Desde las 9.00 horas de este miércoles se desarrollaron los alegatos de clausura y las réplicas en el juicio oral contra Maickel Villegas Rodríguez, acusado por la Fiscalía Metropolitana Sur por el secuestro con homicidio del refugiado venezolano Ronald Ojeda. Con el cierre de esta etapa, la causa quedó en estado de veredicto, el que será comunicado este jueves a las 10.30 horas.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, señaló que durante la jornada concluyó la rendición de prueba y que, tras los alegatos, el tribunal quedó en condiciones de resolver si establece la responsabilidad de Villegas en los hechos que le atribuye el Ministerio Público.

“Estamos bien tranquilos con las pruebas que hemos rendido y la fortaleza es la misma”, sostuvo Barros, quien afirmó que el acusado habría tenido “una importancia relevante” dentro de la organización criminal involucrada en el crimen. Según explicó, Villegas no solo habría participado en labores de vigilancia previas al secuestro y en la grabación del hecho, sino que también habría colaborado posteriormente en la huida de otros integrantes del grupo.

De acuerdo con la Fiscalía, Villegas habría realizado labores de vigilancia durante cuatro horas antes del secuestro y se encontraba frente al edificio de Ojeda cuando ingresaron los sujetos que se hicieron pasar por policías.

Barros agregó que, posteriormente, el imputado habría abandonado el lugar dos minutos después del secuestro y que luego habría participado en el rescate de tres sujetos involucrados en el hecho, luego de que el vehículo en que se movilizaban sufriera un desperfecto en el kilómetro 20 de la Costanera Norte.

Defensa cuestiona georreferenciación y diligencias

La abogada de Villegas, Jeannette Cofré, insistió durante sus alegatos en cuestionar la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y, particularmente, el uso de georreferenciaciones y registros de pórticos para situar a su representado en determinados lugares.

“Creo que simplemente la georreferenciación o los pórticos no pueden ser la señal que dé el Ministerio Público para condenar a mi representado en un delito tan detestable como este”, sostuvo la defensora.

Cofré también cuestionó las declaraciones de funcionarios policiales, apuntando a supuestas contradicciones entre sus testimonios. Según planteó, la única oportunidad en que su representado habría sido ubicado con claridad fue en Santa Rosa, en la comuna de La Granja, cuando fue registrado cargando combustible.

La defensa también reprochó que no se hayan realizado otras diligencias vinculadas al teléfono de Villegas. “El Ministerio Público contaba con los teléfonos de mi representado (...) y pudieron haber investigado esos teléfonos”, afirmó Cofré, quien sostuvo que esa información habría constituido una prueba relevante para su estrategia.

Segundo juicio oral por el caso

Barros también entregó un balance del avance general de la investigación por el crimen de Ojeda, que contempla distintos procesos judiciales debido al número de personas vinculadas a la organización investigada.

El primer condenado fue un menor de edad, quien fue sometido a un procedimiento abreviado de acuerdo con la legislación aplicable. En el caso de Villegas, se trata del primer imputado adulto extraditado y sometido a juicio oral por estos hechos.

Posteriormente, la Fiscalía estableció que detrás del crimen operaba una asociación criminal y se amplió la investigación respecto de otros involucrados. Barros señaló que existen otros 18 acusados que enfrentarán un juicio oral, el que está fijado para comenzar el próximo 20 de octubre.

Además, hay dos personas que ya fueron condenadas mediante procedimientos abreviados, mientras que permanece abierta una línea investigativa respecto de otros imputados que han sido detenidos durante los últimos meses y que, según explicó el fiscal, estarían vinculados a niveles superiores o jerárquicos de la organización.