Antes de arribar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la abogada Ana Victoria Quintana tuvo una amplia trayectoria. Su carrera profesional comenzó en un programa municipal en La Pintana, luego en el Servicio Nacional de Menores (Sename), etapas que marcaron su carrera profesional y sus ganas por aportar desde las políticas públicas para cambiar la realidad que le tocaba ver en las calles.

Pese a eso, su mayor trayectoria la construyó durante casi 20 años como fiscal, especializándose en delitos sexuales y crimen organizado. Tras la pandemia, se dedicó al mundo del derecho privado, donde encabezó la defensa penal de funcionarios de Carabineros, experiencia que, afirma, cambió su visión sobre las necesidades de las policías.

¿Fue muy complejo ingresar al gobierno siendo de un partido que decidió restarse?

No. Cuando yo hablé con el presidente del partido, él entendió perfectamente bien cuál es mi visión sobre este tema. En ningún momento se me hizo un reproche.

¿Le hubiese gustado que su partido se integrara?

Creo que las condiciones, simplemente de acuerdo a lo que la dirigencia estimaba, no se dieron. Entonces, si se hubieran dado, lo más probable es que se hubieran incorporado.

Usted tiene su militancia suspendida. Ante complejidades políticas, ¿no le preocupa que eventualmente la puedan criticar?

Mi lealtad está con el presidente. Yo tomé la decisión de formar parte del gobierno con muy buena disposición y mucho consenso con el partido, pero desde el momento en que asumo acá, mi lealtad, mi compromiso y mi función se debe al proyecto político del Presidente Kast.

¿Con qué situación se encontró cuando asumió?

Era súper grave. Me encontré con situaciones de falta, no solamente desprolijidades, sino falta de recursos, de implementación. No solo la subsecretaría, el ministerio.

¿Peor de lo que imaginaba?

No me imaginaba que la subsecretaría iba a estar mal. Me imaginaba que estábamos enfrentando solamente la situación de emergencia a nivel de hechos delictivos graves, pero además me encontré con la dificultad técnica. Es decir, desde dos puntos de vista nos encontramos acá con un problema de emergencia.

¿Cómo se traducía esa emergencia en la interna?

A nivel interno, con un ministerio que estaba con serias dificultades. Con duplicaciones y triplicaciones de funciones en las dos subsecretarías y en el ministerio. Nos encontramos con que la función policial tenía desde el ministerio una mirada reducida.

¿En qué sentido?

En la entrevista que dio el señor (Luis) Cordero, con esto de que el ministerio no se trata solo de procedimientos policiales, en el fondo con una, yo diría, una indolencia respecto del trabajo policial que a nosotros nos interesa que sea erradicada, porque creemos que el fortalecimiento de la policía no es solamente a nivel de entrega de recursos, sino que también de devolución de los valores y de la moral con la que trabajaba antiguamente la policía. Y eso, con la mirada que se tuvo en el gobierno anterior, se había ido perdiendo a tal punto que eran atacados.

Se les ha cuestionado la eliminación de unidades técnicas y justamente poner el foco en operativos policiales...

La patudez al hablar de eso. La ministra tuvo un procedimiento donde hubo más de 6.000 detenidos con órdenes de detención. Usted me va a decir que es normal que en un gobierno que se supone que se enfocaba en la seguridad y que tenía políticas públicas espléndidas, que no pueden ser cuestionadas por nadie, porque o si no se ponen a dar cátedra, ¿haya detenido a 6.000 personas en un solo procedimiento?

Pero el gobierno anterior hacía esos mismos operativos.

Pero si los operativos se han hecho siempre, Piñera también los hacía. Mi punto es en la dimensión. ¿Usted escuchó alguna vez que fueran detenidas 6.000 personas durante el gobierno anterior?

En algunos habían cifras parecidas...

Ya, 3.000, no 6.000. Los operativos no son de la época de la señora (Carolina) Tohá ni del señor Cordero, son del señor Piñera. Bastante anteriores.

Pero de estos operativos se cuestiona la efectividad, el bajo número de controles de detención.

Pero si el control de detención es una parte que ya tiene que ver con lo judicial, una parte del proceso completo. Aquí estamos con los operativos policiales no solamente buscando a los detenidos que están prófugos de la justicia, es la presencia policial en el espacio público, que es disuasiva, y así debe ser, no debe ser únicamente represiva. A lo que aspiramos es que el día de mañana, como antiguamente ocurría, uno vea a un carabinero y sabe que no se cometen delitos, que no se les pega ni insulta.

La Ley de Seguridad Privada es lo más urgente para implementar. ¿Cómo va ese proceso?

Ahí es donde más problemas nos encontramos. Esa era la unidad precisamente que estaba peor mantenida de todas y que tenía que ver, por ejemplo, con la implementación de las plataformas de certificación y acreditación de los guardias y de los inspectores de seguridad. No estaban funcionando hace rato. Entonces, también, uno de repente ahí piensa, ¿esto es de buena fe o no?

Se cuestionó que habían desvinculado a ese equipo...

Nos encontramos con que había ocho o 10 abogados trabajando en implementar plataformas, donde tiene que haber técnicos. ¿Qué pueden hacer los abogados implementando plataformas? Y, además, eran los abogados que habían participado en el proyecto de ley. Lo que, a juicio de nosotros, además nos dejaba en una posición un poco compleja, porque estaban los mismos que habían participado en la creación de la ley, resulta que estaban haciendo las certificaciones y las acreditaciones. Nos pareció que era impresentable.

La Ley de Seguridad Municipal permite a los inspectores portar pistolas taser. ¿Durante su gestión eso se implementará de manera efectiva?

Durante mi gestión se va a implementar todo aquello que pueda avanzar en la seguridad de las personas que están a cargo de nuestra seguridad. Los agentes del Estado, en su individualidad, independientemente de que formen parte del Estado, también tienen derechos humanos. Y el Estado también está obligado a protegérselos. Y esa función ha sido completamente dejada de lado por parte de las autoridades anteriores. Nosotros sí tenemos conciencia de eso.

¿Por qué, pese a las críticas, decidió dar este reporte semanal de homicidios?

El gobierno y el Presidente Kast comprometió transparencia. La entrega de información oportuna y veraz es lo que la gente como mínimo puede exigir respecto de las autoridades que están trabajando en su gobierno. A eso me refería cuando yo dije el otro día en una entrevista, que ha sido muy criticada, que las personas con la información, tienen derecho a tomar sus propias decisiones.

¿Con propias decisiones se refería a una autotutela?

No. Esto es una cuestión de criterio también. El sentido común es lo que tiene que mandar acá. ¿Cómo va a ser que yo esté proponiendo la autotutela? Es que eso es absurdo. O sea, el que le quiere dar una lectura de ese tipo es que tiene un nivel de ideologización tal que cree que uno puede estar promoviendo la autotutela y que esto sea como el Oeste.

¿Entonces a qué se refería con medidas de autocuidado?

A lo que siempre hemos hecho. Si, por ejemplo, las municipalidades toman conocimiento que en un determinado sector hay una zona roja, donde están ocurriendo mayores cantidades de delitos, obviamente pone más seguridad en ese lugar.

Algunos lo interpretaron como una visión libertaria del rol del Estado...

Los que hablan de eso no saben lo que es ser libertario. Así de simple. Hay una renuncia que no se puede hacer jamás por parte del Estado, porque es una de sus primeras obligaciones. De hecho, nosotros seguimos trabajando y esforzándonos en establecer las políticas públicas focalizadas, no como el gobierno anterior, porque consideramos que el gobierno anterior lo hizo mal. De una vez por todas. Punto.

¿Todo se hizo mal?

Hay cosas que rescatar y mantener, por supuesto. Pero hay mucho más que mejorar. Nosotros estamos tratando de reorientar y refocalizar. Por eso ven a la ministra y a los subsecretarios tanto en terreno, lo que no hubo por parte de las autoridades anteriores, porque dejaron solas a las policías, los desarmaron, y no me refiero a las armas, me refiero moralmente. No los alimentaron respecto de lo que significaba ejercer esa función policial y del respeto que debían recibir.

Pero el gobierno anterior avanzó en la compra de vehículos e implementos.

Después de haberlos quemado en el estallido. Cuando se vieron con el problema encima, ellos dijeron, “Oye, hay que ponerles autos nuevos, hay que comprarles más herramientas”, pero les compramos herramientas y autos nuevos para que se vean en la calle, pero defender a las policías, no.

Pero subsecretaria, el gobierno aprobó la Ley Nain Retamal.

La Ley Nain Retamal fue a pesar del gobierno. Si ese es el tema. Usted escuchó a la señora Tohá decir que era una ley gatillo fácil.

Pero el gobierno la empujó incluso contra su propia coalición...

Porque ocurrió entre la muerte de los dos primeros carabineros. Porque se les cayó el discurso. Si no hubiera pasado eso, yo le aseguro que la señora Tohá hubiera seguido con que esto era gatillo fácil. Eso es una vergüenza.

Subsecretaria respecto a futuros proyecto. ¿En qué se va a centrar su gestión?

Seguridad privada y seguridad municipal, por ejemplo yo les reconozco a las personas de los gobiernos anteriores, que fue bueno que se sacara esa ley, pese a que dejaron cero capacidad de implementación. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Hemos estado trabajando en la ley de incivilidades.

¿A qué corresponde eso?

Cuando una señora sale de su casa a comprar y se encuentra con una cocinería afuera que está llena de aceite tirado por todos lados, que está lleno de gente que está fumando marihuana, evidentemente la sensación de seguridad se pierde.

Queremos trabajar en eso para que también la gente, desde el punto de vista también moral, así como le estamos entregando la información transparente para que sepa cuál es la realidad que vive, también queremos que esas mismas personas puedan ir de alguna manera percibiendo que desde el Estado también se está trabajando en esto que es esa sensación de riesgo permanente cuando yo me veo en una situación donde el desorden o la incivilidad.

¿Cómo se regula eso?

Por la vía municipal. Nosotros queremos que, ojalá, esto quede más bien radicado en policía local. Queremos devolverle a las municipalidades un poco su propio control. Entonces con esta ley, la idea es que, reconociendo todos nosotros que es un problema que también genera mucha molestia en la población. Va mucho más por la vía de la sanción más bien reglamentaria o infraccional que penal. No es la idea meter presa a la gente.

¿Cuándo se presentará?

El objetivo es que pueda presentarse este año.