Los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, Eduardo Durán y Mauro González, enviaron un oficio al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Republicano), solicitando que el gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno, la facilitación de plataformas para ofrecer estos servicios y la extorsión vinculada a esta actividad.

La solicitud se da luego de que la Policía de Investigación develara en un artículo de La Tercera un vínculo entre la prostitución y el Tren de Aragua (TDA) en la Región Metropolitana. En síntesis, los detectives detectaron que trabajadoras sexuales venezolanas estaban oficiando como informantes para el TDA respecto de hombres que posteriormente se transformaron en víctimas de secuestros.

Los parlamentarios pidieron al secretario de Estado que la iniciativa, que fue presentada por la bancada de diputados de RN junto a parlamentarios oficialistas y opositores, pueda ser discutida en los próximos días en el Congreso.

“La transversalidad de sus patrocinantes, la gravedad del fenómeno que aborda y su foco en las bases económicas del crimen organizado hacen de este proyecto una oportunidad concreta para avanzar en una agenda de seguridad con amplio respaldo político”, dice el oficio.

La iniciativa introduce una regla de agravación en el artículo 161-E del Código Penal, aumentando en un grado las penas de los delitos contemplados en los artículos 161-B y 161-D cuando las conductas se cometan con ocasión de la contratación, pago o prestación de servicios sexuales remunerados.

Asimismo, se busca sancionar con mayor dureza el chantaje y la extorsión dirigidos contra personas que son amenazadas con la divulgación de antecedentes, imágenes o registros vinculados a la adquisición de dichos servicios.

Con todo, el proyecto incorpora nuevas figuras penales destinadas a sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno de personas adultas; la administración, explotación, facilitación o puesta a disposición de sitios web, plataformas digitales, aplicaciones, publicaciones impresas u otros medios para ofrecer o concertar servicios sexuales; y la facilitación de inmuebles destinados a dicha actividad.

“El impulso de este proyecto permitiría al Ministerio de Seguridad Pública mostrar una agenda legislativa concreta orientada a atacar las bases económicas y operativas del crimen organizado”, dice el texto firmado por Schalper, González y Durán.

“Estimamos, además, que su tramitación con apoyo del Ejecutivo dejaría en evidencia la voluntad del gobierno de sacar adelante iniciativas orientadas a golpear estructuralmente al crimen organizado”, se añade en el oficio.