La ministra de Educación, María Paz Arzola señaló que desde su cartera se está estudiando la posibilidad de hacer una pausa en torno a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para poder evaluar qué cambios se requieren.

En conversación con el programa Estado Nacional del canal TVN, Arzola recalcó que existen muchas variables que influyen en la decisión de avanzar con la transición a los SLEP o mantener la educación por más tiempo a cargo de un municipio. “Acá lo que importa es el bienestar de los niños”, indicó.

En esta línea, la cabecilla del Ministerio de Educación (Mineduc) comentó que se ha reunido con cerca de 70 alcaldes, lo que le ha permitido ver realidades y situaciones muy diferentes entre sí. “Solución única, fácil, simple, no existe, y en este tema especialmente”, enfatizó.

Así, Arzola mencionó que desde su cartera están analizando el tema de la manera “más desprejuiciada posible” y con las diferentes variables puestas sobre la mesa, atendiendo la urgencia. Sobre la base de esto, señaló que tomarán una determinación “que no va a ser una solución única para todos”.

Consultada sobre su postura en torno a la modificación de la ley para los SLEP y sobre el eventual traspaso desde los establecimientos municipales, fechado hasta el 2030, la secretaria de Estado resaltó el nexo entre la decisión y la consideración por el bienestar de los niños y la educación.

“Si es un municipio el que está administrando y lo está haciendo bien, si tienen voluntad, están poniendo recursos propios incluso y están teniendo buenos resultados, entonces se está cumpliendo el objetivo. Ahora, es cierto que hay una ley. Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir, y nosotros sabemos eso”. Por lo mismo, la ministra señaló que están realizando un análisis para delimitar una propuesta y centrar en algo concreto la discusión.

“Lo que queremos hacer es evaluar la posibilidad de hacer una pausa para poder hacer una evaluación de medidas que nos permitan mejorar lo que venga, y dentro de esa evaluación y de ese plan de acción puede ser que se decida que se postergue o que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó.

Desafíos en el Mineduc

Consultada por su aterrizaje en la cartera de Educación y las dificultades presentes allí, la secretaria de Estado comentó que las materias financieras son un factor “más difícil de lo que uno creía”.

“Darse cuenta de que teníamos un presupuesto que no necesariamente respondía a las necesidades, y tuvimos que hacer un ajuste presupuestario que hemos trabajando con mucha seriedad y responsabilidad”, sostuvo.

La autoridad de Educación afirmó que, en la línea de hacer viable el plan del Ejecutivo se encuentra la revisión en la asignación de todos los beneficios “porque acá el objetivo es hacerlos sostenibles, que lleguen a la gente que deben llegar”.

Además, durante la conversación, Arzola hizo ahínco en cómo la burocracia perjudica a la educación en Chile. Así, señaló que existe una cantidad importante de material, orientaciones e instructivos emanados desde el Mineduc hacia los recintos educacionales que los recarga y los hace perder el foco.

“Nosotros queremos cambiar el trato del Ministerio: ser un facilitador y no un obstáculo, para todo lo que pasa ahí, donde pasan las cosas, que es la sala de clases”, explicó. De esta forma, la jefa del Mineduc recalcó la importancia de otorgarles más autonomía y espacio a los establecimientos, y permitirles poner el foco en la educación y el aprendizaje “y no en llenar formularios, en tener que estar generando evidencias de los protocolos que están cumpliendo, porque eso al final es lo que está entorpeciendo que se lleve adelante el proceso como debería”.

Escuelas Protegidas

En la instancia, la ministra Arzola también abarcó el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que apunta a reforzar las herramientas en los establecimientos educacionales frente a situaciones de violencia.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, ha sido recipiente de cuestionamientos desde la oposición. Entre otros elementos, contempla la revisión de mochilas de los estudiantes en el ingreso de los establecimientos e incluye la posibilidad de restricción al acceso a la gratuidad en la educación superior para individuos condenados por delitos graves vinculados a violencia escolar.

“Nadie quiere que haya que revisarle las mochilas a los niños, eso por supuesto que no estaba en el programa de Gobierno. Pero es necesario, estas son situaciones que están ocurriendo y que hoy día necesitamos poder entregarles herramientas para, de alguna manera, permitir que el espacio escolar sea realmente ese espacio sagrado que tiene que ser, en que la violencia quede afuera”.

En torno al financiamiento de “Escuelas Protegidas”, la secretaria de Estado manifestó que “acá no hay nada que financiar, esto no es necesariamente un mayor gasto, acá son nuevas herramientas que se ponen a disposición para que aquellos establecimientos a los cuales les haga sentido puedan incorporarlas en su reglamento interno de la manera en la que a ellos les haga sentido. La idea no es imponer nueva burocracia y nuevas obligaciones”.

Explicó también que esta iniciativa busca formalizar una herramienta y atribuciones que no están normadas. Además, mencionó que apunta a entregar herramientas para formalizar prácticas para enfrentar los hechos violentos y para entregar más facultades a los equipos en los reglamentos internos.