La subsecretaria Pilar Giannini dice que está acostumbrada a trabajar en ambientes masculinos. Desde que llegó a Seguridad Pública, eso se intensificó, ya que es casi la única mujer de esa repartición.

“Acá hay tecnicismo, somos personas preparadas. No estamos improvisando. Hay una trayectoria larga, por lo menos en mi caso, en materia de seguridad”, dice.

Giannini entra de lleno a abordar la reforma constitucional del gobierno y la agenda de seguridad. Dice que está convencida de que es necesario darle a la seguridad pública “la mayor importancia y un rango constitucional”.

Hay quienes sostienen que eso es innecesario, porque la seguridad nacional es un concepto que también puede incluir la seguridad pública.

Usted lo dijo, puede. Esa discusión sí la tenemos que tener, porque eso habilita y entrega distintas herramientas para distintos actores que tienen distintos roles.

¿Cómo responde a quienes critican que las FF.AA. se sumen a funciones de seguridad pública?

Es distinto el control de orden público que enfrentar el crimen organizado. Esa distinción es importante. Ya han existido coordinaciones previas con las FF.AA. Ya en el gobierno del expresidente Piñera hubo un decreto, el 265, que establecía la colaboración entre las FF.AA. y las policías. Eso pasa en Colombia, eso puede pasar en Chile, eso pasa en La Araucanía.

Si esa colaboración ya existe vía decreto, ¿para qué el cambio constitucional?

Pero el estado de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe es distinto a uno de seguridad pública. Tenemos una institucionalidad del siglo XX y estamos enfrentando un problema del siglo XXI.

¿Faltó trabajo prelegislativo para esta reforma?

Siempre los proyectos se pueden arreglar y mejorar en el Parlamento, es parte del debate democrático. Es muy esperable que haya diferencias en democracia.

¿Esperaba que esos cuestionamientos vinieran de la propia derecha?

Van a venir siempre de todas partes.

La seguridad siempre ha sido una agenda que divide a la izquierda y une a la derecha, pero esta reforma generó el efecto contrario. ¿Esa es la demostración de que esta reforma no era el camino?

Son diferencias en la reforma constitucional. Tenemos más de 30 proyectos priorizados en la agenda legislativa. Es absolutamente esperable que en uno de todos esos proyectos tengamos disenso.

Pero es un hecho que la reforma del gobierno dividió a su sector.

En el debate democrático del Congreso cada vez habrá más puntos de encuentro y se va a lograr un consenso.

¿No cree que esta reforma abre un riesgo de crear normas que si son utilizadas por autoridades irresponsables pueden generar efectos antidemocráticos?

No veo un riesgo en denominar la seguridad pública como un deber del Estado. No veo el riesgo de que definamos organizaciones criminales que efectivamente actúan, están operando y que hoy día no podemos perseguir con las herramientas que necesitamos para darle tranquilidad a la población. No veo riesgo en declarar un estado de excepción constitucional cuando es una herramienta que ya se usa en nuestro marco jurídico, pero con una nueva tipología. Son cosas que van en virtud de mejorar la institucionalidad para darles protección a las personas.

¿No ve el riesgo de que un presidente pueda decretar por ocho meses un estado de excepción con todas las facultades que entrega la propuesta de gobierno?

Las facultades que están propuestas ya están en los estados de excepción constitucional existentes.

Está haciendo referencia a casos de guerra exterior.

No, a lo que voy es que la posibilidad de aplicarlo está en nuestro marco constitucional. La interceptación de telecomunicaciones tiene que ser aprobada nuevamente por el Parlamento en el caso de que se quiera renovar el estado de excepción.

Pero recién después de ocho meses. ¿Le parece razonable?

¿Qué derecho vamos a poner sobre la seguridad? ¿En un barrio tomado por el narcotráfico vamos a preferir no escuchar a esas personas por el deber de proteger la privacidad? Tenemos que poner la seguridad al mismo nivel que el derecho a la libertad. Sin seguridad no podemos tener libertad. Estamos hablando de medidas extremas, para situaciones excepcionales, que se tienen que aplicar correctamente y en una situación ultranecesaria.

¿Cuál es la utilidad del registro de organizaciones criminales? El país ya penaliza al menos cinco tipos distintos de asociaciones para cometer delitos.

El Ministerio Público, que hace una gran labor y es un gran aliado en el sistema de seguridad, tiene que probar cada vez la existencia de la organización, luego de que la persona imputada es parte de su organización. Esto ayuda, por ejemplo, a que ahora no tiene que probar la existencia de la organización. La organización ya existe.

¿Defiende la posibilidad de que los condenados por crimen organizado y terrorismo no puedan acceder a beneficios sociales, como la salud?

La discusión ahí es si los condenados por crimen organizado o conductas terroristas tienen diferencia respecto de prestaciones del Estado con recursos públicos de todos los chilenos. La pregunta es si una persona que ataca a otros, que está vinculada al crimen organizado, que está vulnerando la seguridad, el derecho a las personas a vivir en paz, ¿tiene que tener beneficios de todos los chilenos? Prestaciones mínimas siempre van a existir, no se va a dejar de atender a alguien. Se trata de beneficios, no de acceso, esa es la diferencia y la discusión.

¿La ley respectiva debería excluir de eso a los adolescentes? Un joven de 17 años condenado por crimen organizado, con esta inhabilidad de 15 años, queda sentenciado por siempre.

Un joven de 17 años es casi una persona de 18 años y ahí la discusión se complejiza. Yo creo que esa persona sabe qué está haciendo a los 17 años. Una persona de 17 años me la pone difícil, porque para mí es un adulto, que tiene que ser tratado como un adulto, y si comete un delito como un adulto, veo muy difícil la posibilidad de rehabilitarse. La evidencia comparada nos muestra que no tenemos que tomar decisiones en base a la conducta, sino en base al riesgo y el perfil criminológico. Una persona que es parte del crimen organizado es más difícil de rehabilitar que una persona que cometió un delito simple.