Un inesperado revés enfrentó el ministerio de Transportes que encabeza Louis De Grange.

Esto luego de que este miércoles 10 de junio la Contraloría diera a conocer un oficio en el que rechaza la toma de razón al los cambios al reglamento de taxis que apuntaba a rebajar las exigencias técnicas de los autos que ofrecen este tipo de transportes.

La rebaja propuesta por el Ejecutivo incidiría posteriormente en los servicios de aplicaciones (Uber) dado que la ley homologa las exigencias técnicas en ambos tipos de transportes.

En abril, a semanas de haber asumido como titular de Transportes, De Grange anunció a través de una entrevista con La Tercera que modificaría al reglamento que permite implementar la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, pese a que este ya había sido aprobado por la Contraloría durante la administración anterior.

En esa oportunidad el ministro Transportes adelantó cambios en línea con la flexibilización de las antigüedades de los vehículos. Y también propuso eliminar exigencias de cilindrada y de potencia de motor, las que estarían igualadas entre taxis y vehículos de empresas de aplicaciones de transporte (EAT).

“Es un reglamento que genera mucho daño no sólo a la industria. No sólo a los conductores de las aplicaciones, sino también a las comunidades, a los pasajeros, a los usuarios. El objetivo de la nueva versión del reglamento EAT es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad”, argumentó el secretario de Estado en ese momento.

El no de Contraloría

La Contraloría, en el oficio firmado por Pérez, detalla que la propuesta del Ejecutivo "elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima".

Frente a ello, el órgano señala que no constan “los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública“.

La Contraloría plantea que, “si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para los servicios de que se trata, en este caso se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, como son aquellos realizados a través de las empresas de aplicación de transportes reguladas en la ley N°21.553″.

Fuentes cercanas a la cartera reconocen que la determinación de Contraloría pilló por sorpresa al Ministerio de Transportes.

Desde el gobierno señalan que se responderán las dudas del ente contralor, pero recalcan que la CGR está encargada de la pertinencia jurídica y administrativa, no de los aspectos técnicos.

Por parte del ente fiscalizador se solicitó enviar más antecedentes técnicos al respecto. Esto como una condición fundamental para seguir adelante con la Ley Uber.

Añadiendo que “corresponde que ese Ministerio establezca un plazo determinado para efectos del cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o de turismo, a una empresa de aplicación de transportes”, explica el documento.

Dicho lo anterior, las modificaciones propuestas por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, quedan en vilo y a la espera de que la propia cartera presente un nuevo documento a Contraloría.