Para el 27 de noviembre del 2027 quedó fijado el juicio laboral en el que los dos exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura -Sebastián Valenzuela y Alejandra Guajardo- , que fueron sorprendidos manteniendo relaciones sexuales al interior del municipio, demandan una indemnización de $200 millones. La causa contra el municipio liderado por Camila Merino (Evópoli) se reanudó la semana pasada en una fallida audiencia de conciliación en el que la parte demandante declaró no tener intención de buscar un acuerdo extrajudicial.

La demandas laborales fueron interpuestas el pasado 18 de diciembre ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo y los demandantes acusan un “daño moral” y además de la compensación económica piden, entre otras materias, que la municipalidad se capacite en vulneración de derechos y que se publiquen informaciones para defender su honra.

El caso estalló luego de que se viralizara un video grabado desde la calle en el que se veía a ambos funcionarios teniendo relaciones sexuales al interior del municipio. Los extrabajadores alegan que, pese a que se les abrió un sumario que terminó por destituirlos, la alcaldesa Merino ya se había formado una opinión previa, la que expresó en entrevistas con diversos medios de comunicación.

Con todo, la audiencia de conciliación realizada la semana pasada también definió los próximos pasos del proceso, entre ellos la realización de un peritaje psicológico mandatado por el juzgado, que buscará determinar la eventual afectación a la salud mental de los demandantes a raíz de los hechos.

Según mandató el juzgado, el perito psicológico quedó a cargo de la psicóloga Pamela Díaz Contreras. Y es que en el texto de la demanda, el funcionario destituido asegura que “en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar”.

Luego se pidió tomar declaración a funcionarios municipales, entre ellos la relacionadora pública Pamela Navarro, el ingeniero comercial Pablo Kreft, el relacionador público David Ramiro y el ingeniero Guillermo Copier.

Dentro de las pruebas que se adjuntaron, figuran en la causa los documentos administrativos del sumario que se abrió y su resultado, con la determinación de la destitución, además de una entrevista de la alcaldesa en Radio Pauta, en la que abordó la posibilidad de que los funcionarios fueran destituidos previamente a que se conociera el resultado del sumario.

En la causa se pide además publicar en un diario comunal de Vitacura que se vulneró injustamente la integridad psíquica del demandante, así como una publicación en el diario mural del municipio recalcando el tema. Se busca también que se condene a la alcaldesa a una capacitación para que conozca más sobre temas de vulneración de derechos.