De acuerdo con cifras de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, 14% de los integrantes de las 28 bandas vinculadas a encerronas, portonazos y turbazos que han desbaratado el último tiempo son adolescentes. Una de esas organizaciones fue detenida por su vinculación con el robo con homicidio que terminó con la vida del niño de 12 años Alejandro Águila.

El trágico hecho generó indignación y reflotó el debate por una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Aunque el foco del gobierno está en aumentar las sanciones, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, insiste en que hay que abordar la problemática de manera más amplia y con atención a que cuando se trata de adolescentes, las penas deben ser diferenciadas de los adultos.

Hay alarma por la participación de adolescentes en diversos delitos. ¿Qué muestran las estadísticas?

El porcentaje de adolescentes en delitos es bajo. Son alrededor de 8.000 adolescentes que ingresan año a año al sistema. De ellos, alrededor del 75% cometen sólo una falta. Es decir, un 25% son reiterativos. Ese es el universo problemático. Alrededor de 2.000 adolescentes que son refractarios al sistema, y los delitos que más se cometen son delitos de violencia intrafamiliar, en la misma proporción que en el caso de los adultos.

¿Cómo funciona hoy el sistema?

En función de la discusión que han dado tanto las autoridades como los expertos en la materia, es evidente que el sistema ha fallado en la interrupción de las carreras delictuales de los adolescentes. Y hablo del sistema en general, del Estado, porque también esto se ve en otras tareas que le corresponden al Estado, como es, por ejemplo, la garantía de educación, porque la deserción escolar se incrementó mucho en pandemia, el consumo problemático de drogas, entre otras. Entonces, como dijo el ministro Arrau en la declaración a propósito del fallecimiento del niño de San Bernardo, pareciera ser que el Estado ha fallado en esto. Lo que uno observa es que el fenómeno apareció y se incrementó exponencialmente en los últimos años.

¿Qué le parece aumentar las penas a adolescentes y equiparar en casos graves las sanciones a las de los adultos?

Es que no son adultos. ¿Qué teníamos antes de la ley? Jóvenes menores de 18 años que no respondían penalmente por sus actos, pero que, sin embargo, podían ser objeto de medidas de protección. Pero eso cambió y se asumió que cuando una persona adolescente comete delitos, lo hace con todas las características propias de la adolescencia, y se estima que no es razonable aplicarle una sanción igual a la de un adulto. Se buscaron entonces ciertas ecuaciones. Todo esto ha ido evolucionando. Y obviamente, con la realidad que tenemos hoy día, una pena de 10 años por la muerte de un menor de edad, con ocasión de una encerrona, como el terrible caso de San Bernardo, parece una pena difícil de explicar a la sociedad.

¿Pero le hace sentido la idea de equiparar penas en casos más graves?

La opinión que ha planteado la Fiscalía es que debe existir diferenciación de penas cuando hablamos de adolescentes. El quantum de la pena es una cuestión que podría revisarse, pero el sistema funciona sobre la base de una diferenciación.

¿La solución podría pasar sólo por un aumento de penas o también hay que mirar cómo se aplica la ley y tener un abordaje más amplio?

Sinceramente, no creo que alguien piense que esa puede ser la única solución. Hay problemas urgentes y problemas importantes. Los urgentes se están atacando por esta reforma, pero yo no he escuchado a nadie que diga que esta es la solución. Este es un problema mayor y por eso es que uno observa que la autoridad está tratando de tener una mirada más omnicomprensiva del asunto. Tampoco creo que la ley se esté aplicando de forma incorrecta.

¿Se debe acompañar esto de un robustecimiento de los mecanismos de reinserción?

Evidentemente, y también respecto de los adultos. La reinserción es un concepto que está inserto en el cumplimiento de las penas. Es un desafío permanente. Yo no creo que uno deba abandonar aquello, porque si no, sería reconocer que la única posibilidad de controlar la delincuencia es privar a las personas de libertad el mayor tiempo posible. Y la evidencia desde el derecho penal demuestra que eso no es así. Pero los planes de reinserción no debieran ofrecerse como fórmulas que permitan reducir condenas.

Hay una propuesta que apunta a que cuando un joven cumpla los 18 años continúe el cumplimiento de la pena en una cárcel común. ¿Qué le parece?

Lo compartimos, porque lo importante es que este adulto no comparta con otros adolescentes. No está solamente pensado para el mayor de 18 años, está pensado para los otros que quedaron ahí y que siguen siendo menores de edad.

¿Cómo se evita que esa persona de 18 años no se mezcle con delincuentes más avezados?

Es un problema que tendría que resolver la autoridad penitenciaria. Hay que tener sistemas de segregación que correspondan. Yo tengo la impresión de que todo el régimen de cumplimiento es una cuestión progresiva. La persona debería ir pudiendo mostrar avances en su proceso de reinserción. Y en la medida en que tenga o no avances, se le darán mayores o menores espacios de libertad.

¿Debería quedar expresamente en la ley que los delitos cometidos como adolescente deben ser considerados en los antecedentes cuando una persona adulta comete delitos?

Por supuesto. No observo por qué no debería ser así. Habitualmente eso ocurre, aunque ha habido casos en que no se considera. La mejor solución es que se diga expresamente que se considera. Si no, ¿cómo vamos a lograr cortar las cadenas delictivas?

¿Cómo analiza el proyecto de ley de responsabilidad parental, en que los padres también pudieran responder por los actos de sus hijos?

Los padres respondemos civilmente por los actos de nuestros hijos. Sin discusión. Pero la responsabilidad penal, obviamente, siempre es personal. No se debe obviar, en todo caso, que hay adolescentes que cometen delitos que están en situación de calle, de abandono, y han sido recogidos, como dicen ellos, por otros adolescentes que también cometen delitos.