El 10 de febrero vino el primer aviso del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al acusar un traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional hacia el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, que desde el 1 de enero de 2026 pasó a ser el sostenedor de los 43 establecimientos educacionales que hasta el día anterior eran responsabilidad del municipio.

Ese día, La Tercera reveló que las dependencias de la Escuela República de Haití eran foco de discordia entre el municipio y el SLEP, toda vez que el edil aseguraba que le estaban quitando un recinto que no correspondía. “El municipio no puede perder el dominio de inmuebles que les han pertenecido por décadas en circunstancias en que el sistema de los SLEP está en tela de juicio”, decía esa vez.

Y aunque la disputa nació por la infraestructura de un establecimiento en particular, ahora Desbordes redobla la apuesta. “Vamos a pelear también los demás inmuebles”, se aventura el alcalde, que considera que la cesión de todos colegios desde los municipios hacia sus respectivos SLEP es expropiatorio.

La pelea, concretamente, se traduce en una demanda de nulidad de derecho público interpuesta hace algunos días en el 13º Juzgado Civil de Santiago en contra del Estado de Chile representado por Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, y de Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro. Ambos son los representantes legales de los demandados. La acción fue declarada admisible el martes 24 de febrero y este miércoles el SLEP fue notificado.

En el requerimiento de 68 páginas al que tuvo acceso este medio se pide, resumidamente, evitar el traspaso de toda la infraestructura escolar del municipio santiaguino o bien, una millonaria indemnización. En los cálculos de la tienda edicilia se cifra en un 30% la afectación del patrimonio municipal al traspasar sin resarcimiento las escuelas y liceos, y se evalúa una cesión de uso y goce de los recintos a través de un comodato, pero no en propiedad.

“Las normas de la Ley SLEP que generan ese efecto consagran finalmente una ley expropiatoria de facto, que producen los mismos efectos que una ley expropiatoria propiamente tal, dado que privan del derecho de propiedad al sujeto expropiado, pero sin reconocer las garantías que la Constitución dispone en su beneficio”, contextualiza la demanda.

En la misma se detallan los avalúos de las 35 infraestructuras traspasadas que eran propiedad del municipio, considerando que de los otro ocho recintos que administraba Santiago cinco son de propiedad fiscal y los otros tres se arrendaban.

Por ejemplo, el del Instituto Nacional -el más caro- es de 26,2 mil millones de pesos, el Liceo Javiera Carrera asciende a $ 8,8 mil millones, el Liceo Industrial Eliodoro García Zegers está avaluado en $ 8,7 mil millones, y el INBA en 7,4 mil millones de pesos, al igual que la Escuela Básica Especial Santiago Apóstol. El avalúo del municipio de todos los recintos, considerando sólo las fiscales, asciende a $ 137.722.916.836. Su valor comercial, sin embargo, creen que es de $ 259.090.000.000. Sólo el Instituto Nacional, por ejemplo, sube a $ 48.900.000.000.

“La Ley SLEP no cumple con las exigencias constitucionales relativas a la dictación de una ley expropiatoria, a pesar de lograr su mismo propósito y efectos respecto del sujeto expropiado. Es decir, priva a la Municipalidad de Santiago de su propiedad, de los bienes sobre los que recae, y de sus facultades esenciales de dominio”, se lee también en la demanda, que suma “incluso si se entendiera que la ley satisface las exigencias mencionadas en el párrafo anterior, para estar en presencia de una ley expropiatoria propiamente tal es fundamental que la ley conceda u ordene el pago de una indemnización al expropiado”, lo que, dicen, no existe.

Pero, además, el municipio pone como argumento que la matrícula de Santiago va a la baja hace años, preguntándose internamente cuál será el destino que el SLEP le dará a esos recintos, aventurándose con que no podrán ser utilizados con fines educacionales por no tener alumnos.

Presentados sus argumentos, el municipio pide, entre otras cosas, que el juzgado declare que la ley se ha dictado en contravención a las formalidades que la Constitución dispone para privarlos de su derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles traspasados al SLEP; y declarar la nulidad del traspaso sin recibir una indemnización. La anterior, según el municipio, debiese ser de $ 261.492.988.817 considerando el valor comercial, o $ 140.125.905.653 en caso de que se considere el valor fiscal.

Al respecto, el alcalde Desbordes afirma que “tengo la obligación de cautelar el patrimonio del municipio y en ese contexto creo que es perfectamente posible traspasar el comodato a largo plazo, a 30 años puede ser posible para que se hagan todos los ajustes, reparaciones, remodelaciones sin ningún inconveniente, pero no desprenderse el municipio de decenas de inmuebles que le pertenecen.

Además, acusa que " el SLEP Santiago, por ejemplo, ha actuado de manera extraordinariamente prepotente intentando quedarse, por ejemplo, con un inmueble donde hace años no funciona un establecimiento educacional, un inmueble que estábamos nosotros pensando y desarrollando un proyecto para un centro de salud familiar”.

En respuesta, desde el SLEP Santiago Centro aseguran que su funcionamiento y el proceso de instalación se enmarcan estrictamente en la normativa vigente establecida para la implementación del Sistema de Educación Pública y el traspaso de establecimientos desde los municipios, asegurando que todas sus actuaciones se han desarrollado conforme a la norma.

Asimismo, manifestaron su disposición a colaborar con las instancias que correspondan, poniendo a disposición la información requerida para esclarecer la situación.

“La revisión de las normativas es un proceso legítimo, toda política pública es susceptible de evaluación y perfeccionamiento . No obstante, dichas materias deben abordarse en los espacios institucionales establecidos para ello. Nuestro compromiso es garantizar la continuidad del servicio educativo y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 43 establecimientos públicos de la comuna de Santiago, resguardando el derecho a la educación de nuestros estudiantes”, concluyeron.