Resolver cuál y cómo sería el mecanismo para la restitución de tierras a las comunidades indígenas fue la discusión que marcó los últimos 15 días de trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que con el acuerdo transversal en 2023 de los partidos políticos tuvo como propósito buscar una salida al conflicto territorial mapuche.

Según conocedores de la interna, los nudos se dieron al tratar de armonizar las posiciones que iban desde el control estatal y la participación de los agricultores, hasta saldar la deuda histórica de tierras para las comunidades mapuche.

Así, la instancia -compuesta por ocho comisionados y un secretario ejecutivo- tuvo como meta para este último tema idear una fórmula que cambiara el actual proceso de restitución gestionado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). ¿La razón? El actual mecanismo permite la entrega de tierras sin restricciones, y sin establecer un límite temporal: la legislación establece que cada seis años se actualice la nómina de las comunidades inscritas para una restitución y que ya cuentan con sus procesos de aplicabilidad, lo que provoca un aumento exponencial de los posibles beneficiarios y -en consecuencia- de las tierras a reclamar. Y es que según los cálculos de los comisionados, lo anterior provocaría que con el correr de los años esas comunidades crezcan y, por consiguiente, aumenten quienes quieran optar por una restitución.

A eso se suma el conflicto entre comunidades y propietarios, debido a que el actual sistema establece que para que las familias consigan tierras deben encontrar a un propietario dispuesto a vender. Eso, según entendidos en la materia, genera confrontaciones -incluso violencia- cuando el dueño no está dispuesto a llevar adelante la transacción.

Todo lo anterior, por ejemplo, mantiene hoy a 1.300 comunidades indígenas con una solicitud en proceso.

Por lo mismo, la comisión puso en tabla de votación una propuesta nueva: crear una Agencia de Reparación que reemplace a la Conadi y que coordine la restitución de tierras.

El sistema de restitución de la propuesta también se reestructura por completo. Por ejemplo, para que cada conflicto particular se resuelva, las comunidades tendrán distintas opciones donde poder elegir: entrega de terrenos; financiamiento para proyectos; dinero en lugar de hectáreas, entre otros.

También establece un fondo fijo de terrenos que será administrado por la agencia, de los cuales las comunidades podrán escoger.

Pero el punto que provocó incertidumbre, al menos para el comisionado Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, que rechazó el texto en su totalidad, fue que entre los nuevos requisitos se establece que al cuarto año de entrar en operación el nuevo sistema se podría evaluar su funcionamiento, teniendo en consideración que las tierras disponibles por provincia sean suficientes para que las comunidades puedan optar a tierra como forma de reparación, y que exista resguardo de los derechos de los propietarios particulares de tierras, en especial en la voluntariedad en el ofrecimiento de las mismas. Esto fue visto por el comisionado Naveillán como una posibilidad de que el conflicto se mantuviera vivo o, incluso, que se volviera a fojas cero.

“No cierra el proceso de compra de campos a futuro. Todos votaron a favor de que si no se llega a las hectáreas suficientes para cubrir la demanda se volverá a abrir el proceso para buscar lo que las comunidades solicitan”, afirma Naveillán a La Tercera.

El excomisionado recalca que este punto se instaló durante las últimas sesiones de la comisión, dejando sin margen la propuesta de otros mecanismos que sellaran por completo la restitución.

Para él, la salida que votaron sus pares llega a ser una copia de lo que existe actualmente: “Si abres el proceso en unos años más, vuelve la presión hacia la tierra, a su compra. Finalmente el problema no se cierra; yo entré con la convicción de que hay que cerrar la compra de campos”.

Pero según defienden los otros siete comisionados que votaron a favor del texto, este será un proceso único que no se repetirá.

Y aunque el texto tuvo un apoyo mayoritario -pero no unánime, como se había acordado inicialmente- las aprensiones durante la discusión también se enfocaron en que el nuevo sistema establece que para acceder a la restitución de tierras, en ese plazo de 4 años las familias no podrán haber crecido más de un 5%. Es decir, si en principio se tenían solo 40 familiares, para pedir actualización de la restitución solo se aceptará hasta un total de 42 familiares.

Por eso es que para quien fuera copresidente de la comisión, el exministro Alfredo Moreno, la propuesta viene a limitar los tiempos de restitución, en comparación al sistema actual, además de sus beneficiaros.

“La ley no determina los beneficiarios, mientras que la propuesta actual busca determinarlos con claridad para así resolver el problema mucho más rápido con tal de evitar la frustración y las dificultades que generan entre el Estado y los mapuche por este sentimiento de que no les cumple”, dice a este medio.

Asimismo, sostiene que con esto se busca limitar el gasto del Estado y, por consiguiente, limitar la presión sobre la tierra y, sobre todo, limitar el conflicto entre propietarios y comunidades mapuche”.