El lunes la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió un oficio por parte del comité de jueces civiles que generó una alarma informática en el Poder Judicial.

Fue la jueza del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, la encargada de exponer el problema a nombre del comité de jueces. La magistrada partió relatando cómo fue que la judicatura alertó lo que estaba ocurriendo.

Todo partió el sábado 25 de julio. Ese día el jefe del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles (Sitci) Sebastián Ojeda reportó que el abogado Paul Chateau “está realizando un ingreso masivo de escritos en su mayoría de ‘desarchivo’ y ‘renuncia patrocinio y poder’ en todos los tribunales con competencia civil del país”.

Hasta el lunes a las 11.30, es decir en menos de tres días, Chateau había logrado ingresar 38.477 escritos lo que equivalía “entre 500 y 900 escritos por tribunal”. Todo, en una situación que iba en aumento.

A juicio del comité de magistrados civiles la situación era grave. “Tal comportamiento da cuenta de un uso abusivo de las herramientas tecnológicas y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 letra d inciso segundo de la ley 20.886, constituye derechamente ‘abuso procesal’”, se lee en el oficio remitido a Chevesich.

La jueza denunció que “además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”.

El oficio continúa de la siguiente manera: “Atendida la premura y urgencia, dimos cuenta a nuestro superior jerárquico para poder frenar este ingreso masivo, quienes manifestaron estar de acuerdo con dicha restricción, mientras se resuelve el asunto. Solicitamos, como medida urgente, al tenor del párrafo 10 de las condiciones de uso de la Oficina Judicia Virtual (OJV), restringir el ingreso de escritos masivos, lo que implica restringir la IP del usuario en términos técnicos”.

Según expuso la magistrada Pérez, el jefe de Sitci reportó que “desde el Call Center de la OJV reportaron que el abogado señaló verbalmente que prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja los Andes, CAT Cencosud, Los Parques Cementerio y dejó de hacerlo. Por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un ‘agente externo’ (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa”.

Dentro de las medidas que pidieron los jueces civiles está “que se mantenga la limitación de acceso al abogado Paul Chateau, de acuerdo al párrafo 10 de las condiciones de uso citadas, que se pida informe al abogado referido, al tenor de los hechos relatados, a fin de indagar posibles responsabilidades penales y sin perjuicio de ello, que se puedan adoptar por la Corte Suprema las medidas disciplinarias conforme a los dispuesto en el artículo 530 Código Orgánico de Tribunales conforme al artículo 2 de la ley 20.886, así como la desatención a las recomendaciones realizadas por el instrumento denominado ‘Condiciones de Uso de OJV’”.

Junto con todo eso, se solicitó “que se disponga la prohibición del uso de IA para el ingreso de escritos, en tanto no existan una política institucional clara tendiente al control y buen uso de los instrumentos tecnológicos” y “que se dispongan medidas tecnológicas adecuadas y urgentes para evitar el ingreso masivo de escritos (tales como el uso de un Captcha) y la extracción masiva de datos”.

La Suprema vio el asunto en un pleno extraordinario de este martes y como primera medida pidió informe al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Luego de que se despache dicho informe, el pleno evaluará las medidas necesarias para abarcar esta problemática.