Contraloría formula cargos a siete generales de Carabineros por su rol en crisis social

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Ente contralor los acusa de responsabilidad de mando por irregularidades en tareas de control de orden público. El gobierno y la policía uniformada optaron por respaldar a los oficiales.




Se trató de un misil que no estaba en el radar. El jueves, cuando Carabineros y La Moneda estaban trabajando en los preparativos de seguridad para la nueva conmemoración del 11 de septiembre, siete generales del Alto Mando de la policía uniformada comenzaron a ser notificados por Contraloría de que se les habían levantado cargos por eventuales irregularidades de personal policial en el control del orden público, durante la crisis social.

Los oficiales notificados por Contraloría fueron los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Y si bien el proceso de notificación ocurrió el jueves, la molestia se hizo sentir en Carabineros luego que la noticia fuera publicada en Radio BioBio. En el gobierno la actuación de Contraloría, indicaron fuentes del Ejecutivo, tampoco fue recibida con buenos ojos.

La primera acción concreta la tomó el general director de la policía uniformada, Mario Rozas. Citó a los siete generales y, según fuentes presentes en la cita, indicó que la acción del ente contralor era “lamentable” y “dañina”. Asimismo, el jefe policial habría señalado frases del tenor de que acciones de esta categoría estarían buscando inhibir el accionar policial.

Cercanos a Rozas indicaron que la molestia del general pasa por tres factores: el primero, es que se trata de un sumario originado a partir de denuncias anónimas a la Contraloría por actos que, según explicaron en la policía y La Moneda, no tiene que ver con las decisiones propias de los generales; lo segundo, explican, es que los cargos llegan el mismo día que más de 3.500 carabineros tienen que salir a contener desórdenes por el 11 de septiembre, y a menos de 40 días de enfrentar un aniversario del 18 de octubre; y tercero, que no comparten el criterio sobre “la responsabilidad de mando”.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, también optó por repaldar públicamente a la policía uniformada. Consultado, indicó que “la Contraloría hace miles de sumarios y estos tiene distintas etapas (…) Nos llama la atención que nazcan de denuncias anónimas o denuncias de personas que han estado permanentemente cuestionando la acción de Carabineros. Ahora, estamos absolutamente seguros de que Carabineros ha usado todos los mecanismos que establece la ley”.

Quienes conocen el procedimiento que lleva adelante Contraloría -y que aún se encuentra abierto- comentan que el organismo fiscalizador recibió diversas denuncias de particulares, parlamentarios y organizaciones de derechos humanos, tras lo cual se decidió iniciar un sumario para determinar responsabilidades administrativas por el eventual incumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza para dispersar a manifestantes.

Lo que resta en el proceso son los descargos de Carabineros, por parte de los siete generales imputados. Luego de eso, estos serán analizados por Contraloría y se sugerirá, en caso de mantenerse las acusaciones, la sanción de los oficiales, la que será presentada como de modo de “propuesta” al general Rozas y al Presidente Sebastián Piñera.

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