Crisis educativa en Atacama: partidos oficialistas llaman a un “diálogo nacional” sin “mezquindades y trincheras políticas”

Foto referencial.

En un comunicado difundido esta tarde, los firmantes manifestaron que observan “con preocupación lo que ocurre en territorios como Atacama o Tiltil, casos que reafirman lo urgente de contar con un Estado presente para impulsar cambios estructurales que fortalezcan nuestra fragmentada educación pública".


Esta tarde, los equipos de educación de los partidos políticos que componen el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, emitieron una declaración pública en la que se refirieron al paro de profesores que mantienen hace casi dos meses los docentes de 46 establecimientos educacionales en Atacama y al cierre de nueve colegios en Tiltil.

En el comunicado, que inicia valorando el compromiso del gobierno con “el fortalecimiento y recuperación de la educación pública”, los firmantes manifestaron que observan “con preocupación lo que ocurre en territorios como Atacama o Tiltil, casos que reafirman lo urgente de contar con un Estado presente para impulsar cambios estructurales que fortalezcan nuestra fragmentada educación pública, con énfasis en mejorar la gestión, la agilización de procesos, el financiamiento, la calidad y la convivencia educativa”.

En ese sentido, indicaron que “los hechos antes señalados, que en estos días han sido visualizados en la opinión pública, son señales de una crisis educativa de larga duración, que ha sido denunciada por los distintos actores de las comunidades educativas, a partir de la municipalización de la gestión educativa en el año 1981″.

“Para resolver esta crisis se consensuó en el año 2017 con respaldo transversal de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, la ley N°21.040 y se inició la construcción de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública”, añadieron.

Asimismo, enfatizaron en que se debe trabajar “por una correcta implementación de esta ley, así como también apoyamos los cambios legales que se puedan introducir a esta nueva institucionalidad con el objetivo de mejorar su eficiencia y calidad”. Bajo esa línea, mencionaron que difieren de ”las posiciones que han declarado el fin de esta nueva institucionalidad, que recién comienza a implementarse y entendemos inviable a la luz de sus resultados durante estos cuarenta años sostener una institucionalidad basada en una gestión municipal en crisis”.

“Tenemos la más firme convicción de que la educación pública de calidad es un derecho social fundamental que debe estar al alcance de todas y todos. Por ello, llamamos a todas las actorías sociales y políticas a trabajar conjuntamente por una educación pública integral, inclusiva y de calidad, que tenga por finalidad la dignidad, el bienestar integral y los aprendizajes. Finalmente convocamos a un diálogo nacional amplio y pluralista que ponga en el centro a los y las estudiantes, sin mezquindades y trincheras políticas”, concluyeron.

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