Hasta Teatinos 120 llegaron a las 17.30 de este jueves un grupo de los alcaldes de las comunas más afectadas por la propuesta de La Moneda de eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores. Se trataba de los alcaldes de Las Condes, Catalina San Martín, Lo Barnechea, Felipe Alessandri, Santiago, Mario Desbordes y La Reina, José Manuel Palacios, quien es además el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), entidad que ha liderado la coordinación de los jefes comunales.

La cita buscaba un entendimiento con el Ministerio de Hacienda -liderado por Jorge Quiroz- en medio de la tensión por los efectos que tendría en las arcas de los municipios la iniciativa de eximir del pago del impuesto territorial a los mayores de 65 años.

Los ediles han planteado que dejarían de recaudar US$ 200 millones. Y si bien los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal (FCM) -glosa de platas de los municipios de más recursos a los más vulnerables- se repondrán, US$ 70 millones que se dejarán de estar disponibles y los alcaldes exigieron que se les reponga el 100% de ello.

Después de casi dos horas, según la versión de los alcaldes asistentes a la cita, no hubo acuerdo y que siguen las conversaciones.

Alessandri sostuvo que “esto es noticia en desarrollo. Nosotros más que los municipios más ricos somos los que más nos vemos afectados. Valoramos la disposición del ministro para dialogar sobre las alternativas que permitan mantener nuestro apoyo a la comunidad”.

La alcaldesa San Martín recalcó que “no tenemos resuelto el problema y eso me sigue teniendo preocupada, pero sí tenemos apertura al diálogo y vamos a seguir en conversaciones”.

A la mesa, la AMUCH llegó con una propuesta a la que La Tercera tuvo acceso. En el texto, los alcaldes ofrecieron compensar reduciendo lo que aportan al FCM, crear una exigencia respecto de los derechos de aseo y hacer revisiones periódicas y legislativas. En resumen, la propuesta tiene tres focos: compensar, focalizar y revisar.

Respecto del Fondo Común Municipal se planteó reducirlo en tres puntos porcentuales: “Esta reducción afecta únicamente el aporte derivado del impuesto territorial y no los demás aportes que integran el Fondo —tales como los provenientes de permisos de circulación, patentes municipales y multas".

Se planteó que las municipalidades afectadas a la regla general aportarán un 57%, en vez de un 60%. Mientras que las tres comunas que más aportan al fondo -Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura- pasarían de un 65% a un 62%.

En todo caso, los alcaldes han advertido que la idea de reducir el aporte de los municipios al FCM igual implica que será el Estado el que tendrá que reponer más dinero para así compensar lo que se pierde del FCM. En la práctica, es lo mismo que solicitarle más dinero al Ejecutivo.

Según comentaron presentes en la reunión, el gobierno mostró apertura respecto a implementar la exención de forma gradual por años.

De acuerdo a los asistentes, el ministro no les mostró una propuesta y más que nada se dedicó a escuchar. En ese sentido, estuvo abierto a que la implementación de la medida sea de forma gradual. Ahí los municipios le retrucaron la idea de que sean “municipios ricos” los afectados.

En eso la alcaldesa de Las Condes incluso le sugirió a Quiroz eliminar a la Subdere para recortar recursos de ahí, delegando esas funciones al Ministerio del Interior.

Con todo, los presentes dicen que esta será una más de una serie de reuniones y que vieron al ministro Quiroz “más abierto que antes”.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa (Subdere) determinará a las municipalidades implicadas a la disminución, en base a los datos de la Tesorería General de la República. Esta entidad “aplicará la reducción en la distribución correspondiente (...) Esta rebaja tendrá carácter transitorio por el término de tres años contados desde su entrada en vigencia, o hasta que se materialice la reforma integral del Fondo Común Municipal, lo que ocurra primero”.

Respecto de los derechos de aseo, los alcaldes propusieron que para acceder a la exención de contribuciones de un determinado inmueble, “el propietario deberá encontrarse al día en el pago de los derechos de aseo devengados respecto del inmueble objeto de la exención, o haber suscrito y mantener vigente un convenio de pago de dichos derechos con la municipalidad respectiva”. De esta manera, ello permitirá generar ahorros a los municipios.

Luego se entregaron detalles del convenio, pero se detalló que “tratándose de propietarios pertenecientes a los tramos de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares, conforme al estándar que fije el reglamento, la municipalidad eximirá del requisito o facilitará un convenio de pago sin intereses, de modo que la exigencia no excluya del beneficio a los hogares que la exención busca proteger”.

El último artículo propuesto apunta a un límite de avalúo fiscal y tipo de inmueble para la exención de contribuciones. Así se plantea: “La exención de contribuciones de bienes raíces establecida en esta ley regirá únicamente respecto de inmuebles destinados a la habitación permanente de su propietario (vivienda principal), cuyo avalúo fiscal no exceda 20.000 UF”. Ello equivale a cerca de $800 millones.

Se planteó que la condición de vivienda principal será acreditada por el domicilio del propietario, y que se excluirá de las exenciones a bienes con raíces agrícolas, los destinados a fines comerciales o industriales, sitios eriazos y segundas viviendas.

Lo cierto es que algunas de las propuestas de los alcaldes quedaron fuera, como por ejemplo la de cobrar por eventos masivos un 5% a los privados, lo que quede finalmente en los municipios.