La declaración de Luis Hermosilla ante la Fiscalía Regional de Valparaíso ha causado ruido en el ambiente político por revelar el pago en efectivo que recibió el abogado junto a Samuel Donoso por monitorear y llevar la representación de causas judiciales.

“Por instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país. Esta fue una iniciativa del Presidente porque quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos y conocer las estrategias que implementábamos los abogados que materialmente ejercíamos las defensas. Esto dice relación con las causas vinculadas a los procesos relativos al 18 de octubre y a procesos que se abrieron como consecuencia de la pandemia del Covid. Dada la personalidad del Presidente quiso conocer todo esto con mucho detalle”, declaró Hermosilla.

Luego de eso, entregó detalles sobre cómo se remuneraba dicha función, la que distinguió de su rol como asesor externo a honorarios del Ministerio del Interior: “En relación con este trabajo que era diferente en su naturaleza y contenido a la asesoría al ministro del Interior y que no implicaba solo ejercicio litigioso, el Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso y a mí. Cada uno recibía 100 UF mensuales. Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Donoso o a mí, tras lo cual se los hacía llegar al otro. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte a mí, quien también me los entregaba en dinero en efectivo. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y estos montos me los entregaba Benjamín Salas y cuando Benjamín se fue del gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”.

Fuentes que supieron de lo que pasó cuentan que Hermosilla hizo referencia al grupo de abogados que se armó para asumir la defensa de las autoridades de gobierno que se transformaron en imputados en causas por derechos humanos derivadas del estallido social y por la pandemia del Covid-19.

Este grupo es distinto del que en su momento fue apodado como los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”. El origen de este equipo es otro. Luego de que explotara el estallido social del 18 de octubre, la exministra Loreto Silva sugirió conformar un grupo de abogados que pudiera llevar causas vinculadas al orden público y sobre todo las querellas por la quema de estaciones del Metro.

Así fue como se convocó a Jorge Bofill, Marcelo Sanfeliú, Gabriel Zaliasnik y Donoso. Dicho grupo, junto con las causas por la quema del Metro también llevó adelante la querella, por ejemplo, contra Dauno Tótoro o las acciones conocidas en aquella época como “el que baila pasa”. Sin embargo los cuatro abogados, respecto de estas causas, ejercieron sus labores ad honorem.

Distinto fue lo que pasó al año siguiente, en 2020, cuando se comenzó a levantar la causa de los altos mandos de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte puso la mirada en las altas autoridades de gobierno, como por ejemplo el propio Piñera o el exministro Andrés Chadwick.

Ante ese nuevo escenario penal, las autoridades de la época buscaron quiénes podrían ser los abogados que llevarían la representación jurídica.

Fuentes del gobierno de la época recuerdan que Piñera, tal como lo declaró Hermosilla, se tomó el asunto de manera muy personal ya que se sentía responsable de haber arrastrado a sus ministros en complejas causas penales, por lo que fue él mismo quien se encargó de ofrecer la mejor defensa posible.

Así fue como llegó a Hermosilla y Donoso y fueron ambos los que se hicieron cargo de este tipo de causas.

Si bien el protagonista del caso Audio-Factop declaró ante el Ministerio Público no saber de dónde venía el dinero, autoridades de la época vinculadas al piñerismo afirman que el dinero habría provenido directamente de los bolsillos de Piñera y que, para esto, no se echó mano de gastos reservados de la Presidencia.

Otro punto que generó ruido fue el hecho de que Zaliasnik no esté incluido dentro del grupo de los que recibía los sobres con dinero en efectivo.

Las mismas fuentes comentan que la explicación se vincula con el hecho de que el actual embajador de Chile en Israel no asumió la defensa de las autoridades de gobierno imputadas por violación a los derechos humanos, sino que lo hizo respecto del entonces general director de Carabineros Mario Rozas.

Quienes supieron de esa defensa comentan que cuando Rozas buscó abogado, el actual embajador tuvo una reunión con el Alto Mando de la época, escuchó la situación, aceptó el encargo, pero dejó en claro que él cobraría honorarios. Ante eso, realizó la consulta sobre cómo se realizaría el pago.

Así fue como se le dijo que los honorarios serían pagados por la Fundación Nos Importan. Esa es la firma que se armó, desde la sociedad civil organizada, para financiar la defensa de los carabineros imputados.

La fundación, que presidió Alejandra Cruzat, fue finalmente la que depositó el dinero correspondiente mientras Zaliasnik fue el defensor de Rozas. Quienes supieron de esa defensa comentan que Zaliasnik, por ejemplo, acompañó a Rozas a declarar en su momento ante la fiscal Perivancich.

Que Piñera haya pagado con sus recursos calza con parte de la declaración de Hermosilla, sobre todo por el periodo en que ocurrió y por el hecho de que se siguió pagando incluso luego de dejar La Moneda. “El período que cubrieron los pagos fue desde finales del año 2020 hasta por lo menos mitad del año 2022, los que se extendieron después de que el Presidente Piñera hubiera dejado la Moneda en marzo de 2022 porque el encargo era de él”, dijo Hermosilla agregando que los pagos posteriores luego de haber terminado el gobierno se hacían en la oficina privada de Sotomayor y no en Palacio.

Esta situación ya estaría en conocimiento de la Fiscalía Regional de Valparaíso y la PDI.