilidades.

En esa comuna de la capital, ingresan al registro las personas que cometan reiteradamente algunas de las incivilidades de 13 grupos de hechos. Entre esas faltas, la administración de Iglesias considera las riñas, consumo de alcohol en la vía pública, participar de fiestas clandestinas, generar ruidos molestos, dañar el inmobiliario, entre otras.

A meses de la puesta en marcha, el alcalde Iglesias afirma que “hasta la fecha son 105 personas que ya llevamos sancionadas que no pueden acceder a beneficios del municipio. Esa es la medida que nosotros implementamos y se parece bastante a lo que está impulsando el gobierno hoy en la cuenta pública”.

El alcalde, explica que dicho registro -que es confidencial y de uso interno, se aplica a la hora que “alguien que vaya a solicitar ayuda social, no podrá pedirla en caso de que esté en el registro. Entonces, en caso de que esté en el registro, ellos no pueden acceder a ayuda social por parte del municipio”.

La medida, explica la autoridad comunal, se extiende por seis meses o hasta que la persona pague la multa. “La ciudadanía necesita que la autoridad haga valer los deberes que tienen las personas también en sociedad, y en eso creo que hay un buen efecto respecto a lo que la ciudadanía espera de la autoridad y lo que estamos haciendo”, plantea.

A pesar de aquello, confirma que han reconocido dificultades que él mismo planteó al Presidente Kast. “La sanción final muchas veces es difícil de que se ejecute”, plantea la autoridad, quien apunta a que una de las razones es porque “los juzgados de policía local, que son quienes sancionan finalmente, están sobrepasados, tienen una demanda muy grande, y hacer efectivas las sanciones en el último punto no es tan sencillo”.

Sin embargo, Iglesias igualmente destaca la medida anunciada por Kast, ya que “lo que hace el Presidente va en la línea correcta. Nosotros como Estado queremos ayudar a las personas a que tengan una vida mejor, pero necesitamos que las personas también colaboren con que tengamos un país mejor y una vida mejor para los ciudadanos”.