Nueve personas fueron detenidas en un operativo policial, el cual buscó desarticular un clan familiar, el cual defraudó al fisco en casi $ 800 millones.

El operativo fue llevado a cabo durante la jornada del lunes por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI, en cuatro regiones del país, logrando además la incautación de vehículos y otras especies.

La investigación, que se inició en 2023, indaga a un clan familiar el cual durante los años 2021 y 2022 se dedicó a defraudar de manera reiterada al fisco a través de la presentación de documentación falsa ante el Servicio de Impuestos Internos.

Según fue dado a conocer, la agrupación era liderada por Carlos Altamirano Calisto (50), contador y asesor financiero y por Luchiano Giannini Altamirano (41), primo del primero, cuya función principal era la de “reclutador”.

Entre ambos armaron un esquema, el cual involucró en una primera instancia el reclutamiento de más de 60 personas para utilizar sus identidades y claves tributarias en la presentación de formularios falsos. Posteriormente, se reclutaron otras 150 personas, dando un total de 213 individuos que fueron captadas por la organización.

Es así como entre los años 2021 y 2022, el clan obtuvo devoluciones por montos cercanos a los 800 millones.

Según detalló el fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, “de las 10 personas que estaban con orden de detención se logró la detención de 9 de ellas, quienes van a ser formalizados hoy día por diversos ilícitos”.

Por su parte el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas, señaló que “van a ser formalizadas por organización criminal, lavado de activos, la obtención de impuestos, la obtención de devolución de impuestos de manera fraudulenta y también por el delito de falsificación de documentos”.

Cómo operaba el clan familiar

De acuerdo a la información policial, los responsables les solicitaban el RUT y clave única a las personas que reclutaban bajo el pretexto de un “negocio legal”, que buscaba recuperar devoluciones que las grandes empresas supuestamente no podían aprovechar.

Es así como les instruían que una vez recibida la devolución les transfieran la mayor parte del dinero a la cuenta de su empresa.

Para logar su cometido, la organización usó poderes notariales, supuestamente otorgados ante un notario público, para actuar a nombre de una empresa. Sin embargo, dicho notario, a la fecha de la certificación de la documentación, se encontraba fallecido.

De igual forma, emitieron facturas por trabajos no realizados y falsearon la información que entregaban al SII.

A raíz del operativo además se logró el congelamiento de más de 50 productos bancarios, principalmente cuentas, pertenecientes a los imputados.