Durante la mañana de este miércoles, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la investigación por el caso Audios y sostuvo que “estamos en presencia de la que yo creo es la crisis más grande que ha tenido el Poder Judicial”.

En conversación con Radio ADN, Cordero señaló que “de los 200 años que tiene la Corte Suprema, el único ministro de la Corte Suprema que había sido destituido fue Cereceda el año 92. Y entre los años 2024 y 2025, se destituyeron tres ministros de la Corte Suprema”.

De acuerdo con el exministro, “A partir de la investigación del caso Audios, se abrieron otro tipo de investigaciones. El caso Audio está muy vinculado a un tipo de información, luego hay otro que tiene que ver con el proceso de nombramientos judiciales, y lo tercero es las investigaciones que han estado vinculadas a casos de corrupción por la obtención de sentencias”.

“Entonces, cuando uno mira el panorama más global y suma esto, los procesos de remoción de los jueces producto del uso de licencias falsas que hemos tenido, yo creo que es la crisis del Poder Judicial más grande que nosotros hemos tenido”, añadió.

Asimismo, Cordero advirtió sobre las consecuencias que esta situación puede tener en materia de seguridad y corrupción. “En un sistema en que además los temas de seguridad son clave, los temas de corrupción son muy sensibles a los temas de seguridad”, añadiendo que “tener un Poder Judicial muy golpeado es muy riesgoso para el país”.

Reforma en Seguridad

En la ocasión, Cordero, además abordó la reforma de Seguridad impulsada por el Gobierno y la reunión que sostendrá el mandatario al respecto con los parlamentarios de las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado para abordar la iniciativa.

“El presidente está utilizando todo su capital en eso”, sostuvo Cordero, añadiendo que “Supongo que el gobierno lo habrá evaluado bien” y que “ahí hay una definición más bien estratégica del Gobierno”.

Cordero además recordó que en el Gobierno de Gabriel Boric se despacharon más de 70 leyes en la materia apuntando que uno de los desafíos que tiene el Gobierno actual es trabajar en su implementación.

“El Gobierno tiene un desafío de gestión muy significativo y en eso yo comparto con el ministro a Arrau. El principal desafío que tiene el Ministerio de Seguridad hoy día es gestión”, mencionó.

Asimismo, sobre si es una derrota para el Gobierno el retirar la reforma de seguridad, Cordero señaló que “el Gobierno quiere salir pronto de un tránsito en la agenda legislativa para mostrar un resultado ahí, pero los temas más relevantes siguen estando en la implementación de la legislación aprobada”.

Es así como el exministro expresó que hoy en día ya existen herramientas para combatir el crimen, apuntando que “todas las reformas que se hicieron fueron para agilizar las investigaciones penales, fortalecer la capacidad del Ministerio Público, fortalecer la capacidad de las policías y fortalecer la gestión local”.

“Lo que es genuinamente importante es cuánto de la implementación requiere usted un ajuste legislativo posterior, pero para eso tiene que terminar el proceso de implementación”, detalló.

Indultos

Cordero también abordó los indultos presidenciales y manifestó su preocupación, particularmente respecto de aquellos vinculados a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Yo tengo una preocupación sobre los indultos, no sólo porque son delitos de lesa humanidad desde el punto de vista de cómo lo trata el Derecho Internacional, sino que además de eso, porque creo que detrás de ello también hay una consideración a las víctimas y también a la memoria del país”, señaló.

Es así como planteó que existen límites vinculados a la dignidad humana que no deberían ser relativizados. “Hay un espacio que no admite ni proporción ni justificación que es ese espacio donde usted denigra la dignidad humana, donde justifica la tortura, la desaparición forzosa o las ejecuciones extrajudiciales”.

Además hizo una diferencia en los casos de personas con enfermedad terminal con inminencia de muerte.

“Yo creo que esos son dos requisitos, enfermedad terminal con inminencia de muerte, que además están aceptadas en el Derecho Internacional, respecto al cual uno probablemente podría observar con más detención”, mencionó.

Finalmente señaló que “el Cardenal Chomalí en esto también ha sido bien claro. Hay estándares del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, para poder ejercer estas potestades de indulto, que yo creo, espero que el Gobierno las respete en lo que queda del año”.