El 18 de julio de 2024, desde el Palacio de La Moneda y flanqueado por sus ministros, el entonces presidente Gabriel Boric anunció una de las medidas de seguridad que adoptaría su gobierno en medio de complejas semanas en la materia, la que concluyó con el homicidio de cuatro adolescentes en Quilicura.

“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad (...) Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”, dijo el mandatario en su anuncio de una cárcel de máxima seguridad en contra del crimen organizado.

El anuncio de Boric, sin embargo, abrió un tenso tira y afloja entre el gobierno y la Municipalidad de Santiago, dado que la nueva cárcel se planeaba construir contigua a Santiago Uno y al Centro de Justicia, en medio del denominada “Barrio Penitenciario”, en el sector de Rondizzoni.

Tras el cambio de gobierno, el proyecto de Boric contó con el apoyo de las autoridades de la administración entrante del Presidente José Antonio Kast. En el municipio, por su parte, la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) y su sucesor, Mario Desbordes, lideraron una férrea ofensiva contra este proyecto.

Pero a más de dos años del anuncio, la actual administración terminó diciéndole adiós -al menos por ahora- a la iniciativa. Una decisión que se da en medio de la última arremetida municipal, encabezada por Desbordes, ante la justicia cuando logró que el 17º Juzgado Civil de Santiago paralizara cualquier trámite respecto a la obra.

La postergación indefinida

La construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad, según el plan del gobierno anterior, se construiría como una “ampliación” de la cárcel Santiago Uno y se concretaría en la nueva concesión de dicho recinto penal, la que en la licitación incluiría las nuevas obras que contemplaban el levantamiento de esos módulos para el crimen organizado.

El proyecto era parte de las 12 concesiones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debía concretar este 2026 a través de diferentes llamados a licitaciones. Sin embargo, según dio a conocer Diario Financiero, hay siete iniciativas que serán postergadas, entre las que se encuentra la ampliación de Santiago Uno por US$ 285 millones.

Pero más allá de una postergación en la licitación que debió ser en mayo pasado, según pudo conocer La Tercera, el proyecto que buscaba construir tres módulos de alta y uno de máxima seguridad quedará descartado por el gobierno.

Según señalan desde el Ministerio de Justicia, la concesión de Santiago Uno se licitará, aunque esta vez no incluirá las obras de ampliación, es decir, de los nuevos espacios que alguna vez se pensaron para el crimen organizado. Una medida que regirá mientras dure la disputa judicial con la Municipalidad de Santiago.

Según señalaron desde la Subsecretaría de Justicia, “todos los recintos penitenciarios con contratos vigentes se encuentran en proceso de relicitación. En el caso de Santiago Uno, la prórroga del contrato vigente vence el 8 de noviembre de 2027. Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago. Por ello, el llamado a licitación incluirá únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación”.

La decisión del Ejecutivo se da pese a que las autoridades de Justicia apoyaban el proyecto y habían cuestionado previamente la postura del municipio de Santiago. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, meses atrás emplazó a Desbordes a quien, incluso, invitó a “la inauguración de esas obras”.

El proyecto que se iba a iniciar con la licitación de mayo, contemplaba en el cronograma del MOP, la adjudicación para el primer semestre de 2027, el inicio de las obras en 2029 y la puesta en servicio de los nuevos módulos para 2031. Todo, en una cárcel concesionada hasta 2050.

Las otras concesiones

Además de la nueva concesión Santiago Uno, hay otras concesiones relacionadas al mundo judicial y carcelario que fueron postergados por el MOP.

La cartera además postergó indefinidamente la nueva concesión del Centro de Justicia, así como también del renovación de la concesión para el “Grupo 1.1″ de cárceles, que incluye los recintos penales de Alto Hospicio y La Serena. Tampoco existe una fecha clara para los nuevos procesos del “Grupo 1.2″ de cárceles, que incluye el penal de Rancagua.

Según explicaron desde Justicia respecto a esa decisión, “los contratos del grupo 1, integrado por los recintos de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, vencen el 31 de diciembre de 2027. Por su parte, los contratos del grupo 2, correspondiente a Antofagasta y Biobío, finalizan en agosto de 2028″.

“Respecto de Valdivia y Puerto Montt, pertenecientes al grupo 3, los contratos vencen el 8 de noviembre de 2027. Las bases de licitación ya fueron enviadas a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para su visación y posterior publicación”, agregaron desde la entidad liderada por Silva.