Diputados de Renovación Nacional ingresaron un proyecto de ley para sancionar a quienes incumplan de forma consciente e injustificada órdenes de evacuación o prohibiciones de ingreso a zonas de riesgo durante emergencias.

La iniciativa surge tras el operativo desplegado en el Cajón del Maipo, donde tres personas permanecieron desaparecidas durante seis días en un sector cordillerano y debieron ser buscadas por equipos especializados.

El proyecto, impulsado por parlamentarios de la bancada RN, busca modificar la Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entre sus autores figuran los diputados Mauro González, Diego Schalper, Eduardo Durán, Claudia Mora y Rodrigo Ramírez.

La propuesta apunta a cerrar un vacío en la legislación vigente. Según sus fundamentos, aunque la normativa actual permite establecer perímetros de seguridad, ordenar evacuaciones y restringir el ingreso a zonas con amenaza grave, no contempla una consecuencia penal específica para quienes desobedezcan esas instrucciones de manera deliberada.

El texto crea un nuevo delito para quienes, “a sabiendas y sin causa justificada”, incumplan una orden de evacuación o una prohibición de ingreso o permanencia en una zona determinada.

La pena propuesta es presidio menor en su grado mínimo o una multa de 11 a 50 UTM. Sin embargo, si esa desobediencia obliga al despliegue de servicios de búsqueda, evacuación o rescate, el tribunal deberá aplicar conjuntamente la pena de presidio y la multa.

El proyecto también establece que la persona condenada deberá reembolsar al Estado los costos en que hayan incurrido los organismos públicos que participaron en las labores de búsqueda, evacuación o rescate.

El monto será determinado por el Ministerio del Interior mediante resolución exenta. Si el pago no se concreta dentro de los 60 días siguientes a la notificación, los antecedentes deberán ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado para iniciar las acciones de cobro correspondientes.

La propuesta incluso contempla que, en casos calificados y mediante resolución fundada, Interior pueda requerir el reembolso sin necesidad de contar previamente con una sentencia condenatoria.

El antecedente del Cajón del Maipo

En los fundamentos de la iniciativa se menciona el operativo realizado en julio de 2026 para encontrar a tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo.

El texto recoge que el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo estimó públicamente que el despliegue pudo superar los $100 millones. También señala que el Gobierno anunció que pediría al Consejo de Defensa del Estado estudiar eventuales acciones para perseguir el daño patrimonial ocasionado al Estado.

Desde RN remarcan que el proyecto no busca condicionar el deber de rescate. Es decir, los organismos de emergencia deberán actuar siempre para proteger la vida de las personas, independiente de la conducta previa de quienes estén en riesgo.

La discusión, plantean sus autores, apunta a lo que ocurre después: si corresponde que el Estado asuma íntegramente los costos extraordinarios generados por una persona que desobedeció una orden oficial conocida.

La iniciativa establece límites para evitar que la figura se aplique de manera general a cualquier accidente o emergencia.

Según el proyecto, no se sancionará el mero error, la falta de experiencia, una evaluación equivocada del riesgo ni el solo hecho de necesitar ayuda durante una actividad recreativa.

Tampoco quedaría comprendida una persona que no conocía la orden, que estaba materialmente impedida de cumplirla, que permaneció en el lugar para auxiliar a un tercero o que contaba con autorización para ingresar a la zona.

En esa línea, desde Renovación Nacional afirman que la propuesta apunta exclusivamente a quienes desobedezcan de manera deliberada una instrucción oficial dictada para proteger la vida y la integridad de la población.